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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha cumplido su
amenaza de bombardear sin contemplaciones al Clan del Golfo,
la mayor banda del narcotráfico en el país. El propio mandatario
confirmó este martes en sus redes sociales que había ordenado
la operación militar que dejó nueve integrantes del grupo
armado muertos, uno capturado y trece fusiles incautados en
Segovia, en el departamento de Antioquia, la misma región
que lo había llevado a lanzarles un ultimátum hace poco más
de un año. Es el tercer bombardeo en el Gobierno de Petro,
que los restringió al máximo en el inicio de su periodo, y
el segundo contra el ahora autodenominado Ejército Gaitanista
de Colombia. Los bombardeos militares contra grupos armados
solo volvieron a estar sobre la mesa cuando Petro ya llevaba
año y medio en el poder -siempre y cuando se confirme que
no hay presencia de menores de edad en los campamentos, según
informaron las Fuerzas Militares-. El episodio que provocó
ese giro fue la emboscada en la que el Clan del Golfo mató
a cuatro militares en febrero de 2024, justamente en Segovia.
“Su actividad se ha centrado en las economías ilícitas que
nosotros estamos golpeando”, aseguró Petro en su día. “Si
no son capaces de desmantelarse, como lo hemos solicitado,
serán destruidos por el Estado”, aseguró. La organización
armada más grande de Colombia respondió entonces retratándose
como un “ejército”.
El propio Petro lo ha recordado este martes, al apuntar que
esta misma unidad del Clan del Golfo había participado en
la emboscada y era también la responsable del secuestro y
posterior asesinato de Jaime Alonso Gallego, un reconocido
líder de la región en asuntos de minería ancestral. “Felicitaciones
a las tropas que participaron en la operación”, apuntó el
presidente al final de su mensaje. El nuevo ministro de Defensa,
Pedro Sánchez, el primer militar en ocupar el cargo desde
la Constitución de 1991, agradeció el gesto como un valioso
reconocimiento a policías y militares. “Se afectó un objetivo
militar totalmente lícito, no hubo afectación ni a personas
ni a bienes protegidos por el DIH, las personas que fueron
afectadas son combatientes ilegales en armas, en función continua
de combate y quien se involucra en las hostilidades sufre
las consecuencias”, explicó.
El mandatario autorizó el pasado agosto abrir un “espacio
de conversación socio-jurídico” con el Clan del Golfo, pero
esos acercamientos no se han traducido en otra mesa formal
como parte de la política de paz total, que se propone dialogar
en simultáneo con todos los grupos armados. Por el contrario,
al presidente parece habérsela agotado la paciencia, y las
distintas negociaciones de paz encallan en medio de la desordenada
fragmentación de los demás grupos armados. Todas las semanas
hay noticias relacionadas con las acciones armadas de los
autoproclamados gaitanistas en algún lugar de Colombia. “Presidente
Petro, ahí tiene lo que se consigue cuando se le permite actuar
con determinación a la Fuerza Pública, sin tratar a los bandidos
como angelitos”, reaccionó al bombardeo de Segovia el gobernador
de Antioquia, Andrés Julián Rendón, un feroz opositor del
mandatario. El Clan surgió tras la desmovilización de los
grupos paramilitares en el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
El que había sido su máximo líder, Dairo Antonio Úsuga, Otoniel,
reciclado varias veces en el mundo criminal después de haber
sido miembro de la guerrilla del EPL y de los paramilitares
de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue capturado
en octubre de 2021 y extraditado a Estados Unidos.
Gustavo Francisco Petro Urrego es un político, economista
y actual presidente de Colombia desde el 7 de agosto de 2022.
El entonces presidente Iván Duque (2018-2022), el antecesor
de Petro, lo celebró con grandilocuencia como el “golpe más
importante de este siglo contra el narcotráfico”, que marcaba
el fin de la banda. Se equivocó de plano. Su extradición no
mermó el poder del Clan del Golfo, ahora encabezado por Jobanis
de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo. Por el contrario, se
ha expandido desde entonces. La Administración de Donald Trump
en Estados Unidos se ha debatido incluirlo en su listado de
organizaciones terroristas, de acuerdo con The New York Times,
pero hasta ahora no ha dado ese paso –como sí lo hizo con
seis cárteles mexicanos, el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha–.
Los múltiples acercamientos del Gobierno con el Clan, un
grupo involucrado en todo tipo de rentas ilegales que ha pasado
por varios nombres, nunca han prosperado. Los observadores
coinciden en que tiene una posición dominante en el mundo
criminal. Es responsable de cerca de la mitad de la droga
que ha salido de Colombia en los últimos años, y sus tentáculos
se extienden a ejercicios de control criminal asociados a
la extorsión, la minería ilegal y la captura de recursos públicos
a través de las administraciones municipales. También domina
el tráfico de migrantes por la espesa selva del Darién que
separa a Colombia y Panamá, un tema crítico para Trump. Ha
pasado de contar con unos 4.000 miembros en 2018 a más de
6.000 en la actualidad —una cifra que algunos cálculos elevan
hasta 9.000 hombres—, con intentos persistentes por retratarse
como una “organización político militar”.
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