www.juezyverdugo.es --- contacto@juezyverdugo.es

 

27 - Octubre - 2021
>>>> Destacado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una comisión de investigación del Senado brasileño sobre la gestión de la pandemia por parte del Gobierno ha aprobado esta madrugada, por siete votos a favor y cuatro en contra, un informe que acusa al presidente Jair Bolsonaro de crímenes contra la humanidad y otros ocho delitos que habría cometido al poner en cuestión la gravedad del coronavirus desde su controvertida postura negacionista. La denuncia será remitida a la Fiscalía General del Estado, cuyo titular, Augusto Aras, fue designado por el mandatario ultraderechista y cuya imparcialidad es puesta en duda por los opositores al presidente. No obstante, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) también enviará el informe al Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil y probablemente a la Corte Penal Internacional de La Haya.

Tras una investigación de seis meses sobre cómo el Gobierno brasileño gestionó la propagación de la covid, el informe fue presentado la semana pasada en la Cámara Alta por su ponente, el senador derechista Renan Calheiros, que fue apartado de la presidencia del Senado en el 2016 por sospechas de corrupción. Antes de entrar en la sesión de la CPI, Calheiros cargó contra Bolsonaro, a quien calificó de “asesino en serie”. El senador afirmó que “la sociedad quería saber quién asumió la responsabilidad por el agravamiento de las muertes” por la pandemia y por qué no fueron evitadas. “Muertes que la CPI demostró que podrían haber sido evitadas”, declaró Calheiros. Ayer, Brasil rozaba ya los 606.000 fallecidos por el virus.

El senador, Renan Calheiros, ponente de la Comisión Penal de Investigación del Senado sobre la gestión de la pandemia.

“Esta responsabilidad es de mucha gente, hay muchos acusados, pero principalmente es de este presidente, este asesino en serie, que tiene la compulsión de matar y sigue repitiendo todo lo que ha hecho hasta ahora”, aseguró Calheiros. “Con la declaración de que la vacuna puede provocar el sida, demuestra claramente que no respeta la vida de los brasileños”, añadió el senador, en referencia a las declaraciones de Bolsonaro de la semana pasada donde aseguró que las vacunas contra la covid causaban el sida.

Protesta en Brasilia contra la gestión de la pandemia por parte del presidente Jair Bolsonaro.

Además de Bolsonaro, se acusa a dos empresas y a otros 79 altos funcionarios, incluyendo a los tres hijos del mandatario metidos en política: Eduardo (diputado), Flávio (senador) y Carlos (concejal de Río de Janeiro). También figuran en la lista, además de varios exministros, el gobernador del estado de Amazonas, Wilson Lima, o los actuales ministros de Salud, Marcelo Queiroga; Trabajo, Onyx Lorenzoni; Defensa, general Walter Braga Netto; y Contraloría, Wagner Rosario.

Convertido en emblema mundial del negacionismo de la pandemia, Bolsonaro es acusado, además de crímenes contra la humanidad, de otros ocho delitos: infracción de medidas sanitarias, epidemia con resultado de muerte, uso irregular de fondos públicos, atentado contra la dignidad del cargo, prevaricación, incitación a la comisión de delitos, charlatanería médica y falsificación de documentos.

Las acusaciones contra el mandatario se basan en el análisis de sus actuaciones desde que estalló la pandemia a principios del año pasado. El informe señala como hechos constitutivos de delito la promoción que Bolsonaro hizo de la cloroquina para paliar los efectos de la covid y el uso de dinero público para comprarla. La cloroquina es un fármaco antipalúdico, cuyo uso contra el coronavirus fue desaconsejado por los expertos mundiales en la enfermedad. La CPI también señala los actos y manifestaciones en los que participó el mandatario –que promovía la asistencia masiva- durante los meses más duros de la pandemia, donde se producían aglomeraciones y no se respetaba el uso de la mascarilla.

Entre otras acusaciones, el informe apunta a la red de activistas de ultraderecha, supuestamente organizada por el entorno de Bolsonaro, para difundir noticias falsas sobre la covid. “Bolsonaro colaboró fuertemente en la propagación de la covid en Brasil y, de esta manera, se mostró como el principal responsable de los errores cometidos por Gobierno”, indica el informe de la comisión senatorial.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, recientemente durante un acto en el palacio de Planalto de Brasilia.

Tras hacerse público el texto del informe, Bolsonaro despreció las acusaciones en su contra alegando que no tiene “la culpa de absolutamente nada”, en relación a la propagación de la pandemia. El líder populista aseguró entonces que hizo “las cosas correctas” desde el estallido de la crisis sanitaria. El presidente desdeñó la investigación de la CPI. “Nada producirán, a no ser odio y rencor”, dijo. “Qué bueno que sería que esa CPI estuviese haciendo algo productivo para nuestro Brasil”, añadió.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Cobayas humanas en Brasil? Las autoridades investigan 200 muertes en el estudio de un medicamento experimental contra la covid-19 La Unesco advierte de que este podría ser uno de los “episodios más serios y graves de infracción ética” en la historia de América Latina.

Zenite Gonzaga Mota, de 71 años, comenzó a sufrir los síntomas de la covid-19 a principios de febrero. Después de una semana tratándose en casa, sintió que le faltaba el aire y su hija, Alzenira, la llevó a un centro de urgencias de Itacoatiara, en el Estado brasileño de Amazonas, a 270 kilómetros de Manaos, capital de la región. Días después, la mujer se convirtió en cobaya humana en un estudio irregular para probar en pacientes de covid la proxalutamida, una droga experimental que se aplica para algunos tipos de cáncer. Pero ni ella ni sus familiares supieron que formaba parte de un experimento que ha situado a Brasil en el centro de un escándalo científico. La Comisión Nacional de Ética en la Investigación (CONEP, por sus siglas en portugués) investiga la muerte de unos 200 pacientes ingresados en diferentes centros que participaban en el estudio, y la familia de Zenite ha presentado una denuncia para que se aclare si su muerte se debió a la proxalutamida.

La mujer sufría un descenso de la saturación de oxígeno y se le diagnosticó una infección pulmonar, por lo que el médico recomendó un ingreso en el hospital regional José Mendes, en su ciudad, para tratarla con antibióticos. Poco después de entrar en el centro hospitalario, el Grupo Samel, dedicado a la atención médica y hospitalaria, anunció, a través de su presidente, Luiz Alberto Nicolau, que la ciudad de Itacoatiara sería la primera en beneficiarse “de un medicamento estadounidense para el tratamiento del cáncer que funciona excepcionalmente contra la covid-19". Se trataba de la proxalutamida, que no está registrada en Brasil y no se utiliza en ningún tratamiento en el país. Según Nicolau, a petición del alcalde, Mario Abrahim, Samel administraría el tratamiento en todos los pacientes de covid-19 ingresados en los hospitales municipales de Itacoatiara, un estudio que estaría coordinado por el médico Flavio Cadegiani, con “la expectativa de que sea algo muy importante para la ciudad”, según difundió la empresa en vídeos en las redes sociales.

Alessandra y Conceição Mota, sobrina y hermana de Zenite Gonzaga, exhiben un expediente médico que acredita el trato irregular de su familiar.

Zenite pasó a tomar tres cápsulas de proxalutamida al día a partir del 11 de febrero, según el historial médico que mostró su sobrina para este reportaje. También inhalaba dosis diarias de hidroxicloroquina y tomaba ivermectina, fármacos de probada ineficacia para combatir el coronavirus. “Mi tía llegó bien al hospital el 6 de febrero. Se alimentaba sola e iba al baño sin ayuda. A veces inhalaba un poco de oxígeno con el balón, pero nada anormal en ese contexto”, dice Alessandra Mota, de 40 años, su sobrina, que la acompañó durante el mes que estuvo ingresada en Itacoatiara. Recibían los medicamentos en sobres y los familiares se encargaban de administrárselos a los pacientes.

Durante el tratamiento, según Alessandra, el equipo médico no hizo ningún seguimiento, ni para comprobar la cantidad ni la forma en que la paciente se tomaba los medicamentos, y mucho menos para anotar algún resultado. “En cuanto empezó a tomar la medicación, sintió que le faltaba el aire”, declara su sobrina. Dice que también vio cómo Zenite alcanzaba las 170 pulsaciones por minuto, tenía sangre en la orina, hematomas en el pie y diarrea durante semanas. “No se nos explicó qué medicamento era ni que se trataba de un estudio. Solo nos dieron un papel que firmamos porque confiamos en los médicos”, dice Alessandra.

La familia intentó trasladar a la paciente a Manaos, pero la dirección del hospital de Itacoatiara denegó la petición varias veces. Cuando finalmente lo consiguió, Zenite fue trasladada en “estado de debilidad” a un hospital de la capital regional, donde murió el 13 de marzo. La tía de Alessandra no fue la única cobaya humana en lo que supuestamente ha sido un estudio clandestino con proxalutamida. La CONEP estima que se produjeron al menos 200 muertes entre los participantes, ninguna de las cuales se analizó de forma adecuada.

La CONEP es un órgano del Ministerio de Sanidad que fiscaliza los protocolos de investigación con seres humanos. La comisión llegó a autorizar el estudio con proxalutamida a principios de este año, pero señala que el que se realizó en el Estado de Amazonas implicó a más personas de las que se habían aprobado inicialmente (645 participantes, cuando el número permitido era de 294), y se llevó a cabo con “pacientes de cuidados intensivos gravemente enfermos”, lo que tampoco había sido aprobado. “Hay indicios de irregularidades en el estudio, así como transgresiones de las normas vigentes sobre ética en investigación con seres humanos”, afirma el documento firmado por el coordinador de la CONEP, Jorge Venâncio, el 3 de septiembre.

Además de Itacoatiara, el organismo recibió denuncias del mismo experimento en Manaos, Maués y Parintins (ciudades del Estado de Amazonas, en el norte de Brasil), y otras tres ciudades del sur. Ninguno de ellos había sido autorizado por la Comisión.

El pasado 9 de octubre, investigadores de la Red Latinoamericana y del Caribe de Educación en Bioética de la Unesco hicieron público un documento en el que señalan que este podría ser uno de los “episodios más serios y graves de infracción ética” y de “violación de los derechos humanos” de pacientes en la historia de América Latina. “Es urgente que, si se demuestran las irregularidades, se investigue a todos los implicados —incluidos los equipos de investigación, las instituciones responsables y los patrocinadores, nacionales y extranjeros— y se les exija responsabilidades éticas y legales”, dice el texto. El médico Flavio Cadegiani, responsable del estudio, replicó en una nota que las afirmaciones de los investigadores de la Unesco “se basan en falsas premisas”. “El medicamento en prueba no produjo eventos adversos graves”, aseguró. Según el médico, la Comisión Nacional de Ética intentó invalidar el estudio “tras el interés que demostró el presidente Jair Bolsonaro en la proxalutamida”, una acusación indirecta de que el organismo sanitario reaccionó por motivaciones políticas. Bolsonaro citó el fármaco como un posible medicamento eficaz contra la covid-19 el 18 de julio. Sin embargo, subrayó que “esto existe en Brasil, pero aún no está probado científicamente”.

Cadegiani también ha destacado el hecho de que el organismo de Sanidad aprobara otros 25 estudios con el mismo medicamento. “Al fin y al cabo, si existiera la más mínima sospecha de que la proxalutamida provocara la muerte de alguien, la CONEP nunca habría aprobado absolutamente ningún otro estudio con el fármaco”, ha argumentado. Luiz Alberto Nicolau, presidente del Grupo Samel, que considera que el caso está motivado políticamente, asegura incluso que las muertes son de personas que recibieron placebo, algo que la CONEP afirma que la empresa no ha demostrado. La familia de Zenite ha presentado una demanda contra el Grupo Samel y el Ayuntamiento de Itacoatiara por un “tratamiento irregular”, y exige que se aclare el caso. “Vi a mi tía llegar al hospital con la esperanza de que mejoraría en cinco días. En la sala donde estaba ingresada había muchas personas que morían tras recibir este tratamiento. Fue un campamento de terror, y sé que no solo por la covid-19. Lo que queremos es que se investigue”, dice la sobrina.

Más de 21 millones de casos acumulados de COVID-19 han sido registrados en Brasil. Esta enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 fue registrada por primera vez en territorio brasileño el 26 de febrero de 2020. Asimismo, la primera muerte registrada fue reportada el 18 de marzo de 2020. Alrededor de un año y siete meses después, el número de personas fallecidas a causa de esta enfermedad alcanzó las 607.824.

Pásate por ...

destacados de Marzo 2021.

destacados de Junio 2020.

destacados de Agosto 2019.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUBE DE

ETIQUETAS

NOVEDADES EDITORIALES