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5 - Agosto - 2019
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Estados Unidos ha vuelto a hacer frente al drama inacabable de los tiroteos masivos con decenas de víctimas. Cada año, mueren por armas de fuego en la primera potencia del mundo una media de 34.000 ciudadanos (cifra que incluye los suicidios), cada día, 93. Esta vez ha sido en El Paso (Texas), donde 20 personas han muerto y 26 han resultado heridas este sábado por los disparos de al menos un tirador. A medida que el país se recupera de cada una de estas pesadillas, políticos, ciudadanos, instituciones, medios de comunicación y asociaciones de todo tipo reabren el eterno debate sobre cómo regular el acceso y posesión de armas de fuego, un derecho que protege la segunda enmienda de la Constitución estadounidense.

Desde la matanza de la escuela de secundaria de Columbine (Colorado), dos de cuyos estudiantes asesinaron a 12 condiscípulos y un profesor, estos han sido algunos de los momentos clave en el debate y las reticencias políticas a aprobar reformas legales que restrinjan la facilidad de comprar y portar armas de fuego:

1999. Por un único voto, el Senado aprueba la obligatoriedad de que las armas fabricadas a partir de ese año en adelante deban disponer de mejores seguros en los gatillos. La ley, aprobada con mucha división tan solo un mes después de la matanza de Columbine, también reforzó los requisitos necesarios para comprar un arma en ferias de armamento.

2004. El Congreso rechaza renovar la ley que prohibía la venta de armas militares, incluidas las semiautomáticas, al público. Durante el periodo en el que estuvo vigente esa norma (entre 1994 y 2014), aprobada por el Gobierno del demócrata Bill Clinton, descendieron las muertes por armas de fuego. El AR-15 figuraba entre las armas prohibidas con esa legislación.

2008. El Tribunal Supremo falla por primera vez a favor —cinco votos a cuatro— de reconocer que la segunda enmienda permite el derecho de los ciudadanos a portar armas. Pese a que durante años el silencio de los magistrados de la más alta institución judicial del país había sido interpretado como un aval a ese derecho, solo entonces se reconoció de forma explícita. Ese mismo año, el presidente republicano George W. Bush firma una ley que exige una investigación previa para comprobar si el comprador de un arma ha sido diagnosticado de alguna enfermedad mental. Sin embargo, esta norma no tiene en cuenta que muchos atacantes, pese a sufrir enfermedades de ese tipo, no han sido tratados.

2012. Tras la masacre de Newtown (Connecticut), en la que murieron 20 escolares de primaria, los líderes del Partido Demócrata apuestan con fuerza por regular la compra de armas. Pedían mayores controles y requisitos, como exámenes psicológicos o el repaso detallado del historial delictivo del comprador. Los esfuerzos fueron rechazados por la Cámara de Representantes, donde los republicanos tenían entonces mayoría. Tras su oposición se encontraba, y se sigue encontrando, el todopoderoso lobby de la Asociación Nacional del Rifle, que financia campañas y contribuye a las iniciativas de un buen número de parlamentarios conservadores a cambio de su defensa de la segunda enmienda. “La única cosa que frena a un hombre malo con un arma es un hombre bueno con otro arma”, defendió.

2017. Una semana después de la matanza de Las Vegas, la senadora demócrata Dianne Feinstein presentó un proyecto de ley para prohibir la venta de armas hasta que no se haya completado la revisión del historial del comprador. Actualmente, si esta investigación tarda más de 72 horas, los establecimientos tienen permitido vender el arma, aunque no hayan finalizado las pesquisas.

2018. Estados Unidos asistió asombrado en marzo del año pasado al poderoso clamor contra las armas de las marchas multitudinarias en todo el país. El activismo enérgico y desacomplejado de los jóvenes de la escuela de Parkland (Florida), atacada en febrero, con 17 muertos, logró sacar a las calles a una masa diversa en edad, raza y valores. El movimiento contra la epidemia de violencia armada consiguió su mayor movilización en años y, sobre todo, no lo hizo liderado por políticos u organizaciones de presión consolidadas desde hace tiempo.

La perversa idea detrás de la matanza de El Paso (Texas, EE UU), de confirmarse oficialmente la autoría del manifiesto racista supuestamente publicado por Patrick Crusius antes de actuar, es de una devastadora simpleza: matar a hispanos para detener una supuesta invasión del país. La Fiscalía investiga la masacre como un acto de terrorismo y sopesa presentar cargos por delito de odio. En medio del duelo por las 22 víctimas mortales, hay quienes no han querido ocultar su furia hacia el presidente Donald Trump, que lleva azuzando el miedo a la inmigración desde que llegó a la Casa Blanca hace dos años y medio y que ha utilizado él mismo la palabra “invasión” para referirse a la ola de familias centroamericanas solicitantes de asilo que llegan masivamente a ciudades fronterizas como El Paso. Un reportero preguntó a Beto O’Rourke, candidato en las primarias del Partido Demócrata, oriundo de El Paso y excongresista por la ciudad, si la matanza podría tener que ver con el presidente Donald Trump, “sus tuits supuestamente racistas y su retórica”. “Sí”, respondió O’Rourke. También afirmó que consideraba que el presidente de Estados Unidos es un "nacionalista blanco". “Hemos visto un aumento en los crímenes de odio cada uno de los tres últimos años, durante una Administración en la que tienes a un presidente que llama a los mexicanos violadores y criminales. Aunque los inmigrantes mexicanos cometen delitos en un porcentaje menor que aquellos nacidos en el país, ha tratado de hacer que tengamos miedo de ellos”, aseguró. “Es un racista y aviva el racismo en este país. Y eso no solo ofende nuestras sensibilidades. Cambia fundamentalmente el carácter de este país y lleva a la violencia”. El senador de Nueva Jersey y también precandidato a la presidencia, Cory Booker, fue más lejos y afirmó que Trump era "el responsable" de lo sucedido. "Cuando tienes al presidente de la oficina moral más alta de nuestra tierra hablando de 'invasiones' e 'infestaciones' y 'países de mierda'. Ese tipo de cosas que salen de su boca dañan el tejido moral de nuestro país. Él es responsable", sostuvo el demócrata y agregó: "Es responsable porque no ha tomado medidas para condenar la supremacía blanca".

El autor del manifiesto, que utiliza el concepto de invasión, frecuente en la retórica trumpista, parece anticipar que los dedos acusadores se dirigirían al presidente una vez cometida la masacre. Sus opiniones sobre la inmigración, asegura el autor del manifiesto, “son anteriores a Trump y a su campaña por la presidencia”. Trump no ha valorado hasta ahora los posibles motivos racistas del asesino de El Paso, ni ha respondido a las críticas de los demócratas, en los seis tuits que ha dedicado a una matanza a la que se refiere como “no solo trágica, sino un acto de cobardía”. El jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, defendió al mandatario, asegurando que los tiroteos no tienen que ver con razones de origen político. “Me parece inapropiado hacer esa conexión. Estas son personas enfermas", afirmó Mulvaney en una entrevista en ABC. "El presidente está tan triste y tan enojado como ustedes". Más candidatos demócratas se sumaron a las críticas al presidente por alimentar el odio. “El nacionalismo blanco es el mal, está inspirando a la gente para cometer asesinatos y está siendo consentido en los más altos niveles por el Gobierno estadounidense. Eso tiene que terminar”, declaró el candidato demócrata Pete Buttigieg. Otra contendiente del mismo partido, Amy Klobuchar, aseguró que “Trump alimenta mucho el odio en este país”. Los candidatos han realizado también llamadas a imponer urgentemente un control a la venta de armas de fuego. Los demócratas llevan tiempo denunciando la agresiva retórica del presidente hacia los inmigrantes que cruzan la frontera de México y sus recientes comentarios despectivos sobre congresistas de color. “No me incumbe, porque mucha gente está de acuerdo conmigo”, respondió el presidente cuando le preguntaron, hace unas semanas, si le preocupaba que sus ataques a cuatro legisladoras demócratas negras pudieran dar argumentos a los nacionalistas blancos. El hecho de que el asesino haya elegido El Paso —a mil kilómetros de su hogar en las afueras de Dallas, Patrick Crusius condujo cerca de nueve horas para cometer su matanza— la ciudad fronteriza por antonomasia, con un 85% de población hispana, tiene un dramático poder simbólico. El Paso constituye junto a Ciudad Juárez (México), de la que apenas le separa una valla fronteriza, una vibrante gran población en el desierto de dos millones de habitantes. Los hispanos están en este lugar desde el siglo XVII, mucho antes que los antecesores de otros ciudadanos que ahora se dicen guardianes que la genuina identidad estadounidense. La llegada a la ciudad de miles de familias centroamericanas en busca de asilo en los últimos meses ha desbordado a la guardia fronteriza y a los servicios de acogida, y ha colocado este lugar en el centro del debate político. La Administración Trump la ha tratado de utilizar como símbolo de esa supuesta invasión que incluye a peligrosos criminales y violadores, y los demócratas denuncian la incapacidad del presidente para responder a una crisis humanitaria.

Patrick Wood Crusius, el hombre blanco de 21 años que mató a 22 personas e hirió a otras dos docenas el pasado sábado en El Paso (Texas), confesó que el objetivo de su brutal ataque, perpetrado con un fusil de asalto WASR-10 (una versión del AK-47) eran los mexicanos. Crusius no ofreció resistencia frente a la policía cuando lo detuvieron tras la masacre en el hipermercado Walmart y rechazó su derecho a guardar silencio, según la información publicada este viernes, basada en los documentos judiciales a los que tuvieron acceso varios medios locales. Desde entonces ha colaborado con los investigadores. El detective de El Paso, Adrián García, sostuvo en una declaración jurada presentada ante un juez el pasado Domingo que el joven se rindió cuando lo arrestaron. “Yo soy el atacante”, dijo a los agentes.

En su confesión, Crusius, acusado de múltiples asesinatos de primer grado, confirmó que había conducido desde su casa en el suburbio de Allen, a pocos kilómetros de Dallas (Texas), hasta El Paso. Un recorrido que lleva unas 10 horas en coche. Antes del baño de sangre, la policía cree que Crusius colgó en Internet un manifiesto que hablaba de una “invasión hispana de Texas” y planteaba: “Si podemos deshacernos de suficientes personas nuestra forma de vida puede ser más sostenible”. El texto promueve la teoría supremacista blanca conocida como “el gran reemplazo”, en alusión a un supuesto plan de las élites europeas para sustituir a la población blanca del continente por inmigrantes del norte de África y Oriente Próximo. Las autoridades están investigando el más mortífero ataque a la comunidad latina en la historia moderna de Estados Unidos como un ataque terrorista doméstico y están evaluando tratar el caso como un posible delito de odio. Muchas de las víctimas tenían apellido latino y ocho eran mexicanos. La frontera que une El Paso (83% de hispanos) con la mexicana Ciudad Juárez es considerada una única entidad metropolitana, binacional y bilingüe de casi tres millones de habitantes. La masacre —que ocurrió horas antes de otro tiroteo en Dayton (Ohio), donde murieron nueve personas— ha abierto un debate sobre la retórica divisoria del presidente Donald Trump. Sus detractores le recriminan que tilde constantemente a los inmigrantes que cruzan la frontera mexicana de criminales y que hable de una "invasión". Algunos precandidatos demócratas incluso han llegado a afirmar que el republicano es un supremacista blanco. Pero Trump no se da por aludido. “Creo que mi retórica une a la gente”, dijo el jueves en la mañana, antes de visitar El Paso, donde no se dejó ver por las calles. En su mensaje a la nación tras las dos matanzas, que causaron 31 muertos en menos de 14 horas, el presidente condenó este lunes el “racismo” y el “supremacismo blanco” y dijo que “el odio no tiene sitio en EE UU”. Además, hizo un llamamiento a la unidad. Pero sus mensajes vía Twitter previos y posteriores no fueron diferentes a su estilo habitual: atacar al oponente.

Uno de los objetivos de Trump ha sido el precandidato demócrata Beto O'Rourke, oriundo de El Paso, quien se ha transformado en el portavoz del dolor de los ciudadanos. “Beto, nombre falso para indicar origen hispano [sic], O’Rourke, que está avergonzado por mi última visita al gran Estado de Texas, donde le aplasté, y está ahora aún más avergonzado por los sondeos que le dan un 1% del voto en las primarias demócratas, ¡debería respetar a las víctimas y las fuerzas de seguridad y callarse!”, tuiteó el martes mandatario. “22 personas han muerto en mi ciudad por un acto de terror inspirado por tu racismo. El Paso no se callará y yo tampoco”, le respondió O’Rourke.

“Es horrible, devastador, ya no puedo ir a ningún sitio sola. Antes nadie decía nada malo de nosotros, todos éramos felices. Pero ahora tengo miedo”, decía Gabriela Macías, de 17 años, tras depositar flores en el memorial contra el horror improvisado estos días en una valla junto a un Walmart de El Paso (Texas), el más cercano a la frontera, escenario el pasado sábado del mayor ataque contra la comunidad hispana de Estados Unidos en la historia moderna del país. Su madre, Blanca Soria, a su lado, sentía lo mismo: “Miedo. Miedo por mis hijos. Van a la escuela, van a trabajar o a divertirse, y yo quisiera que se quedaran en casa conmigo. Este ataque lo ha cambiado todo”.

El sentimiento se repite por todo el país. Miedo, pero también furia, dirigida contra un presidente cuya retórica muchos consideran responsable del clima de odio que ha desembocado en el ataque que dejó 22 muertos en la ciudad que simboliza la frontera y la integración de la comunidad hispana de Estados Unidos. Un colectivo que ha pasado de sentirse invisible a verse en el centro de un envenenado debate político nacional y, desde el fatídico 3 de agosto, a descubrirse en el punto de mira del fusil semiautomático de un fanático que entró a tiros en un hipermercado para combatir “la invasión hispana” del país, utilizando una expresión a la que ha recurrido reiteradamente Donald Trump en sus dos años y medio de cruzada contra inmigración.

“Las palabras tienen consecuencias, y las de este presidente movilizan a los grupos radicales que piensan que los latinos no formamos parte de este país. Este ataque fue motivado por la retórica de Trump. Estamos viendo las consecuencias de las palabras del presidente. Sus mentiras, sumadas al silencio sobre las contribuciones que hemos hecho a este país durante generaciones, incitan a esta violencia. Pero nuestra comunidad va a decir basta. Vamos a salir a votar. Tenemos que organizarnos, saber nuestros derechos, saber qué hacer cuando nos los niegan. Debemos marcar en nuestros calendarios el 3 de noviembre del año que viene, fecha de las elecciones presidenciales, como nuestro cumpleaños. Esto ha sido un punto de inflexión, un detonante para pasar a la acción. Debemos registrarnos para votar, presentarnos para cargos electos, buscar nuestra voz, en la calle y en la política”, opina Sindy Benavides, directora de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, la más antigua organización de derechos civiles de los hispanos en el país.

El ataque ha llevado a muchos latinos a cuestionarse su lugar en la sociedad estadounidense. La población hispana en EE UU alcanzó los 59,9 millones de personas en 2018, y es responsable del 52% del crecimiento de la población total del país en los últimos 10 años. Casi uno de cada cinco estadounidenses es latino. Pero el 60% de los hispanos adultos, según el centro de investigaciones Pew Research, dice haber experimentado discriminación o haber sido tratado injustamente por su raza u origen étnico. La socióloga española Elizabeth Vaquera, directora del Instituto Cisneros de Liderazgo Hispano de la universidad George Washington, en la capital del país, que lleva diez años trabajando con jóvenes latinos sin papeles, considera que el ataque de El Paso puede tener un efecto unificador en una comunidad que es, en sí misma, también diversa. “Fue un crimen de odio contra los hispanos, independientemente de si eran migrantes o no”, explica. “Es el juego tramposo al que ha sabido jugar tan bien Trump: el latino es inmigrante, el inmigrante es criminal, luego el latino es criminal. Por eso pienso que esto puede crear una solidaridad que no era tan palpable antes. Lo que hemos visto en nuestra investigación con familias latinas es que están más estresadas desde la elección de Trump, y ese estrés psicológico no se observa solo entre los inmigrantes. Tenemos datos que demuestran que ha cambiado el comportamiento de esas familias, independientemente de si están aquí de manera legal o no. Se dan cuenta de que es el color de la piel, es el latino como grupo étnico el que está siendo discriminado”.

Los hispanos, según otro estudio de Pew Research, son más dados que otros colectivos a creer en las partes esenciales del llamado sueño americano: que el trabajo duro tiene recompensa y que a cada generación le irá mejor que a la anterior. Pero solo la mitad de ellos consideran que lo han alcanzado y, para muchos latinos, el ataque en El Paso ha supuesto un violento despertar. “Es un momento bajo, desde luego, pero nunca debemos renunciar al sueño americano”, advierte Janet Murguía, presidenta de UnidosUS, organización sin ánimo de lucro que da voz a los hispanos desde 1968. “De lo que se trata es de galvanizar un movimiento alrededor de este ataque. Debemos actuar en tres frentes: primero, cuidar a las familias afectadas y asegurarnos de que salen adelante; después, movilizarnos, combatir el odio y llevar a cabo campañas para votar; y, por último, necesitamos un diálogo entre las comunidades a las que tratan de enfrentar. No limitarnos a hablar entre nosotros mismos. Según nuestras investigaciones, los hispanos apoyan abrumadoramente a candidatos que saben que la diversidad es una fuerza. Y creo que eso lo comparte la sociedad en su conjunto. Somos cada vez más comunidad y tenemos una idea clara de lo que queremos, por eso debemos combatir el retrato con brocha gorda que se hace desde la Casa Blanca”.

El 80% de los hispanos en el país son ciudadanos estadounidenses, un porcentaje que se eleva al 93% entre los menores de 18 años. Sus raíces se hunden en este país desde mucho antes que las de otros pobladores. Por eso duele la identificación del hispano con el inmigrante. “En este país hay 4,37 millones de empresas propiedad de hispanos”, explica Ramiro Cavazos, director de la Cámara de Comercio Hispana de EE UU. “Nuestros negocios aportan 700.000 millones de dólares a la economía estadounidense, y creciendo. Y eso por no hablar de los consumidores latinos y de los empleos. El 80% del empleo que se va a crear en los próximos diez años va a ser creado por empresas cuyos dueños son hispanos. Y estas empresas tienen muchos más obstáculos para contratar con el Gobierno o para acceder al crédito. Las ganas y la capacitación están ahí, pero es difícil cuando la cultura no apoya al mismo nivel a los hispanos que a otras comunidades”. En ese retrato de la comunidad hispana desempeñan un papel importante los medios de comunicación. Pero, según Hugo Balta, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, algo está fallando. “Desafortunadamente, muchos medios en inglés han fallado en su deber de producir contenido que entienda la dinámica cultural de la comunidad hispana, y eso se debe a la falta de inclusión de hispanos en los medios en inglés”, sostiene. “En los medios en español, el contenido sobre inmigración es mucho más sofisticado. Lo que se ve en muchos medios en inglés es bien superficial, historias sin dimensión. Las personas que no son miembros de esta comunidad desarrollan su imagen de nosotros en función de lo que consumen en los medios, y la falta de diversidad produce una representación equivocada”.

Enrique Acevedo, presentador de uno de los noticieros estrella de Univisión, un medio en español que llega al 90% de los hogares hispanos del país, considera que “la frontera es el epicentro de una batalla por el alma del país”. “Estas comunidades fronterizas son el rostro de una América muy diferente a la que representa el presidente y el sector duro del Partido Republicano, que ven la diversidad como una amenaza a su identidad nacional y no como la verdadera explicación de la misma”, defiende. “Trump no apretó el gatillo, pero lleva tiempo apuntando. Por eso nuestro papel es asegurarnos de que los miembros de nuestra comunidad tienen las herramientas para navegar en estas circunstancias. Tenemos un presidente que no habla a nuestra comunidad, y ese papel lo debemos desempeñar todos nosotros”. La visita de Trump a El Paso el miércoles por la tarde, en la que el presidente insistió en los furiosos ataques a sus críticos y eludió cualquier mensaje explícito de apoyo a la comunidad hispana, poco contribuyó a cerrar las heridas. “Este presidente no ha sido muy elocuente en sus palabras en contra de las personas de otros lugares”, admite el texano Nelson Balido, presidente del Consejo de Comercio y Seguridad de la Frontera, y miembro clave del Consejo Consultor Hispano del Partido Republicano. “Empezó mal, diciendo que eran violadores y criminales. Sabemos que no es verdad, y él lo sabe. Los políticos buscan votos, amarrar a sus bases, lo mismo que los candidatos demócratas, que creo que están aprovechando una tragedia para obtener más tiempo en televisión”.

Tampoco contribuyó a curar las heridas el hecho de que, cuatro días después de la matanza, la policía realizara en Misisipi la mayor redada contra inmigrantes en una década, gran parte de los cuales eran hispanos. Las detenciones dejaron a muchos niños en las escuelas sin que sus padres pudieran acudir a recogerlos. “La decisión del Gobierno de hacer esa redada justo después del ataque manda el mensaje de que no piensan en los sentimientos de la comunidad latina”, opina Mónica Ramírez, de la organización Justicia Para las Mujeres Migrantes. “En el campo, en las fábricas, en las casas, las mujeres migrantes sufren a menudo ataques racistas o acoso sexual, y cosas como esta hacen que no se sientan cómodas denunciando. Me preocupan también los niños. Ven esa violencia contra su comunidad, y eso puede causar traumas importantes, un impacto grave durante muchos años. Hay niños que ven lo que pasó en Misisipi y no se sienten seguros. Tienen miedo, y los niños no deben crecer con miedo”. El peso de la comunidad hispana ya se notó en las elecciones legislativas del pasado mes de noviembre, que llevaron al Capitolio a la hornada de legisladores más racial y étnicamente diversa de la historia. Un récord histórico de 29 millones de latinos se registraron para votar, un 12,8% del total del electorado. El 69% de ellos votaron por candidatos demócratas. Pero aún queda mucho por hacer en términos de movilización política, según Héctor Sánchez Barba, del Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano, la principal organización nacional de trabajadores hispanos. “Hay problemas estructurales que hacen más difícil a los latinos votar”, explica. “Hay leyes que complican el registro en algunos Estados, hay más colas en los distritos con mucha presencia latina. Se vota los Martes, y los hispanos somos una comunidad de trabajadores. Pero yo viajo por todo el país y veo la euforia en nuestra comunidad por participar. El Paso representa la culminación de algo que ha venido fraguándose desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. Pero supone también un basta ya. No vamos a dejar que esto siga. Nunca vamos a permitir que vuelva a elegirse a un presidente de la supremacía blanca. Vamos a organizarnos en términos de participación cívica. Acudiremos en masa a votar. Hay chispas de esperanza para una mejor democracia, y eso viene de los latinos”.

En un país aún conmocionado por dos ataques con armas de fuego que causaron un total de 31 muertes en El Paso (Texas) y Dayton (Ohio), el presidente aseguró que cree que podría convencer a los republicanos del Congreso para establecer controles más estrictos en la venta de armas. Pero la historia de Donald Trump en materia de control de armas ofrece motivos para el escepticismo. Antes de que empezara su carrera presidencial, Trump aseguró en 2013 que era partidario de los controles de antecedentes a nivel federal en la compra de armas. Pero dos años después, preparando ya su campaña, cambió de postura y rechazó esos controles porque, dijo, no funcionaban. El año pasado, tras el ataque en una escuela secundaria de Parkland (Florida), que dejó 17 muertos, el ya presidente volvió a cambiar de opinión y dijo que apoyaría “totalmente” el endurecimiento de los controles. Pero a los pocos días, después de una reunión en la Casa Blanca con la Asociación Nacional del Rifle (NRA), volvió a retirar su apoyo a la medida. Ahora, tras las dos matanzas del pasado fin de semana, Trump dijo que no considera que haya “apetito político” para prohibir los rifles de asalto, pero se mostró abierto a endurecer los controles en la venta. Aseguró que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, está “en el mismo barco” y que la NRA se subirá también. Pero el lobby armamentístico ha sido eficaz en el pasado frenando este tipo de iniciativas, y esta semana ha reiterado su oposición. En cuanto a McConnell, lleva meses sentado encima de un proyecto de ley para imponer controles universales que ya ha aprobado la Cámara de Representantes, y esta semana rechazó la petición de los demócratas de interrumpir el receso estival del Senado para legislar de urgencia sobre la materia. Pero aseguró, eso sí, que el tema de las armas será “central” cuando la actividad legislativa se reanude en septiembre. El 61% de los estadounidenses, según una encuesta de mayo, está a favor de endurecer la legislación sobre armas, porcentaje que se eleva al 91% entre los votantes demócratas. Entretanto, desde las matanzas del pasado fin de semana, más de 250 personas más han fallecido en Estados Unidos por armas de fuego.

En 2017, el primer año de Trump en la Casa Blanca y el último año del que el FBI tiene estadísticas, se contabilizaron en Estados Unidos 7.175 crímenes de odio, un aumento del 17% respecto al año anterior, que ya había registrado una cifra más que los anteriores cinco años. El número total de grupos nacionalistas blancos subió casi un 50% el año pasado: de 100 en 2017 a 148 en 2018, según el Southern Poverty Law Center. El número de muertes vinculadas al supremacismo blanco creció también en 2018 hasta las 40, frente a las 17 de 2017. Entre ellos, los 11 fallecidos por el ataque en una sinagoga de Pittsburgh el 27 de octubre, 10 días antes de las elecciones legislativas. Según un sondeo a pie de urna de la CNN, tres de cada cuatro votantes dijeron que la violencia fue un factor importante en su voto.

¿A quién consideran latino en Estados Unidos?

La cantante catalana Rosalía estuvo envuelta en una controversia esta semana tras haber conseguido el galardón al Mejor video latino en los premios estadounidenses MTV Video Music Awards. Aunque en su discurso de agradecimiento la intérprete dejó claro que es de Barcelona, España, hubo quienes criticaron el hecho de que fue reconocida en una categoría "latina". Cuestionaron que Rosalía fuese asociada con la "latinidad" siendo una mujer "blanca y europea".

Es muy probable que los seguidores de la cantante en Latinoamérica se refieran a ella como española. Pero en Estados Unidos hay muchos que la llaman "latina". ¿Quién tiene razón? Es complejo. Pero, en principio, ambas aseveraciones son justificables en Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos define "hispano o latino" como una "persona de cultura u origen cubano, mexicano, puertorriqueño, sudamericano, centroamericano u otro origen español, independientemente de la raza".

El término "hispano" comenzó a utilizarse ampliamente en la década de 1970 cuando una agencia del gobierno, la Oficina de Censo, lo incorporó para denominar al grupo de mexicano-estadounidenses, puertorriqueños y otras comunidades que tenían sus ancestros en los países donde se habla español.

Antes el gobierno simplemente los categorizaba como blancos, un término burocrático. Pero algunos argumentan que "hispanos" no es la mejor palabra para describir a la minoría que representa el 18% de la población y que tiene su origen en América Latina. Por ejemplo, ese término no es adecuado para los originarios de Brasil que residen en EE.UU., cuya herencia cultural está mucho más alineada con Portugal. El término alternativo, latino, "se añadió al censo años después, luego de que algunas personas encontraran que 'hispano' era ofensivo y privilegiaba a los colonizadores (españoles). Latino parecia ser un término más inclusivo, añade. En la actualidad, ambos términos se usan indistintamente por instituciones de investigación y por medios de comunicación.

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