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El 17 de enero de 1966 Manuela Sabiote recogía
tomates cuando un trozo de avión cayó a pocos metros de su
huerta. En una foto que tomó un periodista o algún soldado,
Manuela posa sonriente con los restos de fuselaje, las matas
de tomates de fondo y algunos paisanos que observan. El rastro
inocente del incidente de Palomares, del que este sábado se
cumplen sesenta años. La foto simboliza el estado de ánimo
con el que el pueblo encajó el episodio. Pocas horas después,
aquello se llenó de militares que hablaban inglés y buscaban
un par de bombas termonucleares extraviadas, y la inocencia
dio paso a las mentiras oficiales que no sirvieron jamás para
evitar que el pueblo quedase marcado para siempre. Aquella
pequeña aldea del Levante almeriense acababa de sufrir uno
de los más graves accidentes nucleares de la Guerra Fría.
Un B-52 y un KC-135 habían colisionado durante una de las
habituales operaciones de repostaje en vuelo que la Fuerza
Aérea de Estados Unidos ejecutaba sobre la Sierra Almagrera.
Palomares, con poco más de 700 vecinos, agrícola y pobre,
quedaría marcada para siempre por nueve kilos de isótopos
de plutonio dispersados en forma de aerosoles sobre un área
aproximada de 226 hectáreas con zonas de vegetación silvestre,
cultivadas y urbanas. Que cayeron cuatro bombas se supo casi
al momento; todo lo demás se ocultó durante el franquismo
y hasta bien entrada la democracia.
Manuela Sabiote, junto a los restos del fuselaje
de un avión caído en Palomares.
“La gente de Palomares vivió engañada 40 años.
Hasta 2006 no se tomaron las primeras medidas de radioprotección
con el vallado de 40 hectáreas. Antes siempre habían dicho
que todo había quedado perfectamente. Manuel Fraga fue el
principal vocero: decía incluso que se había quedado mejor,
así de chulo era”, recuerda hoy José Herrera, quizá la persona
que más ha investigado los esfuerzos de los sucesivos gobiernos,
en dictadura y democracia, por enterrar el asunto bajo una
capa de silencio y olvido: “Una investigadora norteamericana,
Barbara Moran, me preguntó una vez cómo era posible que siguiera
siendo tan secreto, cuando en su país ya habían desclasificado
el Acuerdo Otero-Hall [el proyecto científico a largo plazo
para estudiar los efectos de la contaminación por plutonio]”.
El entonces ministro de Informacion y Turismo
Manuel Fraga bañandose en la playa de Palomares próxima al
lugar del accidente de dos aviones ocurrido en 1966.
En este pueblo que hoy supera por poco los 2.000
habitantes muchos están cansados de contar a los periodistas
las mismas historias una y otra vez. Lo viven como una maldición
atada al aire que respiran y la tierra que cultivan. El sensacionalismo
ocasional no ha ayudado. No hay trabajos que demuestren de
forma consistente que hay aquí una incidencia mayor de algún
tipo de cáncer, y los análisis regulares de las lechugas,
los tomates, los caracoles, los conejos, el agua o el aire
no dan motivos para la alarma. Pero la tierra contaminada
sigue ahí, a menos de un metro de la superficie. “No es un
pueblo contaminado, son solo unas parcelas”, dice María Isabel
Ponce, actual alcaldesa pedánea (PSOE), que insiste: “Tenemos
toda la tranquilidad, está vigilado a través del CIEMAT, y
lo único que pedimos es que se haga la limpieza de los terrenos
vallados, como llevamos pidiendo 60 años”.
Desde hace décadas todo se hace depender de
un acuerdo que nunca llega con Estados Unidos, responsable
del accidente y el único con capacidad para transportar, tratar
y almacenar los terrenos contaminados. Óscar Velasco es el
hijo de Manuela, la joven que posó con los trozos de avión.
También fue alcalde hasta 2023, y lo tiene claro: “Urge la
descontaminación, ya”. Y alerta de que habrá un momento en
que el vallado no sirva para acotar el riesgo. “El americio
se va degradando y tiene otro tipo de radiación que puede
salir al exterior. Eso es un peligro no solo para Palomares,
sino también para poblaciones cercanas”. La fuente de emisiones
radiológicas se compone de isótopos de plutonio (238Pu, 239Pu,
240Pu y 241Pu) y americio (241Am, generado a partir de la
desintegración de su progenitor, el isótopo 241Pu). Según
el CIEMAT, el 241Am y el 239+240Pu son los radionucleidos
críticos debido a que son los isótopos más abundantes en concentración
de actividad con los distintos componentes del ecosistema
afectado: suelos, alimentos, aire, depósito, agua, organismos
indicadores y sedimentos.
El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas (CIEMAT) es un organismo público español de
investigación de excelencia en materias de energía y de medio
ambiente, así como en múltiples tecnologías de vanguardia
y en algunas áreas de investigación básica adscrito a la Secretaría
General de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades.
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Carl Maxie Brashear fue el primer afroamericano
que se convirtió en maestro de buceo en la Armada Norteamericana.
Cuba Gooding Jr lo interpretó en la película Hombres
de Honor (Men of Honor, 2000). Brashear se alistó en la marina
en 1948. En 1954 se presentó voluntario para acceder a la
escuela de Buceo y Salvamento de la Armada de los Estados
Unidos. Tras obtener su titulación, fue asignado a la base
de Quonset Point (Rhode Island), donde participaría en misiones
de salvamento de aviones y barcos hundidos. Posteriormente,
sería destinado a la base de Guam, y, tras ello, al USS Hoist.
Fue en ese barco donde vivó uno de los hechos que marcarían
su vida. En enero de 1966, un bombardero B-52 chocó en pleno
vuelvo con el avión cisterna que le estaba repostando. Como
consecuencia de ello, ambos aviones se estrellaron en Palomares
El incidente no habría pasado a mayores de no haber sido porque
el B-52 transportaba bombas nucleares y estas cayeron al mar
en la costa almeriense. Eso sí era un problema.
Inmediatamente, se organizó una misión de recuperación
de las bombas, y fue Brashear el buzo designado para hacerlo.
Durante las tareas de recuperación, su pierna quedó atrapada
por un perno gigante que la elevaba y, consecuentemente triturada
sin posibilidad de recuperación. Brashear fue inmediatamente
evacuado a la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid y allí
internado en un hospital para su primera fase de recuperación.
Con la pierna deshecha e infectada no hubo forma de salvársela
y hubo de ser amputado. Suponía ello, a todas luces, el final
de su carrera como buzo. Pero Brashear era alguien que se
había forjado a sí mismo en el espíritu de no rendirse jamás.
De modo que decidió empezar a entrenarse y recuperarse para
volver al servicio activo. Nada ni nadie pudo quitarle de
la cabeza la idea de regresar. Finalmente, tras varios años
de duro entrenamiento, Brashear logró ser el primer buzo amputado
que obtuvo (de nuevo) una certificación de suficiencia para
el servicio activo en la Marina de los Estados Unidos. Todo
un hito.
Pásate por Ser humano >> Segregación
>> Referencias.
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Pepe Ramos tenía cinco años el 17 de enero de
1966 y dice recordar muy bien el alboroto, la excitación,
cómo el pueblo pasó de ser un villorrio olvidado a centro
de la atención mundial gracias a la visita del amigo americano.
“No teníamos nada, y yo me escapaba de casa y me iba a montarme
a los helicópteros. Nos traían chicles y Coca Cola, que nunca
habíamos visto aquí”, relata. Aquello era un jolgorio del
que te podías ir con algún bonito obsequio. “Mi hermana se
hizo una foto encima de una de las bombas. Todo el mundo andaba
por todos sitios recogiendo cosas. Hasta un destornillador
de los americanos tengo todavía. El otro día me lo encontré
en una caja de herramientas”. Fuera de la burbuja de inocencia
infantil, el impacto económico fue inmediato. Recoger tomates
quedó prohibido por orden de la autoridad, pero lo peor fue
el estigma: “Aquí se vive del campo y cuando empezaron las
historias ya nadie quería productos de Palomares, se vendían
con etiquetas de Murcia”, señala el hombre. Además, el reparto
de las indemnizaciones abrió otra herida en el pueblo. Durante
muchos años, Ramos iba a Madrid a sacarse sangre. “Dejé de
hacerlo porque enviaban cosas muy escuetas, como si fuera
un simple análisis de sangre. Que yo sepa, nadie ha recibido
nada de que tuviera algún problema de radiactividad. Aquí
nos conocemos todos y no ha habido problemas de cáncer ni
historias de esas más de lo normal”. Pronto, los vecinos dejaron
de preocuparse, anestesiados por la aparente ausencia de consecuencias
y el silencio de las administraciones, que ocultaban incluso
cómo un doctor de la división de Investigación Biomédica del
Laboratorio Nacional de Los Álamos, Haskell Langham, los estaba
utilizando como conejillos de Indias. “Como no se ve, se oye,
se siente o se huele, la gente no valora el riesgo real”,
lamenta Velasco. Hoy, pocos vecinos siguen haciéndose las
pruebas.
Zona de acceso restringido en el municipio almeriense
de Palomares. El 17 de enero de hace sesenta años, en 1966,
dos aviones de EEUU colisionan sobre la provincia de Almería
y uatro bombas termonucleares cayeron, tres en las cercanías
de Palomares y otra en las proximidades de Almería capital.
Para las nuevas generaciones el asunto es molesto
o un elemento mitológico. “El año de las bombas”, como le
dijeron una vez unos niños a Herrera, que tomó prestada la
frase para titular su nuevo libro, una recopilación de historias
casi al modo documental de Svetlana Alexievich en Voces de
Chernobyl. “He tratado de reflejar a los involuntarios protagonistas
del suceso, porque la gente del pueblo apenas sale en el tratamiento
periodístico del accidente. Siempre se habla del general Wilson,
del doctor Langham... Y el pueblo es un figurante”. Allí cuenta
cómo las crónicas radiofónicas a través de Radio España Independiente
(La Pirenaica, vinculada al Partido Comunista) rompieron por
primera vez impuesto por la dictadura. Sacaban las crónicas
ocultas en la ropa interior de un motorista que iba a Lorca,
desde donde se enviaban a Bucarest para ser radiadas. Y también
cómo ya en los 80 una jovencísima alcaldesa, Antonia Flores,
abanderó la lucha por la transparencia y la dignidad del pueblo
de Palomares junto a la duquesa de Medina-Sidonia. Tuvieron
que pasar dos décadas más para que en 2007 se vallaran los
terrenos que contienen el material radiactivo que Estados
Unidos enterró a medio metro de profundidad, el más grande
de ellos en el núcleo del pueblo. Desde entonces, el CIEMAT
emite un informe anual a partir de muestras de agua, tierra,
aire, animales y vegetales. “Los niveles de irradiación son
prácticamente irrelevantes, incluso en las zonas más afectadas”,
se lee en el último de ellos. A cinco metros de unas vallas
se cultivan lechugas. Nada informa de qué motiva el vallado,
de eficacia dudosa con ciertos animales y que no frena al
viento.
España ha procurado siempre mantener las miradas
de terceros ajenas a lo que hay en Palomares, ignorando incluso
las reclamaciones de la Comisión Europea para que complete
la rehabilitación. Tampoco admite que haya puntos radiactivos
fuera del vallado, como en su día denunciaron los ecologistas.
Sin embargo, un informe del Gobierno de Estados Unidos al
Senado de aquel país reconoció en 2023 que Palomares “sigue
sufriendo los efectos” de la “contaminación residual”, que
“supera los niveles” de la normativa europea. Pese a que admitía
que la ayuda de Estados Unidos es “vital” para zanjar la cuestión,
el informe no instaba ninguna medida para intervenir.
Hoy, el gran tema que marca la agenda local
es la gran urbanización de 1.600 viviendas y hotel junto a
la playa de Quitapellejos, que tiene ya los parabienes de
la Junta de Andalucía. “Es prosperidad para los vecinos. Queremos
que Palomares no solo sea agricultura, y abrirnos al turismo
y al sector servicios”, subraya su alcaldesa pedánea. Durante
décadas, Palomares ha observado el desarrollo turístico de
Vera o Mojácar sin participar de él. Ahora, los ecologistas
alertan de que el proyecto acabaría para siempre con un entorno
al que la huella nuclear quizá también haya contribuido a
preservar, duplicando la población de la pedanía.
La zona en la que se proyecta la macrourbanización
está en regresión por el cambio climático.
Mientras, el pueblo sigue esperando a que alguien
saque de allí la tierra contaminada, unos 50.000 metros cúbicos
que quedarían reducidos a unos 6.000 una vez tratados. Desde
hace casi una década, Ecologistas en Acción lo intenta en
los tribunales para chocar una y otra vez contra la determinación
del Gobierno de mover ni una piedra. Tras un primer intento
fallido, la Audiencia Nacional estudia ahora si debe hacerlo
el Ministerio de Transición Ecológica. El proceso está pendiente
de que se admitan o no algunas de las testificales que han
pedido los ecologistas. En su momento, el Ministerio ya alegó
que las sospechas en torno a la situación radiológica en Palomares
son una exageración sin fundamento, que la propuesta de Plan
de Rehabilitación de 2010 es papel mojado, que no hay ninguna
norma que le obligue a intervenir y que, en todo caso, no
está claro que remover sea una buena idea, aunque sea para
limpiar.
La tesitura, más teórica que real (al menos
por ahora), divide al pueblo. “Yo no soy científico, pero
tengo dos dedos de frente: si remueves la tierra va a haber
un problema porque se va a liberar al aire”, dice Pepe Ramos.
“Tener una contaminación así es peligroso para el ser humano.
Vamos 60 años tarde”, rebate Óscar Velasco, que sólo así ve
posible borrar un estigma que amenaza con durar tanto tiempo
como los isótopos de plutonio: “Descontaminar es la única
solución para que al fin se deje de hablar de esto”.
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