|
En una sentencia sin precedentes, el máximo
tribunal obligó al Estado ecuatoriano a reconocer su responsabilidad
en la desaparición forzada y muerte de cuatro niños de Las
Malvinas, un caso que expuso los abusos cometidos por militares
en el Gobierno de Daniel Noboa. Cada frase del perdón fue
redactada por los jueces de la Corte Constitucional. “Reconocer
con vergüenza y dolor que el Estado es responsable de un horrendo
suceso, la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro
niños afrodescendientes, habitantes de un barrio popular del
sur de Guayaquil”. Con esa frase comenzó el acto de disculpas
públicas ordenado por la justicia ecuatoriana. Quien la pronunció
fue Mauricio Salazar, comandante de la Fuerza Aérea, la institución
a la que pertenecían los 16 militares que el 8 de diciembre
de 2024 interceptaron a cuatro menores de entre 12 y 17 años
cerca del barrio Las Malvinas. Según determinó la investigación
judicial, los soldados los detuvieron, los golpearon, los
desnudaron y los abandonaron en una zona apartada de la ciudad.
Días después, sus cuerpos aparecieron junto a un manglar.
“Arrebatándoles su libertad, su infancia y su derecho a vivir
dignamente”, continuó leyendo Salazar frente a los padres
de Josué, Ismael, Steven y Nehemías. Era el 4 de junio de
2026 y habían pasado casi 18 meses desde la desaparición de
los menores. Cada una de las palabras había sido redactada
por los jueces de la Corte Constitucional, que obligaron al
Estado a reconocer públicamente su responsabilidad. La sentencia
es inédita y marca un impás en la política de seguridad impulsada
por el presidente Daniel Noboa, quien en enero de 2024 decretó
un conflicto armado interno contra organizaciones criminales
como Los Choneros y Los Lobos, y que desde entonces ha reforzado
el protagonismo de las Fuerzas Armadas en las calles. Organizaciones
de derechos humanos sostienen que esa estrategia ha venido
acompañada de un aumento de denuncias por desapariciones forzadas
y otros abusos cometidos por militares.
Familiares de las cuatro víctimas reaccionan
durante la disculpa pública.
En el Hemiciclo de la Rotonda, en el centro
de Guayaquil, un lugar simbólico para la ciudad, las palabras
del comandante fueron escuchadas por familiares y vecinos
que contenían en sus rostros la rabia en medio del silencio,
que solo cuando terminó de hablar Salazar pudieron gritar:
“¡Eran niños!”, “¡Asesinos!”. El perdón llegó en medio de
un clima de desconfianza. Un día antes, el Comité Permanente
por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) denunció que
familiares de las víctimas estaban siendo hostigados por militares.
Entre los hechos reportados constaba la presencia de soldados
en la vivienda de una de las madres, un episodio que la organización
calificó como un acto de amedrentamiento. “En otras ocasiones,
dentro de este mismo caso, lo que ha ocurrido son ataques
a jueces que sentencian, a organismos de derechos humanos
que han patrocinado el caso y a las familias que las señalan
como parte de grupos organizados”, señala Billy Navarrete
del CDH. Por eso muchos recibieron las disculpas públicas
con escepticismo; entendían que si no hubiesen sido obligados
por el máximo tribunal del país, ese acto jamás se hubiese
realizado. Aunque la justicia condenó a los integrantes de
la patrulla a la pena máxima de 34 años de prisión en primera
instancia, para Diana Roca, del Comité de Madres Buscadoras,
el acto tenía un significado que iba más allá del caso de
los cuatro niños. “Es una forma de que la gente conozca lo
que pasó, y que también se visibilicen nuestros casos, para
que sepan que no solo fueron los cuatro niños de las Malvinas;
antes de los niños de las Malvinas existieron más desaparecidos
por militares. Solo que nadie habló de ellos”. Diana es tía
de Dave Robin Loor Roca, un joven de 20 años, que desapareció
el 26 de agosto de 2024, tras ser requisado por una patrulla
militar en la ciudad de Ventanas, en Los Ríos, la provincia
de la costa ecuatoriana que se ha convertido en el epicentro
de la violencia. “Buscamos que las Fuerzas Armadas desclasifiquen
la información y nos digan dónde están todos los desaparecidos”,
señala Roca. Desde 2024, cuando el Gobierno de Daniel Noboa
decretó un conflicto armado interno para hacer frente a las
acciones violentas del crimen organizado, la Fiscalía ha registrado
51 denuncias de desapariciones forzadas, una cifra que va
en aumento.
Disculpa pública de la Fuerza Aérea este jueves,
en Guayaquil (Ecuador).
La parte más dura de las disculpas llegó cuando
el comandante leyó que el Estado no solo había fallado en
proteger a los cuatro menores, sino también en responder a
sus familias. La Corte Constitucional obligó a reconocer que
el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas no proporcionaron
información inmediata, completa ni veraz sobre la detención,
el paradero y la suerte de los niños. La respuesta oficial,
admitió el texto, fue “tardía, fragmentaria y contradictoria”,
una cadena de omisiones que prolongó durante días la incertidumbre
de los padres mientras buscaban a sus hijos sin recibir respuestas.
Después vino otra admisión —poco habitual— en un país donde
las autoridades rara vez rectifican: el reconocimiento de
que altos funcionarios contribuyeron a estigmatizar a las
víctimas. Durante semanas, funcionarios del Gobierno rechazaron
que se tratara de una desaparición forzada e insinuaron vínculos
de los adolescentes con estructuras criminales, reforzando
estereotipos sobre la juventud afrodescendiente de los barrios
más pobres de Guayaquil. Para sus amigos y vecinos esta parte
era fundamental. “Lo más importante es que el nombre de estos
niños no se manche”, dijo Susana Veloz, de la Fundación Nueva
Vida, que trabaja en Las Malvinas y conocía de cerca a los
cuatro. “Eran chicos sanos, deportistas, artistas, que tenían
ganas de vivir y muchos sueños”. Cuando terminó la lectura,
llegó el momento más esperado del acto: la respuesta de los
padres. Uno a uno tomaron el micrófono y, pese al dolor acumulado
durante un año y medio entre la búsqueda, incertidumbre, el
proceso judicial y el duelo, aceptaron las disculpas públicas
del Estado. No porque consideraran cerrado el caso, sino porque
entendían el gesto como un reconocimiento que durante meses
les fue negado.
Luis Arroyo, padre de Josué e Ismael, dijo que
al menos existía la esperanza de que reconocieran que se había
actuado mal contra los cuatro niños y que esa decisión había
devastado a familias enteras. Silvana Lajones, madre de Steven,
aseguró que aceptaba el perdón porque no le correspondía juzgar.
Y Johana Arboleda, madre de Nehemías, aprovechó el momento
para reiterar la exigencia que ha acompañado a los familiares
desde el primer día: conocer toda la verdad sobre lo ocurrido
y evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse. La última
en intervenir fue Kathy, madre de Josué e Ismael. Pidió que
se pusieran de pie las madres buscadoras de desaparecidos.
Varias mujeres se levantaron con sus carteles con los rostros
de sus familiares. Entonces, un militar vestido de civil comenzó
a exigirles que se sentaran. La tensión se apoderó de la sala.
Los presentadores dieron por concluido el acto de forma abrupta
y el comandante abandonó el lugar escoltado por una docena
de soldados. El acto concebido para pedir perdón terminó con
una escena que resumía la desconfianza acumulada durante meses:
las familias reclamando respuestas mientras los militares
se retiraban en silencio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
