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Las plegarias y ofrendas dedicadas a la Pachamama
desde sus poblaciones de origen en el sur de los Andes causaron
efecto, al menos durante buena parte del día para quienes
este jueves han marchado hacia la capital para la toma de
Lima. En una jornada de máxima tensión, precedida de nuevos
enfrentamientos sangrientos en la fronteriza Puno, las medidas
tomadas por las autoridades, el despliegue de 50 fiscales
y la buena disposición de la mayoría de los indígenas aymaras
y quechuas permitieron que la protesta se acercara al centro
político peruano sin grandes incidentes. Más de 11.000 policías
se desplegaron en una ciudad que, en su mayoría, aborrece
a Pedro Castillo, cuyo fallido intento de golpe de Estado
en diciembre ha arrojado al Perú a una de sus crisis políticas
y sociales más profundas. "¿Dónde estás, carajo? ¡Dina, asesina!",
gritaban a todo volumen los primeros grupos de manifestantes
en los alrededores de la Plaza de San Martín, el epicentro
de todas las protestas antigubernamentales desde diciembre.
Además de pancartas e insignias nacionales,
otras banderas en las que el negro sustituye al rojo aireaban
el luto que ensombrece a buena parte del país. Para todos
ellos, "Dina y el Congreso es la misma porquería", tal y como
apuntaban con sus exclamaciones. Tanto sectores sociales como
grupos de la izquierda radical se unieron a los indígenas
ya en la capital, pese a que no alcanzaron las expectativas
de la Policía, que se había preparado para una concentración
de grandes dimensiones, cercana a 50.000 personas. Los primeros
cálculos reducían ese número de forma considerable. Buena
parte de los protestante durmieron sobre el césped de las
dos universidades que les acogieron, la Universidad Nacional
de Ingeniería y la Mayor de San Marcos, ésta a regañadientes.
Las negociaciones se prolongaron todo el día para buscar un
nuevo alojamiento para parte de los llegados a Lima, que han
decidido mantener su protesta. Los peores enfrentamientos
se produjeron de nuevo en el departamento de Puno, cuando
una manifestación de ronderos, organizaciones rurales de vigilancia
que proliferaron durante la época de la guerrilla Sendero
Luminoso y de las que también formó parte Castillo, se enfrentó
en Macusani a la Policía en la noche previa a la toma de Lima.
Dos de sus miembros, una mujer y un hombre, perdieron la vida,
la primera por un impacto en la cabeza y el segundo, en el
tórax. Tras conocerse la muerte violenta de la mujer, grupos
radicales y turbas atacaron durante toda la noche edificios
públicos de Macusani, empezando por la comisaría, que fue
incendiada. La misma suerte corrió el edificio del poder judicial.
Hasta el momento, la Defensoría del Pueblo ha confirmado la
muerte de 53 personas, 43 durante las protestas, nueve por
los bloqueos o accidentes en las carreteras y un suboficial
de la policía quemado vivo por una turba. Los heridos han
superado con creces la barrera de los mil: 722 civiles y 442
agentes.
Los incidentes de mayor calibre continuaron
ayer en los alrededores del aeropuerto de Arequipa, que resistió
el asalto de varios cientos de manifestantes. Mientras, se
sumaban nuevos bloqueos en las vías nacionales, por encima
del centenar. Una vez más, el paro fue obedecido en el sur
de los Andes, el territorio que se ha levantado contra el
poder político de Lima. La última premier del Gabinete Castillo,
Betsy Chávez, aprovechó para reaparecer tras varias semanas
en silencio. Investigada por la Fiscalía por el fallido golpe
de Estado, Chávez declaró en las horas previas que le gustaría
salir a marchar, "pero lo que pasa es que si yo salgo me detienen
por flagrancia o porque dicen que soy azuzadora". La dirigente
de Perú Libre (PL), partido marxista leninista que presentó
a Pedro Castillo y a Dina Boluarte como su candidatura presidencial
en 2021, se mostró muy activa durante los primeros días de
la detención del ex presidente hasta que este fue trasladado
al penal de Barbadillo, que hoy comparte con el dictador Alberto
Fujimori.
Las postales aéreas de la llegada de los manifestantes
a la Plaza San Martín.
El pulso de los manifestantes y de la izquierda
radical contra la presidenta mantiene a Boluarte en una encrucijada
de incierta resolución. En el Parlamento se discute actualmente
la posibilidad de adelantar los comicios presidenciales a
abril del 2024, una fecha que no conforma a la mayoría del
país. En un desliz político, el ministro de Desarrollo, Julio
Demartini, declaró a una radio local que el Gobierno entero,
con Boluarte a la cabeza, dimitiría si se alcanzase la paz
social.
"No hay un escenario perfecto, pero elecciones
en abril de 2024 e inicio de nuevo Gobierno para julio puede
ser demasiado tarde", vaticina el politólogo Fernando Tuesta.
No obstante, la presidenta se mantiene firme
en su decisión de conducir al país hasta la entrega del poder
cuando lo decida el Congreso. Sólo en el caso de su dimisión
pactada con el Congreso para que este elija a un sucesor por
consenso se podrían convocar elecciones en seis meses. Pero
ni siquiera Perú Libre y los grupos parlamentarios que se
le han desgajado a lo largo de la legislatura (Bloque Magisterial,
Perú Democrático y Perú Bicentenario) tienen claro si votar
a favor o no de un nuevo adelanto electoral. Aprobado en diciembre
con 90 votos a favor y 30 en contra, esta decisión debe ser
ratificada el mes que viene para que sea válida. La legislatura
actual debería haber acabado en julio de 2026.
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