|
Por cada ciudadano de la Unión Europea, se genera
aproximadamente una tonelada de escombros al año. En España
es aún más, según documentos públicos del Gobierno: los residuos
de obra y demolición suponen un 40% de todos los desechos,
entre 10 y 15 puntos más que la media europea. Pero mientras
los españoles, lentamente, asumen su responsabilidad de reducir
y reciclar basura doméstica, el enorme sector de la construcción
todavía no ha abrazado los principios de la economía circular.
Cascotes, ladrillos, marcos de puertas, tuberías, vigas, cables...
Los residuos rebosan en vertederos, normalmente ilegales,
por todo el país. Francia abordó un ambicioso plan
de economía circular y también ha mostrado su preocupación
por los residuos de construcción y demolición (RDC). Lo definió
la secretaria de Estado de Transición Energética y alma del
proyecto, Brune Poirson: “Solo en moqueta no usada se tira
al año el equivalente a un rollo que podría cubrir la ruta
de Lille a Marsella”, unos 1.000 kilómetros.
Esta tragedia económica y medioambiental es
evitable, porque los principales restos de obra —hormigón,
materiales cerámicos y aglomerado asfáltico— son “de los pocos
residuos que se pueden reciclar infinitamente”. Así lo afirma
el ingeniero Pablo Pérez, director técnico del Grupo de Interés
Áridos Reciclados, que engloba a las empresas dedicadas a
valorizar escombros en Andalucía, Galicia y Madrid. Parte
del problema es que en España “no hay cultura” de separar
los residuos en la obra o de realizar demoliciones selectivas.
La alternativa más fácil y más barata, verter desechos mezclados,
es ilegal pero suele salir impune.
Desde el año 2008, un real decreto exige el
tratamiento de todos los desperdicios de obra por gestores
autorizados, empresas que deben priorizar el reciclaje y recurrir
a los vertederos solo en última instancia. “Eso se cumple
en todos los tipos de residuos excepto en los de construcción”,
denuncia Benito García, portavoz del grupo. Fuentes del Ministerio
de Transición Ecológica confirman que España tiene abierto
un expediente europeo de infracción por incumplir la Directiva
Marco de Residuos, debido a la deficiente gestión de los restos
de obra.
Toneladas de escombros acaban en vertederos
ilegales en toda España.
“La realidad hoy es que tan solo una cuarta
parte de los residuos de construcción y demolición en España
acaban en manos de un gestor autorizado”, asegura García.
Esos escombros se reciclan muy eficientemente, llegando a
aprovecharse en torno al 90% para fabricar nuevos materiales
de construcción. Pero las tres cuartas partes restantes de
basura que no llegan a la planta de reciclaje acaban rellenando
antiguos huecos mineros, o en vertederos ilegales que contaminan
montes, valles y costas de la Península. Para las empresas
de reciclaje, “lo más grave y preocupante, porque además de
presunto delito ambiental supone competencia desleal, es la
existencia de vertederos ilegales comerciales, que cobran
por descartar residuos sin ningún tratamiento”.
| Recientemente, Arcodega, la Asociación de Recicladores
de Residuos de Construcción y Demolición de Galicia, denunció
a la empresa MV Gestión por delito ambiental, acusando
a este “gestor irregular” de verter residuos mezclados
y sin tratar en un enorme hueco minero de Lugo. Según
informa La Voz de Galicia, la denuncia sugeria además
“prevaricación por omisión” de las autoridades, que “siendo
conocedoras, evitan actuar para reponer la legitimidad”.
Los denunciantes aseguraron que este caso, junto con el
de una escombrera ilegal en Nerja (Málaga), cercana al
río De la Miel, son dos raros ejemplos de fiscalización,
pero apenas representan “la punta del iceberg” del desastre
que es la gestión de estos desechos en España. |
Para cumplir el real decreto, cada ayuntamiento
debería recaudar una fianza de los promotores o particulares
que solicitan una licencia de obra. El depósito se devuelve
cuando estos certifican la correcta eliminación de sus residuos.
Pero el Grupo de Interés Áridos Reciclados estima que tan
solo un 8% de los consistorios españoles exige este aval.
La Federación RCD, un grupo análogo que defiende los intereses
de gestores de escombros en Castilla y León, Extremadura,
País Vasco y Cataluña, calcula que la cifra apenas llega a
un 5% de los ayuntamientos (al tener en cuenta que País Vasco
y Cataluña, más avanzados en la gestión de residuos, suben
la media española).
Peor aún, la normativa no siempre funciona,
según cuenta Ana Laforga, consultora ambiental independiente
y docente de un curso de gestión de este tipo de residuos
en la escuela de formación ISM. Para una obra de vivienda
o de un pequeño local comercial con presupuesto de medio millón
de euros, la fianza de gestión de residuos podría ser de tan
solo 150 euros. Es una proporción irrisoria del total que
mucha gente “se toma como un gasto más de la obra”, explica
Laforga, aunque matiza que las grandes promotoras sí suelen
ser más respetuosas con el reglamento, “aunque solo sea por
su imagen corporativa”.
Quienes denuncian la desidia de las autoridades
piden también mayores alicientes para el reciclaje. Dado que
la grava, la arena y otros materiales rocosos fabricados a
partir de escombros cuestan lo mismo que los áridos naturales,
los constructores tienden a escoger aquellos que se extraen
de las canteras. Promover el uso de los materiales reciclados
pasa por certificar su calidad e incentivar su compra, como
ya ha hecho el Ayuntamiento de Málaga, con medidas pioneras
para la contratación de obras públicas.
La Subdirección General de Residuos del Ministerio
de Transición Ecológica asegura que a nivel nacional también
“se ha estado trabajando en medidas que impulsen el consumo
de áridos reciclados”, como la estrategia de economía circular
—en fase de elaboración por el departamento y publicada en
borrador público el año pasado— o la guía para la “rehabilitación
de espacios degradados con residuos de construcción y demolición”.
Desde el sector del reciclaje de estos materiales, sin embargo,
alegan que esto último es “un eufemismo”: no es verdadero
reciclaje, sino “un desperdicio de recursos” ideado con el
único fin de alcanzar los objetivos internacionales de valorización
de estos residuos, fijados en un 70% para el año 2020 por
la Directiva Marco de Residuos.
Estamos lejos de la meta, incluso haciendo apaños.
“En el año 2016 se generaron en España 13.839.038 toneladas
de residuos de construcción y demolición, valorizándose un
54% de estos residuos”, declaran las mismas fuentes del ministerio.
Es un cálculo que no contempla los residuos gestionados ilegalmente.
Y, sin embargo, ahí están: en Lugo, en Nerja, y en el resto
de los vertederos clandestinos de España.
| Algunos restos de construcción, como el amianto, la
pintura o las lámparas fluorescentes, son peligrosos y
contaminantes. Su gestión está regulada, pero existen
vertidos olvidados de los que ninguna administración se
quiere hacer cargo. En el barrio toledano de El Polígono,
la asociación de vecinos El Tajo ha identificado 19 focos
de amianto, y la Consejería de Medio Ambiente reconoce
nueve. Enormes restos del fibrocemento, conocido causante
de cáncer, mesotelioma y asbestosis, yacen allí desde
que la antigua empresa Ibertubo los abandonó a finales
del siglo pasado. “Ahora la administración está actuando,
lo llaman sellado”, dice Gemma Ruiz, presidenta de la
asociación. Pero retirar los restos es un engorro; meramente
se “tapan con tierra”, y hasta ahora “solo un 20%”, estima
Ruiz. |
CATALUÑA.
La Generalitat de Cataluña tendrá que gastarse
hasta 159 millones de euros en limpiar y restaurar la antigua
cantera de arcilla ocupada por un gigantesco vertedero ilegal
con el que Jordi Pujol Ferrusola hizo a principios de la pasada
década un pelotazo de 5,3 millones de euros, según los documentos
consultados por EL PAÍS. La instalación, llamada Vacamorta
y situada en Cruïlles, en el turístico Baix Empordà (Girona),
ocupa una superficie de 15,4 hectáreas y en algunas zonas
los residuos alcanzan los 70 metros de profundidad. Un vaciado
de estas dimensiones —ordenado por una sentencia firme del
Tribunal Supremo de 2014— obliga a retirar 2,9 millones de
desechos y tierras contaminadas. Para ello, serán necesarios
143.000 viajes de camión —a un ritmo de uno cada cinco minutos
durante cinco años—, según el anteproyecto encargado por la
Generalitat.
El destino de los residuos ni siquiera está
claro, ya que el volumen a trasladar llevaría al límite de
su capacidad a los tres vertederos existentes en Cataluña
y quizá sea necesario abrir otro nuevo. Fangos procedentes
de depuradoras y plantas de tratamiento (49% del total), residuos
industriales (27%) y restos de obras (13%) son los desechos
más abundantes en Vacamorta.
No hay precedentes de una operación parecida
tan gravosa en España. Limpiar los lodos de la catástrofe
de Aznalcóllar, por ejemplo, costó a la Junta de Andalucía
apenas 90 millones de euros. En relación con la población
de Cataluña (7,5 millones), el vaciado de Vacamorta tendrá
un coste en fondos públicos de unos 20 euros per cápita.
El anteproyecto estudia cinco alternativas,
aunque solo dos de ellas serían hoy viables —y no sin problemas—
con los medios de la Generalitat, teniendo además en cuenta
que el Gobierno catalán ya está incumpliendo los dos años
que el Supremo fijaba para vaciar la instalación. Esas dos
opciones suponen la salida de Vacamorta de 120 camiones al
día cargados con 20 toneladas de residuos, en 250 jornadas
de trabajo anuales de 10 horas. A este ritmo, serían necesarios
4 años y 10 meses.
La alternativa 1A, con un coste de 159,5 millones
de euros, prevé llevar todos los residuos al vertedero de
Riba-roja d‘Ebre (Tarragona), una instalación a punto de ser
estrenada y situada literalmente en la otra punta de Cataluña
(a 320 kilómetros). Esta opción, además, reduciría la vida
útil del nuevo vertedero de 24 a solo seis años, ya que los
residuos de Vacamorta llenarían casi dos tercios de su capacidad.
La opción 1B, en cambio, divide los residuos
de Vacamorta entre tres vertederos: el de Riba-roja, el de
Tivissa (a 275 kilómetros, también en Tarragona) y el de Hostalets
de Pierola (a 157 kilómetros, en Barcelona). Esta opción,
presupuestada en 146,8 millones de euros, colapsaría en poco
tiempo —15 meses y tres años, respectivamente— los dos últimos,
lo que además bloquearía su uso para las industrias locales.
Ante esta situación, el anteproyecto se inclina
por el plan 1C, que supone la creación de un nuevo vertedero
más cercano a Cruïlles —en un radio de 60 a 80 kilómetros—.
Esta opción, sin embargo, tiene dos problemas que cuestionan
su viabilidad. La primera, admite el propio anteproyecto,
es que retrasaría cinco años el vaciado de Vacamorta —tiempo
necesario para tramitar y construir el vertedero—, lo que
choca con los plazos fijados por el Supremo. A ello habría
que sumar la dificultad de consensuar en la actual situación
política de Cataluña una ubicación que no se tope con una
fuerte oposición social. Esta opción sería la más barata —81
millones—, aunque la estimación no incluye los costes del
nuevo vertedero.
Por último, el anteproyecto estudia otras dos
opciones, las denominadas 2A y 2B, que implican un cambio
radical. Se trata en ambos casos de aplicar la tecnología
denominada llamada “minería de vertedero”: procesar en origen
los residuos para obtener de ellos todos los materiales, como
metales, a los que se puede dar un nuevo uso. Este sistema,
sin embargo, tiene el problema de que es muy lento —llevaría
37 años procesar todos los residuos—, algo que choca con la
sentencia del Supremo y las demandas de las entidades que
han logrado el cierre de Vacamorta en los tribunales, como
la Plataforma Alternativa al Vertedero de Cruïlles (PAAC).
|
El Consejo de Dirección de la Agencia de Residuos de
Cataluña (ARC) aprobó en 2016 subvencionar íntegramente
con 233.700 euros el Consejo Comarcal del Solsonès,
que mejore las instalaciones del centro de tratamiento
de residuos municipales de Clariana de Cardener. Las
mejoras consistieron en adecuar un espacio en el depósito
antiguo clausurado para realizar tareas de minería de
vertedero (Landfill mining); realizar actuaciones de
mejora en obra civil; y adquirir maquinaria para mejorar
los procesos. Esta instalación integra en cada una de
sus fases la promoción de los residuos como recursos
para la producción de materiales que se pueden devolver
a los procesos productivos, para avanzar efectivamente
hacia la economía circular. La ARC, sin embargo, quiso
ir más allá del tratamiento previo de los residuos,
lo que se hace antes de depositarlos en el vertedero.
Por ello ha apostó por un diseño destinado a
posibilitar el desarrollo de la minería de vertedero,
que es el proceso de recuperación de materiales residuales
de los depósitos controlados para un uso posterior como
materiales secundarios y, cuando no es posible, para
su reaprovechamiento energético.
De esta manera, la planta de Clariana fue la primera
del país que experimenta con esta técnica. La implantación
de la minería de vertedero puede significar un impulso
económico para Cataluña, propiciar la creación de puestos
de trabajo, favorecer la reducción de la dependencia
exterior de algunas materias primas, y contribuir a
los objetivos de mitigación del cambio climático, con
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
El órgano de dirección de la ARC también aprobó
destinar 246.300 euros al Consorcio del Bages para la
gestión de los residuos para realizar mejoras en la
planta de tratamiento biológico de Manresa. Esta financiación
permitió instalar una criba rotatorio de doble
malla y un sistema de control de polvo.
|
Pese a los enormes costes económicos y ambientales
del plan, la Generalitat ni siquiera preveia limpiar el vertedero
en su totalidad. El Gobierno catalán interpretó que
la sentencia del Supremo solo la obligaba a retirar los residuos
depositados a partir de 2003. Completada toda la operación,
quedarían en la zona aún más de 330.000 toneladas correspondientes
a los materiales acumulados entre 2000 y 2003, que serían
sellados y cubiertos de tierra. Esta interpretación es rechazada
por la PAAC, la entidad ecologista CEPA y el Ayuntamiento
de Cruïlles, que prepararon unas alegaciones conjuntas al
anteproyecto para exigir al Gobierno catalán el vaciado total
de Vacamorta. La larga batalla legal contra el vertedero de
Vacamorta se prolongó durante 15 años y ha necesitado
de cinco sentencias para que finalmente la Generalitat ordenara
su clausura, el pasado 13 de noviembrede 2015. En la interlocutoria
del TSJC, el alto tribunal también destacó que el informe
de la Agència Catalana de Residus aportado por la Generalitat,
en el que se advertia de las consecuencias ambientales que
tendría la retirada de esos 2,2 millones de desechos, no evidencia
ninguna “imposibiliad técnica” para llevar a cabo el vaciado
del vertedero.
|
El vertedero de Vacamorta era uno de los negocios investigados
por la Audiencia Nacional en el caso Pujol. La Fiscalía
Anticorrupción consideró que Jordi Pujol Ferrusola
—como ya hizo con otro vertedero situado en Tivissa
(Tarragona)— utilizó las influencias que tenía en la
Generalitat y en Convergència (CDC) para sacar adelante
un proyecto que siempre que llegó a los tribunales
se declaró ilegal. La primera vez fue en julio
de 2002, solo dos años después de su apertura y tras
un recurso presentado por la Plataforma Alternativa
al Vertedero de Cruïlles.
Un juzgado de Girona anuló la licencia de actividad
concedida en 2000 por la Generalitat y declaró ilegal
la instalación. Entre otras razones, por estar a solo
400 metros de una urbanización. La sentencia, confirmada
por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC),
ordenó la clausura del vertedero en febrero de 2003.
El cierre, sin embargo, apenas duró un mes y medio.
La Generalitat, apoyándose en un cambio legislativo,
concedió de nuevo la autorización ambiental al vertedero
en abril de ese año. La PAAC volvió a recurrir a los
tribunales y en 2006 el TSJC volvió a darle la razón.
Por entonces, Pujol Ferrusola ya no era propietario
del vertedero. Entre 2003 y 2004, él y sus dos socios
locales habían vendido el 80% negocio a Fomento de Construcciones
y Contratas (FCC) por 13,2 millones de euros.
Oculto en una larga cadena de sociedades instrumentales
que terminaba en la Isla de Man —un conocido paraíso
fiscal— y tras invertir 277.000 euros, Pujol Ferrusola
ingresó con la venta del vertedero 5,5 millones, según
destapó hace dos años EL PAÍS y ha confirmado un reciente
informe de la Agencia Tributaria. FCC gestionó el vertedero
desde entonces y hasta 2014, cuando la Generalitat ordenó
su clausura tras la sentencia firme del Supremo, que
confirmó la del TSJC de 2006.
El estudio de impacto ambiental que acompaña el anteproyecto
del vaciado de Vacamorta revela las grandes repercusiones
para el medio ambiente que tendrá la operación. El estudio
calcula que los trabajos liberarán a la atmósfera “entre
180.000 y 350.000 metros cúbicos de biogás”, formado
en “un 46% por metano”, causante del efecto invernadero.
También destaca que el traslado de los residuos consumirá
hasta 25,7 millones de litros de gasoil y alerta sobre
los “fuertes olores” que los desechos provocarán “en
la zona y las poblaciones cercanas al recorrido de los
camiones”. La conclusión del informe es que la forma
de reducir al máximo el impacto al medio ambiente sería
sellar los residuos y dejarlos donde están.
El vertedero de Vacamorta, en febrero
del 2014, antes de ser clausurado.
|
ZALDIBAR.
Las ventanas de buena parte de los 50.000 vecinos
de los alrededores del vertedero de Zaldibar (Gipuzkoa) permanecen
cerradas desde el estallido de la noticia. El Gobierno vasco
recomendó no ventilar las viviendas, especialmente por las
noches, y evitar hacer deporte al aire libre como medida de
precaución por las sustancias tóxicas que comenzó a emitir
la planta tras su derrumbe. Los expertos insisten en que las
concentraciones no son preocupantes para la salud, pero las
autoridades mantienen las recomendaciones.
El jueves 6 de febrero de 2020 colapsó el vertedero
de Zaldibar (Bizkaia). El lunes 10 el lehendakari, Iñigo Urkullu,
anticipó las elecciones vascas al 5 de abril para no coincidir
con las catalanas. Entonces aseguró que su presencia en la
zona, con dos trabajadores aún sepultados, no aportaba nada.
El miércoles, casi una semana después de la tragedia, acudió.
Y al duodécimo día, pidió perdón. Era demasiado tarde: el
alud ya había entrado en la agenda política.
¿Qué tóxicos se han emitido? Dioxinas y furanos,
ambos pertenecientes a una familia de sustancias que se pueden
generar por la combustión del cloro o materiales que lo contienen,
como puede ser el PVC. ¿Cómo se han producido las emisiones?
La fermentación de la materia orgánica del vertedero produce
metano, que es inflamable. Según Julen Rekondo, técnico asesor
ambiental, este tipo de residuos no debería estar presente
en un vertedero industrial como el de Zaldibar. ¿Cuáles son
los niveles registrados? La concentración habitual de estas
sustancias en el aire es de entre 10 y 50 femtogramos (una
milmillonésima parte de un microgramo) por metro cúbico. La
medición en los alrededores del vertedero era entre 40 y 50
veces mayor. Sin embargo, en opinión de Begoña Jiménez, investigadora
del CSIC, siguen siendo proporciones “muy bajas” y no deberían
ser preocupantes para la ciudadanía.
Imagen aérea del estado en el que quedó la zona
tras el derrumbe.
¿A qué niveles son peligrosos? La Organización
Mundial de la Salud (OMS) no establece niveles seguros en
aire, puesto que la inhalación de estas sustancias es mínima:
supone entre el 1% y el 2% de lo que llega al organismo a
través de alimentos. Jiménez explica que podrían preocupar
proporciones mucho más altas o que estas se prolongasen en
el aire durante mucho tiempo, algo altamente improbable. ¿Cuánto
tiempo estarán presentes las sustancias en la atmósfera? Jiménez
asegura que las muestras que se han analizado son del 10 de
febrero, por lo que es previsible que en la actualidad sean
menores, teniendo en cuenta que los incendios han remitido.
Además, cuanto más lejos del vertedero, más diluidas están,
así que las sustancias tóxicas que respiran los vecinos de
la zona son con toda probabilidad mucho más bajas que las
que se midieron. Pero los expertos no pueden determinar cuánto
durarán estos niveles más elevados de lo normal.
¿Qué efectos tienen estas sustancias en la salud?
Niveles muy altos (mucho más que los medidos) a corto plazo
pueden provocar lesiones en la piel, según la OMS. Una exposición
ambiental prolongada puede causar un rango de dolencias, que
incluyen afecciones al sistema inmunitario, efectos sobre
el desarrollo neurológico, en las hormonas tiroideas y en
la función reproductiva. Afectan especialmente a fetos y neonatos.
Experimentos en animales también han mostrado efectos cancerígenos
en una amplia variedad de tumores. ¿Es preocupante el amianto
que había en el vertedero? En el vertedero había casi 10.000
toneladas de amianto, una sustancia altamente cancerígena,
por lo que los obreros que trabajaban en la zona tuvieron
que tomar medidas de protección especial. Sin embargo, en
las mediciones diarias del Gobierno Vasco no se han detectado
fibras de este material, por lo que “no hay peligro para la
salud”. ¿Están contaminadas las aguas? Se han detectado niveles
más altos de lo normal de amonio, pero “no en una cantidad
preocupante para la salud”, subraya Rekondo. Las dioxinas
y furanos son poco solubles en agua, así que su llegada a
los ríos no es probable.
¿Es beneficiosa la lluvia? Las precipitaciones
ayudan a asentarse a las partículas en el aire, así que en
ese sentido es positiva, pero dificulta los trabajos de las
máquinas y hace más probables los deslizamientos. ¿Cómo se
produjo el derrumbe? Es algo que los técnicos están estudiando.
Rekondo explica que el vertedero funciona desde 2011 y en
nueve años había acumulada la cantidad de residuos prevista
para casi 35. “Este ritmo acelerado pudo provocar que no se
asentasen y se produjese el deslizamiento”, asegura.
|
El término metal pesado se refiere a cualquier elemento
químico metálico que tiene una densidad relativamente
alta y puede ser tóxico o venenoso en concentraciones
bajas. Los metales pesados son componentes naturales
de la corteza terrestre. No pueden ser degradados o
destruidos naturalmente. Algunos metales pesados (por
ejemplo, cobre, selenio, zinc) son esenciales para mantener
el metabolismo del cuerpo humano. Sin embargo, a concentraciones
altas pueden conducir a la intoxicación. El envenenamiento
por metales pesados puede suceder si se consume agua
contaminada con alguno de estos metales, las concentraciones
altas en el aire que estén cerca de las fuentes de emisión,
o la ingesta a través de la cadena alimentaria.
Un estudio científico basado en la presencia
de metales pesados en la ría de Huelva, desveló
la existencia de altos niveles de zinc, cobre y plomo
en las aguas de la ría, además de estar presente en
los sedimentos del lecho del río y estar disponible
en las especies de peces estudiados.
Aluminio:
Aunque el aluminio no es un metal pesado (gravedad
específica de 2.55 a 2.80), que representa aproximadamente
el 8% de la superficie de la tierra y es el tercer elemento
más abundante. Es fácilmente disponible para la ingestión
humana a través del agua potable.
Arsénico:
El arsénico es la causa más común de intoxicación
por metales pesados aguda en adultos. El arsénico se
libera en el medio ambiente por el proceso de fundición
de cobre, zinc y plomo, así como por la fabricación
de productos químicos y gafas. El gas arsano (AsH3)
es un subproducto producido en la fabricación de plaguicidas
que contienen arsénico. El arsénico también se puede
encontrar en los suministros de agua, dando lugar a
la exposición en los mariscos, el bacalao, el eglefino
y algunos otros alimentos marinos, otras fuentes de
exposición son las pinturas, raticidas, fungicidas y
conservadores de la madera.
Cadmio:
El cadmio es un subproducto en la minería en la fundición
de plomo y zinc, en las baterías de níquel-cadmio, plásticas
de PVC, y pigmentos de la pintura, en la fabricación
de galvanizado cuando se fabrican las aleaciones con
el zinc.
Cobre:
El cobre a concentraciones altas puede ser tóxico.
Los efectos de saludo son los siguientes: puede causar
vómitos, diarrea, pérdida de fuerza o, para una exposición
grave, cirrosis del hígado. El cobre hidratado es de
un color azul-verde, se puede observar cuando sale del
interior de las tuberías y aparece en el agua como un
precipitado.
Hierro / Fierro:
El hierro es un metal pesado común en el agua, hay
que tener cuidado en ingestión de suplementos de hierro,
y en la dieta puede envenenar de forma aguda los niños
pequeños. La Ingestión representa la mayor intoxicación
de hierro para las personas porque este metal se absorbe
rápidamente en el tracto gastrointestinal. La naturaleza
corrosiva del hierro parece aumentar aún más la absorción.
Puede causar una mancha de color rojo o marrón oxidado
en los accesorios o ropa y / o al agua dar un sabor
metálico.
Mercurio:
El mercurio se genera de forma natural en el medio
ambiente en la desgasificación de la corteza terrestre
y las emisiones volcánicas. Existe en tres formas en
que encontramos este elemento: mercurio elemental, mercurio
orgánico e inorgánico.
Plomo:
El Plomo es un metal muy blando, se utilizó en las
tuberías, drenajes y materiales de soldadura durante
muchos años, y se prohibió después de descubrir su capacidad
bioacumulativa en el cuerpo humano. A pesar de eso los
hogares construidos antes de 1940 todavía pueden contiener
plomo (por ejemplo, en las superficies pintadas), dando
lugar a la exposición crónica en el hogar. Cada año,
la industria produce alrededor de 2.5 millones de toneladas
de plomo en todo el mundo. La mayor parte de este cable
se utiliza para las baterías.
¿Cómo eliminar los metales pesados? Existen varios
métodos para eliminar estos metales del agua potable:
Intercambio Iónico:
El intercambio iónico es la mejor solución cuando
tienes un flujo de agua considerable, aunque hay que
tener especial cuidado en la selección de la resina,
para que tenga selectividad con el metal pesado que
quiera eliminarse.
Catalizadores de fierro y manganeso; Los catalizadores
de MnO2 sirven para precipitar fierro y manganeso en
presencia de un oxidante fuerte. Aunque este precipitado
de fierro pueda ser un contaminante, tiene la capacidad
de adsrober algunos metales pesados como es el arsénico.
KDF:
El KDF se utiliza a nivel doméstico por fabricantes
de equipos residenciales (En las regaderas por ejemplo),
se utiliza en pequeñas cantidades ya que es un medio
granular un tanto costoso.
Coagulación – floculación:
Es posible eliminar metales pesados con el uso de
agentes coagulantes o floculantes, formando un coagulo
lo suficientemente grande para ser retirado por un proceso
de filtración. Es importante saber que un proceso de
Coagulación – floculación necesita de un proceso extra
de filtración para eliminar el coagulo o flóculo.
Filtración:
Cuando los metales pesados estén suspendidos en el
agua, se utiliza el proceso de filtración para eliminarlos,
aunque es raro que algún metal se encuentre en suspensión,
se pueden utilizar procesos de coagulación – floculación
para aumentar el tamaño del precipitado. Se puede utilizar
la filtración de lecho profundo, filtros por membrana
(microfiltración y ultrafiltración), y filtración por
cartucho.
|
El informe de seguimiento de la calidad del
agua del entorno del vertedero de Zaldibar realizado por la
Agencia Vasca del Agua (URA) desde el derrumbe hasta el pasado
11 de febrero, detectó un aumento de la cantidad de
amonio y presencia de los metales cadmio, níquel y selenio.
Tras la publicación del informe, el organismo, que depende
de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco, quiso
tranquilizar a la ciudadanía sobre la seguridad de beber agua
de grifo: "En la regata de Aixola, donde llega lo que sale
del vertedero" y "con los datos disponibles hasta ahora, el
vertido al río es el equivalente a un vertido de aguas residuales
domésticas", afirmó la URA en su cuenta de Twitter.
"A la luz de los resultados de los exhaustivos análisis y
el estrecho monitoreo, el agua del grifo se puede seguir consumiendo
con normalidad". Las analíticas, realizadas en la regata de
Aixola y en el río Ego, y que corresponden a las muestras
recogidas hasta el día 11, indicaban que el parámetro "más
relevante" es el amonio, característico de los lixiviados—las
partículas que arrastran los líquidos vertidos desde la zona
del desprendimiento—.
Asimismo, se detectó "presencia de algunos
compuestos orgánicos, tales como disolventes orgánicos (BTEX)
e hidrocarburos, aunque su concentración no parece relevante",
sostenia el informe. Entre sus conclusiones, el análisis de
las muestras concluia que "no existe superación de las normas
de calidad ambiental en ninguno de los parámetros analizados
hasta el día 11, último dato disponible, a excepción de los
niveles de amonio en los puntos de toma instalados en la regata
Aixola, aguas abajo del vertedero, donde la superación se
corresponde probablemente con el lixiviado del vertedero".
Asimismo, se detectó amonio en el punto
de toma del río Ego ubicado entre Ermua y Eibar, donde el
contenido en amonio, "más elevado", se debe, según señala
URA, "a las aguas residuales urbanas todavía no recogidas
por el sistema de colectores". La Agencia Vasca del Agua halló
en sus muestras "presencia de algunos metales (cadmio, níquel
y selenio), así como, desde el inicio de los controles, se
ha constatado un incremento del caudal de lixiviado". Sin
embargo, URA considera que, en la actualidad, "se estima que
este caudal es inferior a tres litros por segundo, tanto en
el incremento de la conductividad constatado como del parámetro
amonio hasta el día 11 (último resultado disponible en el
momento de redacción del informe)".
Por otro lado, los equipos de extinción consiguieron
a los pocos días apagar los frentes del incendio en
el vertedero, donde los focos humeantes mantenian en vilo
a 50.000 vecinos de Zaldibar, Ermua y Eibar. El director general
de la Agencia Vasca del Agua (URA), Ernesto Martínez Cabredo,
así lo explicó. Martínez informó que los frentes
más importantes del incendio quedaron "vencidos" y que a lo
largo del siguiente día desapareceria el humo en la
zona, pero advirtió que el fuego y las brasas podrían
reproducirse, como acabó sucediendo. Para evitar mayores
problemas, un retén permaneció en la zona. La extinción
del incendio, que había provocado niveles de furanos y dioxinas
que podían ser nocivos en los municipios de la comarca, facilitó
las tareas de búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos
en el desprendimiento de miles de toneladas de residuos.
Un juez instructor abrió diligencias
previas contra la empresa Verter Recycling 2000 SL, propietaria
del vertedero derrumbado, por un presunto delito ambiental
y laboral. Así lo ha desveló el consejero portavoz
del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, durante la rueda posterior
al Consejo de Gobierno en la que no ofreció más datos
sobre esa apertura de diligencias. Erkoreka afirmó
también que la gestión que estaba haciendo dicha empresa sobre
el derrumbe, en relación con la administración pública vasca,
era "manifiestamente mejorable" en los ámbitos medioambiental
y laboral.
Joaquín y Alberto, 41 días sepultados por basura
en Zaldíbar... y ahora también por el Covid-19.
SOLLANA.
El síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana,
José Cholbi, abrió una queja de oficio con la finalidad
de conocer cuáles eran las medidas que, desde las administraciones
implicadas, se iban a adoptar para hacer frente al vertedero
ilegal instalado en la planta de reciclaje abandonada en el
municipio de Sollana (Valencia), con dos grandes incendios,
el segundo alargado en el tiempo.
Según informó el síndic en un comunicado,
la antigua fábrica "ha ido acumulando a lo largo de los años
todo tipo de residuos de forma incontrolada y podría suponer
un peligro latente tanto para los vecinos como para el Parque
natural de l'Albufera". Por ello, el síndic, "más allá de
las actuaciones que se están llevando a cabo para sofocar
el incendio y minimizar sus consecuencias", se interesó
"por las labores de limpieza de residuos de dicho vertedero,
así como las actuaciones previstas para controlar y actuar
en los suelos, en caso de que estuvieran contaminados y requieran
de una actuación especial".
El defensor valenciano se dirigió al
Ayuntamiento de Sollana y a la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural para solicitarle
información al respecto. Las explicaciones de las dos administraciones
interpeladas llegaron poco después. El Ayuntamiento de Sollana
denunció que el segundo incendio de la empresa abandonada
es consecuencia de la "dejadez" de las administraciones competentes,
dijo el alcalde en funciones, Juan José Martínez, quien informó
de que cuando el Consistorio clausuró la empresa, en 2015,
las instalaciones almacenaban unas 19.000 toneladas de residuos.
Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente informaron de que
la Generalitat abrió un expediente a la empresa en 2014 y
le instó a retirar el material que no era de madera, que era
el tipo de residuos que estaban autorizados a gestionar.
La Generalitat añadió que la empresa
procedió a retirar poco a poco el material informando "puntualmente"
a la consejería del proceso hasta que se produjo la retirada
de la licencia por parte del Ayuntamiento, el posterior precintado
de las instalaciones y la entrada de la firma en concurso
de acreedores. Según Medio Ambiente. tras el primer incendio
de la empresa se utilizó una parcela colindante para depositar
los restos y esperar a que estuvieran listos para retirar.
El dueño de la parcela donde fueron sido depositados los residuos
pidió que fueran retirados, y la consejería quiso tramitar
su traslado, con un coste de unos 800.000 euros.
Mientras tanto, efectivos de bomberos comenzaron
los trabajos de sectorización en el incendio de la fábrica
de Sollana con una pala retro excavadora para separar la parte
afectada de la que no y reducir así el combustible. El viento
sopló en dirección contraria a la población por lo
que no causó problemas al vecindario, como en el caso
de Zaldibar, después de que ayer el Ayuntamiento recomendara
a los vecinos cerrar las ventanas y no practicar deporte ante
un posible cambio de viento. Como la zona afectada está dentro
del parque natural de l'Albufera, todas las operaciones de
los bomberos fueron dirigidas a "la sensibilidad de minimizar
en la medida que sea posible el impacto" en el lago y alrededores.
|
El difícil equilibrio de la Albufera, un entorno único
que cumple 35 años como Parque Natural. La Albufera
de València representa un espacio natural de un valor
medioambiental y ecológico incalculable, pero esa valía
debe compatibilizarse con otros intereses urbanos, económicos
y sociales en un difícil equilibrio que puede amenazar
la vida de un humedal que cumple 35 años como Parque
Natural. Esta laguna de 21.000 hectáreas a 10 kilómetros
al sur de València representa unos de los humedales
más importantes del Mediterráneo, pues por él pasan
cada año miles de aves en sus procesos migratorios pero
también acoge especies de gran valor ecológico y en
peligro de extinción.
|
SESEÑA.
El vertedero de neumáticos de Seseña
comenzó en 2002. “Nosotros no hubiésemos dado la licencia,
fue el Gobierno del señor Bono”, insistió González
Taobada del partido contrario. Creció tanto que sobrepasó
la región y llegó a Madrid, la comunidad vecina. Rodríguez
Taboada calculó que la empresa contratada por el Ayuntamiento
de Seseña para destruir las ruedas tenia tan poca capacidad
que se tardarían “tres o cuatro años en triturar los neumáticos”.
Por eso Madrid era partidaria de rescindir el contrato por
falta de ejecución. Tras el “órdago” a Castilla-La Mancha
para abordar el problema, el vertedero se cerró con
una valla y personal de seguridad vigila que no haya alarmas.
De producirse un incendio, no se podría apagar con agua sino
con tierra.
En 2003, el cementerio de neumáticos fue declarado
ilegal por no respetar las normas medioambientales y los expedientes
administrativos se acumulaban. La empresa que lo gestionaba,
Disfilt SA. constituida en 1990, contaba con cuatro trabajadores
y su especialidad era la fabricación de neumáticos y cámaras
de caucho, además de la reconstrucción y recauchutado de neumáticos.
Una sentencia judicial en enero de 2009 condenó al propietario
por un delito contra el medio ambiente. Desde 2011 no hay
nuevos vertidos y esa empresa no continuó. La relevó Gestión
de Desechos y Ruedas Iberia que tiene los permisos necesarios.
Cruïlles, Zaldibar y Sollana son solo tres ejemplos.
|
La enmarañada historia del mayor vertedero de neumáticos
de España El alcalde de Seseña asegura que un duopolio
que controla el reciclaje de ruedas ha impedido la limpieza
del cementerio.
IÑIGO DOMÍNGUEZ Seseña 13 MAY 2016 - 18:41 CEST
El alcalde de Seseña, Carlos Velázquez (Partido Popular),
habla sobre el vertedero ilegal de neumáticos y los
problemas que genera en la ciudad en una entrevista
para EL PAÍS realizada el pasado 3 de febrero en el
despacho del primer edil. El encuentro se produjo para
realizar el reportaje Seseña, orgullo del ladrillo para
EL PAÍS SEMANAL.
Pregunta. Los vecinos dicen que el vertedero sigue
creciendo porque siguen echando ruedas por las noches.
Respuesta. Son rumores, hablar por hablar. Saben que
hasta hace unos meses, hasta marzo de 2015, se ha estado
trabajando, hasta por las noches, sacando neumáticos
de allí. Quedan en torno a 80.000 toneladas. Hay 10.000
toneladas menos de las que había cuando llegué a la
alcaldía y en 2012 empezamos a sacar neumáticos.
P. ¿Cómo empieza este vertedero?
R. La historia comienza en 1999. Empezó de forma aparentemente
controlada, porque la Junta de Comunidades sí que dio
al propietario original de la explotación, que no es
el de la parcela, permiso para reciclado de neumáticos.
Pero en ningún caso para hacer acopio. Se trituraba
y reciclaba uno y se hacía acopio de, que sé yo, 50.000,
por decir una cifra, es solo un ejemplo. Se han estado
echando sin control hasta 2009. A partir de ahí estaba
cerrado pero cualquiera iba y echaba lo que le daba
la gana, era un lugar muy conocido en la zona sur de
Madrid . Venían con furgonetas por las noches. Hasta
que en 2011 pusimos un vigilante. Al menos pusimos un
tapón, cómo decir, para que no entrara más agua, otra
cosa es vaciar la bañera.
P. ¿Y por qué no se vacía el vertedero?
R. Los competentes en materia de gestión de residuos
son las comunidades autónomas. Nosotros como ayuntamiento
no tenemos competencia. Pero ante la falta de respuesta
por parte de las administraciones, tanto de la comunidad
de Madrid como de Castilla La Mancha, como el ministerio,
en 2012 el ayuntamiento actuó. Y abrimos un procedimiento
para formalizar un convenio con una empresa. Esta empresa,
con todos los permisos, ha llegado donde ha podido,
porque el sector de reciclado de neumáticos es para
un reportaje. Podemos hablar de los sistemas integrado
de gestión (SIG): hay dos empresas que son SL pero funcionan
como grandes empresas que son SIGNUS y TNU que controlan
el mercado. Y a este señor, por ejemplo, le dijeron
que o pertenecía a SIGNUS o a TNU o que no iba a poder
hacer nada, y así ha sido.
P. ¿Por qué paró?
R. Paró porque los costes eran superiores a los ingresos.
El neumático tiene una serie de aplicaciones. Fundamentalmente
y aunque no nos guste, pero es legal, va a incineración
en las plantas cementeras, como combustible. También
va a para reciclado, suelas de caucho, campos de fútbol
de césped artificial, suelo técnico de parques infantiles,
hay tanto que da para todo. ¿Qué pasa? Que lo más rápido
es reciclarlo, y formalizamos un convenio en ese sentido,
para reciclarlo por partes: granulado, chipeado, como
veas, la parte metálica, que tiene mucho, a fundición…
Estas dos empresas tienen plantas por toda España que
trabajan para ellos y hay que recordar que aunque ellos
no lo reconozcan están subvencionados, porque cada vez
que cambiamos un neumático pagamos una ecotasa, un euro
y pico, que va al sistema integrado de gestión. Ellos
tienen la obligación, y se constituyeron por real decreto
de 2005, de reciclar todo el neumático que venden. Los
SIG están formados por todas las productoras de neumáticos
que operan en España.
P. ¿Qué pasó entonces con la empresa contratada por
el ayuntamiento?
R. Esta empresa no estaba en el SIG, y nos dijo que
nos lo hacía gratis, porque todos nos pedían dinero.
¿Qué pasa? Que si vendía a 25 euros la tonelada, pues
llega SIGNUS, se entera y dice a sus compradores: “Ah,
¿le estás comprando a Seseña? Te lo pongo a 15 euros
y si pagas el transporte te lo regalo”. Era imposible
hacer competencia a los SIG. Este pensaba que podía
hacer la competencia, y al final no pudo.
P. ¿Cuál es la situación en este momento, cómo se va
a solucionar?
R. A día de hoy, sobre todo derivado por la comunidad
de Madrid, por las noticias de prensa y de EL PAÍS,
dijeron que por lo menos se hará cargo de su parte.
Tiene un 33%, porque la parte de abajo del vertedero
es de Seseña, pero al acumularse tanto y llegar a la
parte de arriba de la ladera eso ya es Valdemoro. Eso
complica mucho más las cosas, porque tienen que ser
reuniones bilaterales y trilaterales: el ministerio,
dos municipios, dos comunidades, un propietario de la
parcela, otro de la explotación… Hemos tenido reuniones
con la comunidad de Madrid y harán su parte. Obviamente
se trata de que actuemos conjuntamente, porque no pueden
poner allá arriba una planta, tiene que estar abajo.
En las últimas reuniones con el ministerio se trataba
de firmar un convenio entre las partes para, a través
de TRAGSA, que estuvo hace poco con los últimos estudios
y controles, se saque a licitación.
P. ¿Entonces cuándo estará limpio el vertedero?
R. Espero que TRAGSA saque la licitación a lo largo
de 2016. Funciona como medio propio de la administración,
y pueden utilizarla tanto Madrid como Castilla La Mancha,
por lo tanto es el instrumento adecuado para que vaya
todo junto. Luego, tres años para que eso esté limpio.
El convenio que firmamos con aquella empresa era ese,
tres años para limpiarlo, lo que pasa es que se paró.
P. ¿El Pocero tiene algo que ver en esto?
R. No, eso es casi lo único de Seseña que no tiene
nada que ver.
|
Una de las frases que más se repitieron en los
meses posteriores al incendio que el 13 de mayo de 2016 arrasó
con casi con 88.000 toneladas de neumáticos -de las 100.000
acumuladas ilegalmente entre los términos municipales de Seseña
(Toledo) y Valdemoro (Madrid)- es que un siniestro de este
tipo no se volvería a repetir. Al menos así se ha venido reiterando
desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, que asumió la práctica
totalidad de las tareas de extinción del fuego y la posterior
restauración de la parcela. Fue la primera crisis ambiental
a la que tuvo que enfrentarse, al año de su estreno, el Gobierno
de Emiliano García-Page, debido que dos tercios de la parcela
afectaron a territorio castellano-manchego y a que una inmensa
columna de humo y cenizas desató todas las alarmas.
El incendio y su posterior combustión estuvieron
activos 24 días y alrededor de un millar de personas tuvieron
que ser desalojadas de la urbanización ‘El Quiñón’ de la localidad
toledana. Los niveles de contaminación del aire sufrieron
picos alarmantes pero finalmente no hubo que lamentar afectados
de gravedad.
La retirada y gestión de los residuos de las
1.290 toneladas de fracción metálica de los neumáticos finalizó
a los tres meses desde que se extinguiera el incendio. Posteriormente
se retiraron las 9.759 toneladas de neumáticos fuera de uso
(NFU) que quedaron, y se extrajeron las 25.306 toneladas de
cenizas. Según precisaron fuentes del Ejecutivo regional,
todas estas labores se realizaron “cumpliendo con toda la
normativa medioambiental en el proceso”. “Ha sido una recuperación
ambiental ejemplarizante a nivel europeo”, comentó
a eldiarioclm.es el consejero de Medio Ambiente, Francisco
Martínez Arroyo.
¿Cuánto supuso para las arcas públicas? No solo
se trataba de extinguir el incendio, donde el despliegue de
efectivos involucró a toda la administración, sino que también
había que realizar la gestión medioambiental de la zona, altamente
contaminada y afectada. “Desde el Gobierno no se escatimaron
esfuerzos humanos, materiales y económicos”, con un cálculo
total de las actuaciones en Seseña cifrado casi cinco millones
de euros. Actualmente, la zona está "completamente restaurada"
desde que finalizó la actuación e incluso ha favorecido su
revaloración urbanística. No hay que olvidar la zona urbanizada
más próxima es ‘El Quiñón’, la polémica construcción de Francisco
Hernando 'El Pocero' que tuvo Plan de Actuación Urbanizadora
(PAU), y separada del cementerio de neumáticos por la carretera
radial R-4. Se aprobó en 2003, un año después de que el vertedero
comenzara a almacenar neumáticos.
|
El macrocomplejo residencial de Francisco Hernando,
alias el Pocero, es un fiel reflejo del estallido de
la burbuja inmobiliaria, pero también de la recuperación
que experimentó el sector en 2018, al menos en
algunas zonas como Madrid y sus alrededores. De ciudad
fantasma pasó ese año a tener largas listas
de espera de familias para alquilar una vivienda. "Estamos
al 95%, es una barbaridad cómo se ha disparado la demanda,
los pisos vuelan, no duran más de un día publicados
y los alquilamos en el momento" aseguraba entonces Gema
Gordo, agente de Tamcasa, una de las dos inmobiliarias
que sobrevivieron a la burbuja en Seseña.
Alexandre Ratier, arquitecto y autor del estudio del
fenómeno poceril de Seseña, resaltó en la Escuela de
Arquitectos de París "la sorprendente calidad de las
construcciones y el diseño al igual que las zonas más
caras de Madrid. Uno no hace una chapuza y le pone el
nombre de su mujer", recalcó el francés en declaraciones
al diario El País en 2016.
Comenzó reciclando basura y se remangó a la hora de
mezclar el cemento en sus obras. Tras Seseña lo volvió
a intentar en Guinea y fracasó. Además, Hacienda publicó
su nombre en un listado de morosos y se le atribuye
una deuda con el Fisco de 86 millones de euros. El Pocero
ha tenido que vender sus yates y propiedades: "Ahora
estoy arruinado, pero yo soy un inversor al estilo de
los Estados Unidos. Allí se dice que el empresario que
no se arruina tres veces no es empresario".
El alcalde José Luis Martín, que aprobó en un erial
de Seseña (Toledo) la mayor urbanización de España adjudicada
a un solo promotor -13.000 pisos-, se sentaró
en el banquillo por posible prevaricación y por blanquear
presuntamente casi un millón de euros de origen desconocido.
La investigación impulsada por Izquierda Unida constató,
además, que entre él y sus hijos ingresaron por ventanilla
otros 750.000 euros en efectivo entre 2001 y 2005, sin
que se haya aclarado tampoco de dónde salió ese dinero.
Sin embargo, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el Juzgado
consideraron pertinente orientar las pesquisas hacia
el gran beneficiario de la operación, el constructor
Francisco Hernando -Paco el Pocero-, pese a que incluso
en la denuncia que en 2008 presentó el Ministerio Público
se advertían ya «vínculos indiciarios» de un cohecho,
al coincidir las fechas de esos movimientos en metálico
con los principales actos administrativos en favor del
empresario.
|
El aumento de la población en este residencial
fue creciendo en paralelo al número de neumáticos en el vertedero
que muchos de ellos pudieron contemplar desde sus terrazas
durante años. Dos días después del incendio, El Pocero acudió
a la urbanización para prometer a los vecinos que pagaría
una demanda colectiva de todos ellos contra las administraciones,
algo que finalmente no sucedió. Al margen de esto,
la lección aprendida de incendio de Seseña ha ido mucho más
allá de la propia parcela. El Gobierno de Castilla-La Mancha
no quería que este siniestro se volviera a repetir. Anunció
la retirada de estos depósitos de neumáticos de toda la región,
y así se actuó durante esa legislatura en la limpieza
de otros depósitos ilegales de neumáticos fuera de uso que
había localizados en todo el territorio castellano-manchego.
A mediados de 2019 se habían invertido
casi 1,4 millones de euros en la retirada de 4.308 toneladas
de estos otros depósitos que existían en algunas poblaciones
como Argamasilla de Alba, en la provincia de Ciudad Real,
o en Hellín, en Albacete. Ya se habían terminado el
95% de todas las intervenciones previstas, y en lo que quedaba
de abril y mayo se finalizaron en su totalidad. "No quedará
ningún depósito de este tipo de residuos en toda Castilla-La
Mancha”, apuntó el consejero Además, y mientras el
proceso judicial siguió paralizado, pendiente de las
elecciones del 26 de mayo se actualizó la tramitación
parlamentaria del proyecto de Ley de Economía Circular, en
la cual se contemplaba una futura estrategia donde se impondrian
multas y fianzas por la gestión de residuos peligrosos. Era
la respuesta normativa que el Gobierno de Castilla-La Mancha
quiso dar a la máxima de que “quien contamina, paga” puesto
que el dinero recaudado por estas tasas de reinverteria para
medidas medioambientales.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
