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23 - Agosto - 2021
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El Mar Menor, la albufera de mayor extensión de toda España, vuelve a agonizar. El exceso de nitratos vertidos sobre sus aguas deja cada día en sus costas el funesto rastro de cientos de peces muertos por anoxia. Desde el viernes 13 de agosto los episodios de muerte masiva de especies marinas por falta de oxígeno en el agua han acumulado cifras que superan ya la peor crisis sufrida en este lugar. Si en 2019 se retiraron 3.000 kilos de peces, crustáceos y moluscos muertos, en los apenas diez días de este episodio medioambiental se han sobrepasado los 5.000, según la Consejería murciana de Medio Ambiente, casi el doble de animales expulsados sin vida a la orilla.

"Suponiendo que ambos datos fueran ciertos porque, probablemente, son muchos más", apunta Pedro García, director de la asociación ecologista Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE). Dependiendo de dónde sople el viento y cómo se encuentre la presión atmosférica en la laguna, García se dirige en las últimas mañanas a una u otra playa del Mar Menor para recoger varios capazos de restos de fauna marina. Los animales mueren sobre todo por la noche porque es entonces cuando "el consumo de oxígeno se acelera".

Seguramente la playa de todo el Mediterráneo donde antes se calienta el agua lo suficiente para bañarse es la de la Manga del Mar Menor. Kilómetros y kilómetros con apenas medio metro de profundidad y sin oleaje convierten a la laguna salada más grande de Europa en un paraíso que ahora está amenazado por la contaminación originada por nitratos. Esta sustancia, contenida en algunos abonos agrícolas, con temperaturas elevadas hace proliferar las algas, igual que acelera el crecimiento de las otras plantas. Como consecuencia, en 2017 el Mar Menor perdió las 19 banderas azules que lucían entonces en sus playas. Pero el verano de 2016 ya se «dispararon las alarmas de todas las administraciones, primero los municipios, pero también la regional, estatal y la europea, que autoriza el uso de fondos comunitarios», subrayaron entonces desde la Consejeria de Medio Ambiente de Murcia. Con el fin de impedir los vertidos de agua con fertilizantes desde el Campo de Cartagena y de alcantarillado de las zonas urbanizadas, así como las corrientes salobres desde el subsuelo, el Gobierno autonómico aplicó cuarenta medidas de choque. Los tres frentes de acción se podían resumir en el tratamiento de caudales agrícolas en la Rambla de Albujón –con un humedal de 180.000 metros cuadrados–, el desvío de desagües de ocho municipios y el abastecimiento para riego a los agricultores, de forma que no necesitasen extracciones en la zona. Y para los infractores, sanciones de hasta 100.000 euros.

La suciedad ha anegado varias zonas de la Manga del Mar Menor.

La albufera ya sufrió su primera estocada más visible con la proliferación masiva de algas, conocida como la 'sopa verde', en el verano de 2016, seguida de una anoxia tres años después que mató a miles de peces. Esta segunda anoxia vaticina lo peor para el entorno natural, desprotegido ante la eutrofización –enriquecimiento excesivo en nutrientes– generada por la agricultura intensiva que la rodea, y que emplea esta laguna de agua salada como vertedero para sus nitratos, provenientes principalmente de fertilizantes. Según fuentes del Gobierno murciano, sobre el Mar Menor caen 5.000 kilos de nitratos al día por la rambla del Albujón –un cauce con caudal de agua– y 30 millones de litros de agua dulce.

La Confederación Hidrográfica del Segura iniciará de manera inminente las obras que, a través de la Resolución de vertido fortuito tierra-mar para la explotación del sistema de red de drenajes del Campo de Cartagena y bombeos del Albujón, Los Narejos y El Mojón recibida en el registro de la CHS en el día de hoy, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia considera preciso implantar como medidas preventivas y correctoras, para que se pueda poner en marcha la impulsión de la rambla del Albujón. Las obras, que se ejecutaran a la mayor brevedad, consisten en la instalación de válvulas de corte para evitar vertidos por el aliviadero y conectarlos a la rambla del Albujón. Estas obras no pudieron efectuarse antes porque se encuentran dentro de la Red Natura y precisan autorización ambiental que ahora también ha otorgado la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Asimismo, la resolución contempla la prescripción de establecer un Programa de Vigilancia y control de vertido realizado por una Entidad de Control Ambiental. La Comisaría de Aguas de la CHS está trabajando en una resolución que permita a los regantes utilizar el agua procedente de la explotación de esta infraestructura, ahora autorizada; la previsión es notificarla el próximo lunes a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. En este sentido, hay que recordar que los recursos hídricos que lleguen a través de la impulsión son para uso exclusivo de estos usuarios y, por lo tanto, su funcionamiento está supeditado al volumen de agua que soliciten. El inicio de la fase de explotación, una vez concluida la instalación y montaje de las actuaciones anteriormente citadas, será notificada al Órgano Ambiental Autonómico de la CARM de acuerdo con su resolución.

Verano de 2016, la llamada sopa verde.

La crisis medioambiental ha vuelto a desatar una guerra política entre el Gobierno regional y nacional. El presidente Fernando López Miras compareció el viernes 20 de agosto de urgencia para abordar la situación y no tardó en reprochar al Estado su inacción y pedir la apertura de la gola de Marchamalo –un canal que conecta al Mar Menor con el Mediterráneo–, además de reclamar las competencias sobre la costa y cuenca de la albufera. También anunció la prohibición de verter nitratos en el Mar Menor aunque indicó que era el Gobierno central quien debía hacer cumplir esa restricción. El jefe del Ejecutivo murciano ha contado con el apoyo del presidente de su partido, Pablo Casado, que se ha dejado caer este lunes por Jumilla para insistir en que las competencias para el cese de vertidos es del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, visitará el Mar Menor el próximo miércoles y se reunirá con alcaldes y conservacionistas de la zona, según informa EFE. Ribera ha escrito al presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, una carta en la que le traslada su confianza "en poder abordar este asunto de manera personal" con él y con su consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo. Ribera llegará a Murcia después de que su presidente anunciara una denuncia contra la ministra por "su inacción y falta de aplicación de medidas que contribuyan a la protección y recuperación del Mar Menor", y ella le contestara en una entrevista en Radio Nacional que la Región de Murcia "tiene competencias de sobra para velar para que no se envenene el Mar Menor" y que lleva "años sin hacer nada para evitar que el agua contaminada llegue a la laguna".

Tras la reaparición de peces muertos hace diez días, el Gobierno regional se escudó en las altas temperaturas. "El problema principal es la eutrofización", señala a elDiario.es Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología por la Universidad de Murcia (UMU), y miembro y cabeza visible del comité científico del Mar Menor, dependiente del Gobierno murciano. En invierno, la albufera resiste mejor la entrada de nutrientes por el freático –corrientes de agua que discurren por el subsuelo– y las ramblas que desembocan en ella, pero en verano "las altas temperaturas, el aumento de producción primaria agrícola, y la disminución de la salubridad del oxígeno agrava su estado", sostiene el investigador. Una línea de pensamiento que comparte Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua y exmiembro del mismo comité cienti´fico que preside Ruzafa: "No se quiere reconocer que el problema principal son los vertidos de fertilizantes y la agricultura intensiva; lo volvimos a ver en 2019 y advertimos de que podía volver a pasar y que había cambiar el modelo de explotación agrícola". La además profesora UMU –que se desvinculó del comité al denunciar "manipulaciones" en su trabajo– lamenta que los últimos cinco años, tras la crisis eutrófica de 2016 con la 'sopa verde', se han perdido al no haber escuchado las autoridades autonómicas las recomendaciones de los científicos.

La científica Julia Martínez no obvia que las tres administraciones tienen responsabilidades sobre el estado de la laguna, pero es la Comunidad Autónoma la que tiene las competencias del regadío, de los vertidos tierra-mar, de la ordenación territorial, el medio ambiente y la gestión de la laguna: "No se ha hecho absolutamente nada". La Fiscalía regional ha abierto una línea de investigación por el estado de la albufera.

Para Martínez, las perspectivas de recuperación son "muy negativas" mientras no se asuma el origen y la gravedad del problema. A corto plazo, opina, es "imposible" revertir la situación, a medio y largo plazo "hay posibilidades de mejora, pero lentamente". La petición de abrir la gola de Marchamalo solicitada por el Gobierno murciano despertó críticas entre la comunidad científica, y encuentra escasos apoyos más allá de su propio comité: "Es una solución en el contexto crítico actual. No se trata de abrirla de forma indiscriminada", defiende Ruzafa. Con su apertura en momentos puntuales se podría evitar lo que pasó en 2019, según el investigador. "El agua dulce que entró con la DANA hace dos años, al no tener salida, fue empujada por el viento hacia el fondo y desplazó la bolsa de anoxia hacia la superficie", algo que podría evitarse si se abre la gola, sostiene el experto. Desde la Administración regional han difundido un vídeo donde se puede ver una supuesta bolsa de anoxia que, según ellos, intenta salir al Mediterráneo a través de la gola.

Una solución que no comparte la catedrática de la Universidad de Alicante Francisca Giménez, que ya criticó la propuesta en declaraciones a este medio: "Cuando ingrese suficiente agua del Mar Mediterráneo al Mar Menor, lo que puede provocar es que entre también el patógeno que ha matado a la nacra en el Mediterráneo. Se está poniendo en riesgo a los últimos ejemplares de esta especie en peligro crítico de extinción". Desde Ecologistas en Acción han interpuesto una denuncia por vía penal contra el Gobierno murciano para evitar que se drague la gola de Marchamalo. Su portavoz, Pedro Luengo, tacha la iniciativa de "ocurrencia para salir del paso", y alerta de que la apertura de estos canales, al ampliar el intercambio de agua entre el Mar Menor y el Mediterráneo, reducirá la salinidad dentro de la laguna y causará perjuicios a uno y otro lado de La Manga. Ruzafa defiende que la solución pasa también por una mejor gestión del agua, y apela por el uso de desalobradoras, desnitrificadores y sistemas de conducción que permitan rebajar el nivel de nitratos del agua antes de que desemboquen en la albufera. El científico considera que la crisis en el entorno natural actual aún no supera en gravedad a la de 2019, situación que podría cambiar con "una gota fría o más altas temperaturas". El comité de científicos del Mar Menor no ha estado exento de críticas. En 2019, tras la anoxia en la albufera, cuatro científicos se salieron del grupo de asesores –sumados a otros cuatro que se fueron con anterioridad– alegando "manipulación" desde el Gobierno regional. Ruzafa ha recibido críticas en ocasiones por su supuesta "cercanía" con la Administración regional. "La gente es muy libre de pensar lo que quiera. Yo tengo que cumplir con mi trabajo e intentar hacer las cosas bien. Mi preocupación es contribuir a que el Mar Menor se recupere".

En julio de 2020, el PP, PSOE y Ciudadanos sacaron adelante una ley de protección para el Mar Menor. Una iniciativa legislativa cuyo contenido estrella fue la ampliación de la franja de protección en torno a la albufera de 500 a 1.500 metros –espacio en donde no se puede cultivar–, junto con la restricción del uso de fertilizantes a su alrededor. Además, incluye la prohibición de crear nuevos invernaderos en ese perímetro, y la obligación de restituir los regadíos ilegales. Una ley que no estuvo exenta de críticas desde asociaciones ecologistas o formaciones políticas, como Podemos, que la consideraban insuficiente. Julio Más, exdirector del Centro Oceanográfico de Murcia, denunció en este medio que la Región "no aplica la directiva de nitratos ni el límite legal de 1.500 metros para el uso de abonos nitrogenados. No aplica las leyes que promulga, pero pide una serie de competencias que no tiene ninguna comunidad autónoma y que van en contra del criterio científico generalizado". Por su parte, desde ANSE recordaron que llevan pidiendo medidas de mayor calado desde hace años, y "no se han puesto en práctica". "Pedimos que se redujera la superficie de agricultura intensiva a como mínimo 10.000 hectáreas de regadío; que la Administración se hiciera cargo de las 8.500 hectáreas de regadío ilegales que la Comunidad había negado hasta que la Confederación Hidrográfica confirmó su existencia; planteamos una red de filtros verdes de humedales y medidas para que las aguas residuales no acaben en el Mar Menor cada vez que hay una lluvia intensa", recuerda García.

Agricultura ya ha ordenado la restitución de 940 hectáreas de regadío ilegal en el entorno del Mar Menor. De los 77 expedentes tramitados, 50 ya han concluido con la orden de restitución, y los otros 27 finalizarán en los próximos días, sumando 484 hectáreas más.

Paralelamente a las ley del Mar Menor y las propuestas de los últimos días del Gobierno murciano, hay en marcha dos iniciativas alternativas para proteger a la albufera. Una de ellas es hacerla sujeto de derechos: a través de una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por ecologistas y académicos, se busca que tenga una personalidad jurídica frente a la que se pueda responder cuando se vulneren sus derechos. Para poder llevar la propuesta al Congreso de los Diputados, los impulsores tienen hasta el próximo 25 de octubre para conseguir 500.000 firmas. En su último recuento, en junio, rebasaron las 200.000 firmas. El siguiente será en septiembre, y la situación actual del Mar Menor ha contribuido a aumentar el número de firmantes, por lo que desde la plataforma están convencidos de que lo conseguirán. Hay decenas de puntos de recogida de firmas en toda España, e incluso algunos en otros países. Unidas Podemos, por su parte, lanzó una campaña para que el Mar Menor sea parque regional y registrará una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para lograr "soluciones definitivas" para la albufera. La iniciativa plantea crear una franja de protección en torno al Mar Menor, incorporando zonas ya protegidas como Calblanque y Las Salinas de San Pedro. "Un espacio libre de nitratos y de pelotazos inmobiliarios", agregó el diputado nacional por Murcia de Podemos, Javier Sánchez Serna. Otra de las propuestas de la iniciativa es la imposición de una tasa ambiental a las multinacionales de la agroindustria. Lo recaudado se destinaría a cofinanciar las inversiones necesarias para la protección y recuperación del Mar Menor, creando una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado.

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La consejería de Agricultura y Medio Ambiente ya ha ordenado la restitución de 940 hectáreas de regadío ilegal detectadas y comunicadas por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y que corresponden a 50 expedientes que ya han sido notificados a los particulares.

La comunidad asegura que ha recibido 123 expedientes con resolución firme en vía administrativa de la Confederación Hidrográfica del Segura, si bien 10 de ellos se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, por lo que la Consejería no tiene potestad para actuar sobre ellos. De los 113 restantes se han tramitado ya 77 expedientes, habiendo solicitado información extra a la CHS de 36 expedientes para poder iniciar el procedimiento. De los 77 expedientes tramitados, 50 ya han concluido con la orden de restitución comunicada a los particulares, mientras que 27 se encuentran completando el informe técnico de inicio para avanzar en el proceso y, en los próximos días, se procederá a comunicar a los interesados la orden de restitución. De esta forma, en estos momentos, se ha ordenado ya la restitución de 940 hectáreas de regadío ilegal, que ascenderán a 1.424 hectáreas en los próximos días tras sumar las 484 correspondientes a los 27 expedientes que finalizarán en breve.

La Región de Murcia es la comunidad con más superficie de regadío (16,75% del total).

La tramitación de los expedientes de restitución por regadío ilegal en el ámbito del Mar Menor debe seguir una serie de pasos que garanticen el éxito del proceso. Así, una vez la CHS envía a la Comunidad los expedientes sancionadores se debe comprobar si son firmes y si se encuentran dentro del área de la Ley del Mar Menor. Tras ello la consejería emite un informe técnico para el inicio de restitución y se comunica a los interesados. Éstos pueden presentar alegaciones, que la Comunidad evalúa y contesta en cada uno de los casos y posteriormente se envían las resoluciones de restitución para que en un plazo máximo de 3 meses los afectados presenten un proyecto de restitución. Ante esta decisión, tal y como recoge la Ley, cabe la presentación de un recurso de alzada y, en caso de ser desestimado, los interesados tienen la posibilidad de presentar un recurso contencioso administrativo, el cual debe resolverse al margen de la potestad de la Comunidad. Una vez quede resuelto este último, se les da un plazo de un mes para el inicio de la restitución y un máximo de seis meses para la ejecución. Al margen de esta tramitación llevada a cabo por la Comunidad, se debe recordar que sin perjuicio del procedimiento de restitución que la Ley incluyó para colaborar desde el ámbito autonómico con las competencias de la Confederación Hidrográfica del Segura, la propia CHS puede, dentro del mismo proceso sancionador, aplicando los art 116 a 121 del texto refundido de la Ley de Aguas y en concreto el art 118.1, ordenar y ejecutar la eliminación de las tomas de riego y también ordenar la restitución.

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Desde que en 1970 se levantasen los primeros edificios en La Manga del Mar Menor, el de 2016 ha sido seguramente su verano más complicado. La laguna salada más famosa de España se enfrentó a un vertido de aguas fecales y su situación era límite. Tanto, que el presidente de la región y varias asociaciones se presentaron en Bruselas para negociar una solución.

El entonces presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se ha reunido con el entonces director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja, para abordar un plan de actuación sobre el Mar Menor. «La reunión ha ido francamente bien», ha dicho a los periodistas a la salida de este encuentro. Por lo que ha trascendido, la región recibirá 40 millones y mantendrá un contacto «fluido» con las instituciones europeas para mejorar este rincón.

«Hemos confirmado más de 40 millones de inversión», dijo Pedro Antonio Sánchez. «El Gobierno de Murcia presentará nuevos proyectos destinados a otras líneas de crédito y convocatorias para seguir financiando actuaciones como el Horizonte 2020 o los programas Life». Hasta Bruselas acudieron representantes de algunos colectivos implicados con la laguna. Óscar Alcaraz, portavoz de la Plataforma «Pacto por el Mar Menor», reclamó en el Parlamento Europeo medidas «concretas» para salvar la laguna. «¿Qué soluciones pedimos a Europa? Pues fondos que no vayan destinados a otro tipo de infraestructuras y que se destinen a la regeneración ecológica del Mar Menor», dijo Alcaraz en declaraciones a la Eurocámara recogidas por Europa Press.

Los 40 millones que recibió entonces la región supusieron un balón de oxígeno para la laguna. El Mar Menor, bautizado aquel verano como «La sopa verde» era hasta hace no mucho uno de los grandes atractivos del levante español. Un equivalente patrio del Mar Muerto que recibe cada verano miles de turistas.

Para el Verano de 2017 El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario de la Región (IMIDA), está trabajando en el diseño de dos drones que permitirán estudiar y tener un conocimiento más exhaustivo del Mar Menor mediante la teledetección y la robótica. Uno de los dispositivos es flotante y el otro sumergible, y su principal función consistirá en realizar mediciones en zonas inaccesibles para los barcos por el poco calado.

La consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, de cuyo departamento dependen el IMIDA, ha presentado este jueves el proyecto piloto en el que trabaja la Comunidad para poder profundizar en el conocimiento de la laguna, “lo que será una herramienta imprescindible para los científicos y el Gobierno regional, ya que los drones ofrecerán datos que hasta el momento eran muy difíciles de obtener”. Uno de ellos es flotante y otro será sumergible en el agua, ambos serán autónomos (dirigidos y vigilados por técnicos) y permitirán realizar mediciones que hasta el momento no pueden hacerse por tratarse de lugares con poco calado, como es el caso de las encañizadas. Se trata de nuevo sistema de estudio y obtención de datos, pionero a nivel internacional, que ha sido hecho “a medida” para el control y análisis de diferentes parámetros de medición del Mar Menor. Va a permitir realizar batimetrías donde hasta ahora era imposible de realizar y tener una topografía más completa de la situación y estado del Mar Menor.

También permitirá realizar un monitoreo de aguas a diferentes profundidades, inventariado de fauna y flora, documentación e identificación de vertidos, seguimiento de la evolución de las jaulas de acuicultura y de arrecifes artificiales, control de estado de canalizaciones sumergidas, apoyo de seguridad de buzos, grabación submarina, búsqueda de objetos o personas, apoyo en rescates submarinos o el control de seguridad de zonas portuarias o submarinas. Se podrán usar con seguridad a zonas difícilmente accesibles, tales como puertos, embalses, pantanos, pantalanes, revisión de cascos de barcos, fosas, tuberías de gran diámetro, etc. El IMIDA viene trabajando en este tipo de actuaciones desde hace tiempo, financiadas por un proyecto FEDER, que tiene como principal objetivo el diseño y puesta en marcha de una infraestructura de datos espaciales sobre agricultura y agua en la Región, y por un convenio para la elaboración de batimetrías de embalses en la Cuenca del Segura. Las infraestructuras de datos espaciales temáticas tienen como objetivo principal el integrar, a través de Internet, la información de interés para el sector agrícola, datos agrometeorológicos, metadatos, servicios e información de tipo geográfico que sobre la temática del agua y el medio ambiente, que se producen en el ámbito regional, facilitando al sector agrario regional la localización, identificación, selección y acceso a tales recursos, a través de un geoportal.

Una enorme cantidad de recursos, en resumen, para no lograr los objetivos.

Y para colmo, en 2018 un equipo multidisciplinar de investigadores coordinado por el geólogo de la Universidad de Salamanca (USAL) Antonio Martínez Graña, en el que participaron la Universidad de Alcalá de Henares y la Sección de Geología del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, alertaron de la posible subida del nivel del agua del Mar Menor de hasta unos 1,5 metros. a lo largo del próximo siglo, con el consiguiente riesgo de inundación que supone para su zona costera. El "progresivo aumento de las temperaturas globales influido, además, por las características físicas, geográficas y la gran presión urbanística de este particular enclave", según ha explicado Martínez Graña. El estudio, según fuente de la USAL, liderado por los investigadores del Departamento de Geología de la universidad salmantina, concretamente del Área de Geodinámica, y publicado en la revista científica Sustainability muestra un alto riesgo de inundación en la playa de la Manga y las áreas costeras del Mar Menor que, "podría verse agravado por un incremento de hasta 4,1 metros en la altura media de la ola significante", subraya el responsable del trabajo. Los datos globales reflejan que se está produciendo un incremento medio del nivel relativo de los océanos en torno a 1,7 milímetros anuales, fruto del deshielo de glaciares y del progresivo aumento de las temperaturas en el planeta. En España, el Mar Menor cumple todas las condiciones de vulnerabilidad por inundaciones, ya sean debido a una mayor incidencia de las tormentas en la zona o por el posible aumento del nivel relativo del mar. La elevada actividad turística, el carácter subsidente del terreno -hundimiento vertical del suelo- y la porosidad del sustrato de la zona, entre otros, aumentan de manera alarmante el grado de exposición del Mar Menor ante una inundación a corto y medio plazo.

Para analizar el riesgo de inundación en la Manga del Mar Menor motivado por la subida del nivel del mar u otras causas naturales como subsidencia, tormentas y tsunamis, los científicos emplearon datos históricos y registros sedimentarios antiguos de zonas cercanas con los que generaron diferentes escenarios de subida y bajada del nivel relativo del mar para períodos de tiempo de 100 años, 500 años y 1.000 años desde la actualidad.

La zona desde la Estación Espacial Internacional.

El consorcio de investigación determinó una subida del mar en el área de entre 1,2 y 1,5 milómetros al año durante los últimos 25 años. Los resultados arrojan, además, un "alto riesgo" de inundación en la playa de la Manga y áreas costeras del Mar Menor y prevén una subida del mar de hasta 1,5 metros y aumento de hasta 4,1 metros en la altura de la ola significante. Concretamente, el trabajo deja entrever que en los próximos 100 años el mar pueda llegar a afectar a zonas situadas entre los 4,22 y 5,69 metros como consecuencia del incremento en la altura de la ola. Respecto a un posible tsunami en el Mar Menor, Graña recuerda que el 10 por ciento de ellos suceden en el Mar Mediterráneo. No obstante, no existe un registro histórico "fiable" que determine la altura máxima que pudiera alcanzar, por lo que toman de referencia al mayor tsunami registrado en la Península Ibérica fruto del terremoto de Lisboa de 1755.

Es decir, una posible pero improbable ola máxima de 8 m. de altura. San Pedro del Pinatar, Santiago de la Ribera, parte del aeropuerto de San Javier, Los Alcázares, Playa Honda y algunos complejos hoteleros y urbanizaciones del sur y centro de La Manga son localizaciones especialmente vulnerables de acuerdo al índice de vulnerabilidad costera aplicado por los investigadores para la ejecución del estudio. Asimismo, señalan como factor de inundación más probable para las áreas habitadas la subida del nivel del mar de carácter meteorológico asociada a situaciones de tormenta. Con el diseño de este mapa de riesgos, los científicos persiguen crear una herramienta que ayude a "identificar los puntos espaciales más vulnerables y optimizar las medidas preventivas de esas zonas", concluye el geólogo.

Los Alcázares, el pueblo murciano que se inunda cada vez que llueve. Casas construidas encima de unas antiguas salinas, el agua suele crecer unos 70-100 centímetros. Parte del pueblo está incluso por debajo del nivel del mar.

Un municipio turístico de 17.000 habitantes situado al borde de la mayor laguna salada de Europa que en 2020 sufrió su tercera inundación grave en cuatro meses. El año empezó bajo lluvia. Entre el martes 21 y el miércoles 22 de Enero la borrasca Gloria golpeó a buena parte de la costa mediterránea española, especialmente a Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. Sin embargo, pese a que la cantidad de lluvia caída sobre la comarca del Mar Menor fue significativamente menor —registró entre 86 y 142 litros por metro cuadrado frente a los 270 de Lluc (Baleares) o los 370 del pueblo valenciano de Barx— aquí hubo inundaciones y allí no.

Al día siguiente en Los Alcázares, el sol volvió a salir pero los efectos de la tormenta aún no se habían desvanecido. Mientras los bomberos todavía actuaban en algunas zonas del casco urbano, una pátina de barro seco cubría las calles cercanas al paseo marítimo. Frente al Mar Menor, vallas metálicas dobladas y sacudidas se repartían sobre las aceras, destrozadas por la corriente de la noche anterior.

Se respiraba la indignación, pero también la frustración porque es evidente que no será la última vez que la desgracia se repita en Los Alcázares. Los alrededores del pueblo están plagados de carteles de 'Zona Inundable'. La vía de servicio junto a la AP-7 serpentea arriba y abajo debido a los badenes, ideados para conducir la escorrentía desde los campos de cultivo hacia un canal repleto de agua marrón semisólida que circula en paralelo a la carretera y trata, inútilmente, de servir de foso para el pueblo. Para muchos, estos canales no solo no les protegen sino que son parte del problema.

"La autovía y la agricultura han desviado el cauce", explicaban algunos vecinos, "se han roturado tierras donde no se debía y estrechado los cauces de las ramblas". Como suele ocurrir con la meteorología, la memoria es frágil. En el paseo marítimo, una inglesa de mediana edad llamada Terry paseaba a su perro por entre restos de palmeras diciendo "en la plaza del pueblo hay fotografías que demuestran que Los Alcázares llevan inundándose desde hace décadas". Mientras tanto, en un bar de desayunos una camarera exclamaba que lo que está pasando con las inundaciones en los últimos cuatro o cinco años no se había visto nunca. Unos agricultores la interrumpen y dicen que la culpa es del nivel freático del acuífero, que está rebosando desde que no les dejan acceder al agua. Sin embargo, el nivel freático no tiene nada que ver. Toda el agua que cae en veinte kilómetros a la redonda viene a parar aquí, es un tema de cuenca hidrológica donde el nivel freático es consecuencia, no causa de las inundaciones

Sin embargo, siempre habrá quien trate de aprovecharlo a su favor en otra de las mil batallas que protagoniza la región. Unos meses antes de aquello, la escorrentía causada por la gota fría de septiembre acabó arrastrando nitratos procedentes de la agricultura hasta el Mar Menor acabando con la vida de miles de peces. Ahí se apuntó directamente a la enorme —pero imposible de cuantificar— cantidad de pozos ilegales. "El problema no es lo que llueva aquí, en realidad donde llueve es en los alrededores pero todo acaba siendo arrastrado hasta aquí", cuenta Manolo Seva, un jubilado alicantino que acudió esa semana a la localidad para asistir al Campeonato de España de Billar a Tres Bandas, que se celebraba durante toda la semana en Los Narejos, una pedanía de Los Alcázares. La borrasca, sin embargo, no afectó a esta parte del pueblo, que casi nunca se ve expuesta a inundaciones. ¿Por qué? Porque queda fuera del área natural de inundación, sobre la que se ha edificado sin miramientos en los últimos 40 años como muestra el siguiente mapa.

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