Como en tantos otros pueblos andinos de Perú, hasta mediados de los años 90 las familias campesinas de Chovinillo, en el centro del país, jamás habían recibido la visita de un profesional sanitario. De ahí la sorpresa de Gloria Basilio al ver cómo dos enfermeras se presentaban en su casa. Acudieron hasta en tres ocasiones y no precisamente para interesarse por su salud, sino para convencerla de que se sometiera a una ligadura de trompas para no tener más hijos. "¿Qué futuro vas a dar a los que ya tienes siendo campesina?", le repetían. Era 1996 y Gloria tan solo tenía 25 años. Confundida, les dijo a las enfermeras que lo pensaría, pero cuando acudieron a su casa por tercera vez, no le dejaron opción. "Tienes que venir sí o sí", zanjaron, y ahí empezó su calvario.

Obligaron a Gloria, y a otras muchas mujeres del pueblo, a subir a una camioneta y las trasladaron hasta un hospital en un viaje interminable de tres horas por un camino de tierra. En ese centro de salud público primero las mandaron a la ducha para después entrar en la sala de operaciones. "Me aplicaron anestesia local y vi cómo me cortaban el vientre con un serrucho, parecía que iban a matar a una vaca. Había dos médicos y dos enfermeras, y yo solo quería correr, pero me amarraron de los brazos y las piernas. Después ya solo recuerdo que me desperté en una sala y, cuando reaccioné a base de cachetazos en la cara, solo pude llorar. Al día siguiente nos volvieron a subir como animales en la misma camioneta. Éramos unas 20 mujeres y el dolor era insoportable, todas gritábamos", recuerda.

Ninguna de ellas volvió a recibir en su casa la visita de un profesional sanitario. Nunca hubo un seguimiento médico pese a las graves lesiones que sufrieron, tanto físicas como psicológicas, y que aún arrastran a día de hoy.

Gloria Basilio es una superviviente, una de las más de 300.000 mujeres que fueron esterilizadas forzosamente en Perú durante el segundo mandato de Alberto Fujimori (1990-2000) en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, una medida con la que el Estado pretendía luchar contra la pobreza. Estas prácticas afectaron principalmente a mujeres de procedencia indígena, con escasos recursos económicos, de zonas rurales y urbano populares. También fueron esterilizados en contra de su voluntad unos 24.000 hombres.

"Se trata de un crimen de lesa humanidad. Vulneraron derechos humanos, derechos reproductivos, el derecho a la planificación familiar, al acceso a una gama más amplia de anticonceptivos, el derecho al consentimiento previo libre e informado y por escrito, tratándose de métodos irreversibles", explica María Ysabel Cedano, abogada de la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).

Fujimori podrá ser juzgado por otra matanza cometida durante su mandato.

En esta política de Estado, continúa Cedano, hubo una cadena de mando donde se ejecutaron órdenes. Un aparato de poder institucionalizado. "Se dio un patrón sistemático y generalizado contra una población civil determinada con conocimiento de la vulneración de derechos". La mayoría de las víctimas de las esterilizaciones forzadas en Perú eran jóvenes, indígenas, pobres y en muchos casos tampoco sabían leer ni escribir. Fueron engañadas, amenazadas, chantajeadas y humilladas. La mayoría operadas en lugares insalubres, sin anestesia general y sin ningún tipo de cuidado posoperatorio. Fueron abandonadas por el Estado.

A pesar de que han pasado 25 años, los responsables de la implementación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar –Fujimori y sus exministros de Salud, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong y Mariano Costa– aún no han sido juzgados. Defienden que el objetivo era reducir la pobreza, pero tampoco lo lograron. De hecho, la situación económica de las mujeres esterilizadas en contra de su voluntad sigue siendo muy precaria a día de hoy y en numerosos casos sus hijos tampoco han podido progresar como consecuencia de todo lo sufrido.

Esta investigación, además, se ha intentado archivar en varias ocasiones, aunque finalmente se logró que el Ministerio Público denunciara ante el Poder Judicial. El proceso judicial se ha dilatado durante años e incluso el pasado mes de enero se suspendió una audiencia contra Fujimori y sus exministros de Salud antes de la posible apertura oficial de juicio por falta de traductores que hablasen variantes del quechua. Esa misma audiencia se celebró el 1 de marzo, de forma pública.

"Solo habrá juicio si la investigación judicial concluye en una acusación del Ministerio Público. El juez ahora tiene que investigar a fondo, averiguar si hubo responsabilidad penal en los promotores de esta política. Queremos que Fujimori, los exministros de Salud y jefes médicos de estos delitos de lesiones graves seguidas de muerte y lesiones graves –en contexto de conflicto armado interno– que configuraron este crimen de lesa humanidad puedan ser acusados y llevados a juicio", aclara la abogada.

"El problema es que no solo nos enfrentamos a una justicia patriarcal, clasista y racista, sino a poderes de facto, a una cultura judicial que debe ser reformada. Se trata de fuerzas políticas que han gobernado el país durante los 80 y 90 y que pretenden seguir gobernándolo", asegura Cedano. Prueba de ello es la fuerza que aún sigue teniendo el Fujimorismo en el país, con la propia hija de Alberto Fujimori, Keiko, como candidata a la presidencia y líder del partido Fuerza Popular. Fujimori, por su parte, cumple desde 2009 una condena de 25 años de cárcel por violación de los derechos humanos durante su gobierno.

Desde las asociaciones que acompañan a las víctimas de esterilizaciones forzadas recuerdan que en Perú aún hay que explicar que estas prácticas atroces "no fueron un mito ni un error" y que las personas afectadas necesitan justicia y reparación. "Todavía escuchamos decir: ‘Pero si fue un cortecito de nada de dos puntos, no sé por qué exageran tanto’, cuando la realidad es que miles de mujeres sufrieron graves infecciones, e incluso muertes, y su salud mental se vio seriamente afectada de por vida. Es increíble la falta de sensibilidad de autoridades, funcionarios y parte de la sociedad civil", lamenta María Esther Mogollón, coordinadora del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas por Esterilizaciones Forzadas (GREF).

El expresidente peruano Alberto Fujimori a su salida de la clínica Centenario de Lima (Perú) a principios de 2018.

Uno de los casos más significativos fue el de Mamérita Mestanza, una campesina indígena que murió en 1998 a consecuencia de una esterilización forzada. Llegó a recibir cerca de 10 visitas de funcionarios del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar hasta que fue operada sin su consentimiento. En 2003 su caso llegó a la Comisión Interamericana de Justicia (CIDH) y el Estado llegó a un acuerdo de solución amistosa en el que se comprometió a indemnizar a sus familiares y a investigar y sancionar a los responsables de estas prácticas. La Fiscalía llegó a archivar el caso en varias ocasiones, aunque finalmente fue reabierto. Los responsables, eso sí, siguen sin ser juzgados.

"¿Pero qué más pruebas quieren?", se pregunta Gloria, como si fuera poco el hecho de que su mente y su cuerpo ya no sean los mismos. Como si fuera poco ese dolor punzante que sigue sintiendo y que prácticamente le impide tener relaciones sexuales. O que su trabajo como campesina se viera seriamente perjudicado al no poder agacharse, por no hablar de las infecciones de ovario, los sangrados frecuentes y el prolapso uterino que padece desde que fue brutalmente esterilizada. Hace ya tiempo que Gloria se trasladó a vivir a Lima tratando de buscar una vida menos dura que la del campo, pero debido a la pandemia perdió su empleo como ayudante de cocina y ahora ni siquiera puede acudir al médico. Perú ha sido uno de los países de América Latina donde el coronavirus ha golpeado con más fuerza, ya que con una población de unos 32 millones de habitantes acumula cerca de 1,3 millones de contagios y más de 45.000 fallecidos.

Por si fuera poco, además de la grave crisis política que atraviesa el país después de que en noviembre el Congreso destituyera al presidente Martín Vizcarra, un nuevo escándalo ha salido a la luz en las últimas semanas, el llamado "Vacunagate". Cientos de personas influyentes como políticos, empresarios o altos funcionarios se vacunaron anticipadamente en secreto, incluyendo al propio Vizcarra y algunos de sus familiares.

Dependiendo de cómo se haya realizado el procedimiento, la ligadura de trompas puede ser reversible. Sin embargo, el programa de Fujimori no contempló esa opción y las mujeres esterilizadas –muchas de ellas todavía no habían tenido hijos– ya no pudieron quedarse embarazadas. Para las mujeres andinas no poder tener hijos supone además un estigma social: muchas fueron abandonadas por sus maridos, rechazadas en sus comunidades y, en definitiva, marginadas de la sociedad.

Así lo vivió María Elena Carbajal, quien a diferencia de muchas afectadas, ella residía en Lima y la esterilizaron cuando fue a dar a luz a su cuarto hijo, en 1996. Tras el parto, el personal médico le preguntó cuántos hijos tenía y qué método anticonceptivo utilizaba. Al responder que no usaba ninguno, le ligaron las trompas. "Yo estaba preocupada porque ya habían pasado muchas horas desde el parto y aún no tenía a mi hijo. Me di cuenta de que no me lo entregarían hasta que diera mi consentimiento (para la esterilización) y tenía miedo porque también había habido casos de bebés robados", relata esta mujer de 50 años, presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones de Lima y Callao. "Cuando mi marido acudió al hospital y le expliqué lo ocurrido, se enojó porque pensaba que me había operado para tener otras parejas y nos abandonó", añade María Elena.

Tenía 26 años y a partir de ahí comenzó su particular "vía crucis": madre soltera con cuatro hijos y con una salud muy delicada. "Me quedé con prolapso uterino y muchos dolores y eso condicionó toda mi vida". Es más, años más tarde, a los 31, cuando María Elena tenía una nueva pareja, acudió al hospital pensando que la ligadura de trompas podría ser reversible, pero ahí le informaron de que ya no podría volver a quedarse embarazada nunca más. Al no poder tener más hijos, esa segunda pareja también la dejó. "No solo fue lo que ocurrió hace 25 años, sino todo lo que ha ocurrido durante ese tiempo. Esto nos ha marcado la vida, la nuestra y la de nuestros hijos y no haber tenido el compromiso de ningún gobierno es vergonzoso. Es nuestro cuerpo de lo que hablamos, son nuestros testimonios, nuestras cicatrices. Esto ocurrió y cada año que pasa hay más mujeres enfermas. ¿Cuánto más debemos esperar?", se pregunta María Elena.

Su rabia es más que entendible porque, independientemente del signo político, ninguno de los cinco presidentes que han gobernado Perú en los últimos 30 años –Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra– han indemnizado a las personas afectadas por estas prácticas. El pasado 8 de febrero varios medios de comunicación publicaron que las víctimas de esterilizaciones forzosas bajo el mandato de Fujimori serían finalmente indemnizadas por el Estado peruano tras aprobar una norma que modifica la Ley 28592, mediante la cual se creó el Plan Integral de Reparaciones (PIR), y que reconoce la violencia sexual en todas sus formas. Sin embargo, el Gobierno del presidente interino Francisco Sagasti aún no ha emitido un comunicado oficial sobre esa modificación ni ha hablado de que se vaya a reparar económicamente a estas mujeres.

"No hemos escuchado un anuncio oficial del Gobierno sobre los alcances y medidas de esta modificación y eso solo ha hecho que aumente la preocupación de las víctimas", explica la abogada Cedano. "Si bien se ha producido un hecho histórico al aprobar la modificación de la ley PIR para reconocer el derecho a reparaciones a las víctimas de violencia sexual en todas sus formas y abre la puerta para el acceso a los programas de reparación vigentes, inclusive la reparación económica, no se ha aplicado hasta la fecha", añade. Ahora corresponde al Consejo de Reparaciones, un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que tiene a cargo la elaboración del Registro Único de Víctimas, evaluar el contenido total de la norma y analizar su forma de aplicación, porque de momento, tal y como está planteada la ley, no se podría indemnizar económicamente a las víctimas de esterilizaciones forzadas.

En ese sentido, la organización Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer considera que una aplicación de la ley conforme a los derechos humanos debe incluir a todas las víctimas de violencia sexual en todas sus formas, incluyendo a las de las esterilizaciones forzadas. Las supervivientes, por su parte, tienen claro que van a continuar luchando hasta el último momento.

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