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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) ha ordenado al Ayuntamiento del municipio almeriense
de Carboneras —donde se ubica el hotel El Agarrobico levantado
de manera ilegal en el Parque Natural de Cabo de Gata— que
en el plazo de 20 días dicte resolución para anular la licencia
de obras por la que en 2003 se autorizó la construcción de
ese edificio, símbolo de la especulación en la costa. El alto
tribunal andaluz advierte de que, si el Consistorio no acata
su petición, el propio TSJA podrá dejarla sin efecto, directamente,
tal y como estipula la Ley de lo Contencioso Administrativo.
El TSJA acepta así el recurso que el miércoles pasado interpuso
Greenpeace, y al que luego se sumaron la Junta de Andalucía
y el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), en el que
requerían a la justicia que obligara al Ayuntamiento de Carboneras
a anular la licencia de obras o, si persistía en no hacerlo,
ejecutara esa medida, recogida en una sentencia que ese mismo
tribunal dictó en 2021. La ONG y las administraciones adoptaron
esa decisión después de que el pasado 17 de junio, gracias
a los votos de los ediles del PSOE, saliera adelante una moción
para aplazar el pleno en el que se debía revisar de oficio
esa licencia. La anulación de la licencia de obras —que concedió
un alcalde del PSOE— es el paso previo necesario para poder
proceder a la ansiada demolición del Algarrobico.
Vista del hotel del Algarrobico en Carboneras
(Almería).
En 2021, el TSJA dictó una sentencia en la que,
por una parte obligaba a Carboneras a iniciar el expediente
de revisión de oficio de la licencia, pero, por otra, negaba
la posibilidad de demoler el edificio mientras ese título
no se anulara. En todo este tiempo se han sucedido los ultimátums
del alto tribunal andaluz al Ayuntamiento carbonero para que
ejecutara su fallo. Cuando, tras un sinfín de excusas técnicas
por parte del Consistorio para dilatar el cumplimiento de
su obligación, se iba a dar el paso, el apoyo de los ediles
socialistas a una moción presentada por un concejal no adscrito
y avalada también por una exconcejal del PP, frustró las expectativas.
El PSOE de Andalucía ha suspendido de militancia a sus representantes
municipales y ha reclamado, a través de su secretaria general,
María Jesús Montero, que se convoque un pleno extraordinario
para anular la licencia y dar vía libre a la demolición.
Esta parece ser la vía más directa para conseguir
la ansiada desaparición de la mole urbanística, aunque la
propia Montero abrió, en febrero de 2025, la puerta a otro
camino, el de la expropiación forzosa, que si finalmente prospera
la revisión de la licencia de obras, quedaría en suspenso,
aunque, de momento, sigue activa, según explicaron fuentes
del Miteco tras la reunión el pasado martes de la comisión
mixta Gobierno-Junta sobre el Algarrobico.
Las ruinas corresponden a un complejo turístico
de lujo de 411 departamentos y de 21 plantas. Tras la denuncia
de grupos y asociaciones ecologistas y defensoras del medio
ambiente, la construcción fue paralizada y se convirtió en
un símbolo de la especulación urbanística. El litigio sobre
su demolición duró más de dos décadas hasta que 11 de febrero
de 2025 el Consejo de Ministros inició el proceso para la
declaración de interés público e iniciar así los trámites
definitivos para su expropiación y posterior demolición.
En 2011 un juez de Almería rechazó la ejecución
provisional de la sentencia que declaró tres años antes
la ilegalidad de pleno derecho de la licencia para la construcción
del hotel de El Algarrobico, en el parque natural de Cabo
de Gata-Níjar. El auto explica que tal medida «llevaría consigo
perjuicios ciertamente irreparables o irreversibles» para
la promotora, y recuerda que «el mantenimiento de la situación
actual en nada impide la ulterior ejecución de la sentencia»,
pendiente del pronunciamiento del Tribunal Superior de Andalucía.
“Como el Ministerio para la Transición Ecológica
rechazó las últimas alegaciones de la promotora, el proceso
continúa. Ahora ambas partes deben pactar el justiprecio,
es decir, la compensación económica por la expropiación, y
si no logran un acuerdo, la valoración quedará en manos de
un tribunal de expropiaciones, que tendrá que fijar la cantidad
definitiva”, explicaba el pasado año María José Caballero,
responsable de la campaña de costas de Greenpeace, organización
que lleva dos décadas luchando para exigir la demolición del
inmueble y la restauración de ese paraje natural. Esta fase
podría provocar nuevos retrasos, advierte, de forma que, en
el escenario más optimista, la situación “podría resolverse
a finales de año, aunque es más probable que se retrase a
2026".
Desde Greenpeace aclaran que el Gobierno central
solo demolería la parte inferior del inmueble que infringe
la Ley de Costas, ya que se levantó en una zona de dominio
público marítimo-terrestre. La parte superior del hotel, situada
en terreno protegido al formar parte del parque natural, depende
de una actuación similar por parte de la Junta de Andalucía.
“Sin un acuerdo entre administraciones o una decisión firme
de la Junta sobre esa zona, el derribo completo se complica”,
sostiene Caballero. Para la organización ecologista, El Algarrobico
representa uno de los casos más paradigmáticos de especulación
urbanística en el litoral español.
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2022.
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