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Se cumplen 50 años del Operativo Independencia,
nombre que engloba el despliegue represivo que el Ejército
junto a otras fuerzas de seguridad desataron sobre Tucumán
desde el 9 de febrero de 1975. La intervención del Ejército,
comandado por Leandro Anaya, fue autorizada en el decreto
secreto firmado por María Estela Martínez de Perón. El decreto
261/75 señala que era tarea del Ejército “ejecutar las operaciones
militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o
aniquilar el accionar de elementos subversivos”. El verbo
“aniquilar” fue un eufemismo para ocultar que la represión
adquirió la metodología del genocidio: el secuestro, la tortura,
la desaparición forzada y la implementación de centros clandestinos.
En una etapa inicial, el Operativo Independencia fue comandado
por Adel Vilas, bajo la órbita de la V Brigada del Ejército.
A partir de diciembre de 1975, Vilas fue relevado por Antonio
D. Bussi. En la primera etapa Vilas dirigió a 5000 hombres
del Ejército, fuerzas federales y provinciales, y si bien
el objetivo publicitado era la guerrilla –el PRT-ERP había
instalado una Compañía de Monte en 1974–, el accionar represivo
se volcó a la ciudad y los pueblos, origen de una profunda
conflictividad política y social que encontraba en los trabajadores
azucareros la principal referencia.
Adel Vilas y Estela Martínez de Perón pasando
revista a tropas del Operativo Independencia. Perón
fue presidenta de la Nación Argentina desde el 1 de julio
de 1974 hasta su derrocamiento el 24 de marzo de 1976.
La historia de la FOTIA, Federación Obrera Tucumana
de la Industria del Azúcar y el principal sindicato de trabajadores
del azúcar de la provincia de Tucumán, fundado en 1944, atestiguaba
una importante movilización y lucha, mientras también había
otros sectores que mostraban un gran alto de organización
(docentes, ferroviarios, estatales, citrus, metalúrgicos).
El movimiento estudiantil tucumano era uno de los más combativos
del país, con una importante tradición de unidad obrera-estudiantil.
Con el ascenso revolucionario abierto con el Cordobazo, Tucumán
también tendrá sus “azos” en noviembre de 1970 (el Tucumanazo)
y junio de 1972 (el Quintazo), además de las movilizaciones
en mayo de 1969. Teniendo en cuenta esto, el Operativo Independencia
también respondía a una necesidad de golpear y aislar a la
vanguardia obrera y popular, como había sucedido con el Navarrazo
en Córdoba o sucedería en el segundo Villazo en Santa Fe.
La instalación de un frente rural por parte del PRT-ERP, el
Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario
del Pueblo, una de las principales organizaciones guerrilleras
de izquierda en Argentina entre 1969 y 1977, fue parte de
esa conflictividad más vasta.
En su Diario, escrito en 1977 y censurado por
el Ejército, Vilas señala en diferentes oportunidades su intención
de arrasar con ese proceso de movilización, por ejemplo cuando
habla de la reunión con 100 sindicatos para ordenarles que
no haya ni una huelga, su operativo “Zafra feliz” para militarizar
la cosecha y su satisfacción porque en Tucumán no se acató
el paro del 27 de junio de 1975 (el primer paro general contra
el peronismo, tras el Rodrigazo). En su manuscrito Vilas también
relata el circuito y la metodología del genocidio. Con el
Comando Táctico asentado en Famaillá, el Ejército instaló
80 “lugares de reunión de detenidos”, de los cuales 11 podían
ser considerados centros clandestinos, donde los secuestrados
eran interrogados durante cruentas sesiones de torturas con
el fin de recabar más información para nuevos operativos.
Junto al centro clandestino también se expandió la desaparición
forzada de personas, “perfeccionándose” una metodología del
genocidio con oficiales de todo el país que venían a Tucumán
a recibir este “entrenamiento” surgido de las doctrinas que
los franceses y norteamericanos aplicaron en Argelia y Vietnam.
En la “Escuelita de Famaillá”, uno de los principales
centros clandestinos, se estiman que pasaron entre 1500 y
2000 personas.
La instalación de los centros clandestinos es
una forma de ver la responsabilidad de otros actores en el
Operativo Independencia. Los empresarios cedieron sus tierras
y sus fábricas para que se instalen los centros clandestinos
y otras instancias operativas para los secuestros (listas
de activistas y dirigentes gremiales, préstamos de vehículos
y personal, aportes económicos). Las patronales azucareras
fueron las principales interesadas en terminar con la movilización
y organización obrera que venía siendo un freno a sus planes,
como mostró la huelga de la FOTIA en 1974. A la salida de
la dictadura y arrasada la organización sindical, presentaban
una drástica reducción del personal, un aumento de la productividad
y mayores ganancias. El Operativo Independencia tuvo la adhesión
de los partidos patronales como el PJ y la UCR, desde el gobernador
Juri hasta los senadores y diputados provinciales. La Iglesia
fue otro actor clave, con una justificación “cristiana” de
la tortura. Medios hegemónicos como La Gaceta, La Nación y
Clarín reprodujeron la narrativa que el Ejército implantaba
como parte de su “plan de acción psicológica” para ganar apoyo
en la opinión pública.
De acuerdo a la base de datos “Genocidio en
Tucumán (1975-1983)” del Centro de Estudios sobre Genocidio-UNTREF,
el 44% del total de víctimas fueron secuestradas durante el
Operativo Independencia. De ellas, 527 fueron liberadas, 40
asesinados y 258 continúan desaparecidas. Respecto a los obreros
azucareros como blanco, se estableció que 14 de los lugares
utilizados para las detenciones clandestinas estaban vinculados
a la agroindustria azucarera y que 5 de ellos eran o habían
sido fábricas azucareras. Durante el Operativo Independencia
al menos 123 obreros del azúcar fueron secuestrados y la cifra
asciende a 305 durante la Dictadura militar. Producto de la
clandestinidad y del terror instalado, la cifra continúa siendo
un elemento en construcción, ya que incluso muchas denuncias
se presentaron en la última década. Otros datos indicativos
se encuentran en la megacausa del Operativo Independencia,
donde de los 269 casos investigados, alrededor de un 42% de
víctimas fueron obreros y jornaleros y sus familiares directos
(alrededor de 113 casos). Un 15% de víctimas eran dirigentes
sindicales vinculados al peronismo, un 8% eran comerciantes
y personas de oficio, un 5% eran profesionales independientes,
un 4% eran estudiantes universitarios, un 2% eran militantes
políticos de izquierda. Solo un 7% de las víctimas acreditaban
alguna vinculación con el PRT-ERP o Montoneros, una organización
guerrillera peronista argentina, surgida en la década de 1970
durante la dictadura cívico-militar autodenominada Revolución
Argentina.
El operativo resultó en el secuestro y asesinato
de miles de obreros, estudiantes, docentes, militantes sociales
y del ámbito político, familiares que buscaban a sus seres
queridos. Por los métodos empleados, se considera al "Operativo
Independencia" como el inicio de la represión clandestina
que se llevaría adelante de manera sistemática en la Argentina
a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
El Operativo Independencia es la piedra basal
de los apologistas de la dictadura y los negacionistas del
genocidio para construir el relato de una “guerra”, con variantes
como “guerra contra la subversión” o una “guerra sucia”. Al
ser juzgados por delitos de lesa humanidad, jefes militares
como Luciano Benjamín Menéndez o Bussi han recurrido a la
cobertura del decreto de Martínez de Perón, planteando que
estaban siendo juzgados por “haber ganado una guerra”. En
este nuevo aniversario, los sectores de militares retirados
y familiares de condenados por delitos de lesa humanidad,
van a realizar una serie de actividades en Tucumán para reflotar
este relato, incluso de la mano del funcionario nacional José
María Posse de la Casa Histórica y la intendencia del municipio
de Yerba Buena. Estos sectores se envalentonan con la llegada
al gobierno de Victoria Villarruel, hija de un militar condecorado
por Bussi por su actuación en Tucumán y defensora de genocidas,
y por los dichos de Milei de “perseguir a los zurdos” y sus
diatribas contra “el comunismo”. El relato de la “guerra”
es rescatado con el fin de buscar la impunidad de los genocidas,
relato al que le suman la consigna de “memoria completa”.
Javier Gerardo Milei es un economista, político
y docente argentino. Es el presidente de la Nación Argentina
desde el 10 de diciembre de 2023 y líder del partido político
La Libertad Avanza. Su gobierno es negacionista con la dictadura.
En su libro Los dos demonios (recargados), Daniel
Feierstein señala un nuevo uso de la teoría del prólogo original
del Nunca Más —que postulaba un “demonio de derecha” versus
un “demonio de izquierda”, con una sociedad ajena al enfrentamiento—
con el fin de equiparar la violencia del genocidio con la
violencia insurgente, eliminando sus razones estratégicas
y la desigualdad originaria que las explica. Realizan este
rodeo en pos de evitar el juicio y castigo, a la vez de relegitimar
esa violencia estatal en el presente. Organismos de derechos
humanos y organizaciones sociales y políticas realizarán por
estos días diferentes actividades marcando que el Operativo
Independencia fue el inicio del genocidio. Entre las actividades
se incluye un acto en la “Escuelita de Famaillá”, uno de los
Sitios de Memoria atacados por el Gobierno de Milei. “Repudiamos
el vaciamiento, los despidos a trabajadores de la secretaría
de DDHH, y el vaciamiento de los espacios de la memoria, áreas
vinculadas a la investigación de los crímenes de lesa humanidad
durante la última dictadura como el Archivo Nacional de la
Memoria, la CONAIE (vinculada a la investigación y restitución
de identidad de lxs nietxs recuperadxs de manos de sus apropiadores),
del Centro Cultural Conti, etc. y llamamos a defenderlos y
rodearlos de solidaridad”, señalaron en una declaración de
repudio a los actos que reivindican al Operativo Independencia.
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