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Una comisión de investigación del Senado brasileño sobre
la gestión de la pandemia por parte del Gobierno ha aprobado
esta madrugada, por siete votos a favor y cuatro en contra,
un informe que acusa al presidente Jair Bolsonaro de crímenes
contra la humanidad y otros ocho delitos que habría cometido
al poner en cuestión la gravedad del coronavirus desde su
controvertida postura negacionista. La denuncia será remitida
a la Fiscalía General del Estado, cuyo titular, Augusto Aras,
fue designado por el mandatario ultraderechista y cuya imparcialidad
es puesta en duda por los opositores al presidente. No obstante,
la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) también enviará
el informe al Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil y probablemente
a la Corte Penal Internacional de La Haya.
Tras una investigación de seis meses sobre cómo el Gobierno
brasileño gestionó la propagación de la covid, el informe
fue presentado la semana pasada en la Cámara Alta por su ponente,
el senador derechista Renan Calheiros, que fue apartado de
la presidencia del Senado en el 2016 por sospechas de corrupción.
Antes de entrar en la sesión de la CPI, Calheiros cargó contra
Bolsonaro, a quien calificó de “asesino en serie”. El senador
afirmó que “la sociedad quería saber quién asumió la responsabilidad
por el agravamiento de las muertes” por la pandemia y por
qué no fueron evitadas. “Muertes que la CPI demostró que podrían
haber sido evitadas”, declaró Calheiros. Ayer, Brasil rozaba
ya los 606.000 fallecidos por el virus.
El senador, Renan Calheiros, ponente de la Comisión Penal
de Investigación del Senado sobre la gestión de la pandemia.
“Esta responsabilidad es de mucha gente, hay muchos acusados,
pero principalmente es de este presidente, este asesino en
serie, que tiene la compulsión de matar y sigue repitiendo
todo lo que ha hecho hasta ahora”, aseguró Calheiros. “Con
la declaración de que la vacuna puede provocar el sida, demuestra
claramente que no respeta la vida de los brasileños”, añadió
el senador, en referencia a las declaraciones de Bolsonaro
de la semana pasada donde aseguró que las vacunas contra la
covid causaban el sida.
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Protesta en Brasilia contra la gestión de la pandemia por
parte del presidente Jair Bolsonaro.
Además de Bolsonaro, se acusa a dos empresas y a otros 79
altos funcionarios, incluyendo a los tres hijos del mandatario
metidos en política: Eduardo (diputado), Flávio (senador)
y Carlos (concejal de Río de Janeiro). También figuran en
la lista, además de varios exministros, el gobernador del
estado de Amazonas, Wilson Lima, o los actuales ministros
de Salud, Marcelo Queiroga; Trabajo, Onyx Lorenzoni; Defensa,
general Walter Braga Netto; y Contraloría, Wagner Rosario.
Convertido en emblema mundial del negacionismo de la pandemia,
Bolsonaro es acusado, además de crímenes contra la humanidad,
de otros ocho delitos: infracción de medidas sanitarias, epidemia
con resultado de muerte, uso irregular de fondos públicos,
atentado contra la dignidad del cargo, prevaricación, incitación
a la comisión de delitos, charlatanería médica y falsificación
de documentos.
Las acusaciones contra el mandatario se basan en el análisis
de sus actuaciones desde que estalló la pandemia a principios
del año pasado. El informe señala como hechos constitutivos
de delito la promoción que Bolsonaro hizo de la cloroquina
para paliar los efectos de la covid y el uso de dinero público
para comprarla. La cloroquina es un fármaco antipalúdico,
cuyo uso contra el coronavirus fue desaconsejado por los expertos
mundiales en la enfermedad. La CPI también señala los actos
y manifestaciones en los que participó el mandatario –que
promovía la asistencia masiva- durante los meses más duros
de la pandemia, donde se producían aglomeraciones y no se
respetaba el uso de la mascarilla.
Entre otras acusaciones, el informe apunta a la red de activistas
de ultraderecha, supuestamente organizada por el entorno de
Bolsonaro, para difundir noticias falsas sobre la covid. “Bolsonaro
colaboró fuertemente en la propagación de la covid en Brasil
y, de esta manera, se mostró como el principal responsable
de los errores cometidos por Gobierno”, indica el informe
de la comisión senatorial.
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, recientemente durante
un acto en el palacio de Planalto de Brasilia.
Tras hacerse público el texto del informe, Bolsonaro despreció
las acusaciones en su contra alegando que no tiene “la culpa
de absolutamente nada”, en relación a la propagación de la
pandemia. El líder populista aseguró entonces que hizo “las
cosas correctas” desde el estallido de la crisis sanitaria.
El presidente desdeñó la investigación de la CPI. “Nada producirán,
a no ser odio y rencor”, dijo. “Qué bueno que sería que esa
CPI estuviese haciendo algo productivo para nuestro Brasil”,
añadió.
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¿Cobayas humanas en Brasil? Las autoridades
investigan 200 muertes en el estudio de un medicamento experimental
contra la covid-19 La Unesco advierte de que este podría ser
uno de los “episodios más serios y graves de infracción ética”
en la historia de América Latina.
Zenite Gonzaga Mota, de 71 años, comenzó a sufrir
los síntomas de la covid-19 a principios de febrero. Después
de una semana tratándose en casa, sintió que le faltaba el
aire y su hija, Alzenira, la llevó a un centro de urgencias
de Itacoatiara, en el Estado brasileño de Amazonas, a 270
kilómetros de Manaos, capital de la región. Días después,
la mujer se convirtió en cobaya humana en un estudio irregular
para probar en pacientes de covid la proxalutamida, una droga
experimental que se aplica para algunos tipos de cáncer. Pero
ni ella ni sus familiares supieron que formaba parte de un
experimento que ha situado a Brasil en el centro de un escándalo
científico. La Comisión Nacional de Ética en la Investigación
(CONEP, por sus siglas en portugués) investiga la muerte de
unos 200 pacientes ingresados en diferentes centros que participaban
en el estudio, y la familia de Zenite ha presentado una denuncia
para que se aclare si su muerte se debió a la proxalutamida.
La mujer sufría un descenso de la saturación
de oxígeno y se le diagnosticó una infección pulmonar, por
lo que el médico recomendó un ingreso en el hospital regional
José Mendes, en su ciudad, para tratarla con antibióticos.
Poco después de entrar en el centro hospitalario, el Grupo
Samel, dedicado a la atención médica y hospitalaria, anunció,
a través de su presidente, Luiz Alberto Nicolau, que la ciudad
de Itacoatiara sería la primera en beneficiarse “de un medicamento
estadounidense para el tratamiento del cáncer que funciona
excepcionalmente contra la covid-19". Se trataba de la proxalutamida,
que no está registrada en Brasil y no se utiliza en ningún
tratamiento en el país. Según Nicolau, a petición del alcalde,
Mario Abrahim, Samel administraría el tratamiento en todos
los pacientes de covid-19 ingresados en los hospitales municipales
de Itacoatiara, un estudio que estaría coordinado por el médico
Flavio Cadegiani, con “la expectativa de que sea algo muy
importante para la ciudad”, según difundió la empresa en vídeos
en las redes sociales.
Alessandra y Conceição Mota, sobrina y hermana
de Zenite Gonzaga, exhiben un expediente médico que acredita
el trato irregular de su familiar.
Zenite pasó a tomar tres cápsulas de proxalutamida
al día a partir del 11 de febrero, según el historial médico
que mostró su sobrina para este reportaje. También inhalaba
dosis diarias de hidroxicloroquina y tomaba ivermectina, fármacos
de probada ineficacia para combatir el coronavirus. “Mi tía
llegó bien al hospital el 6 de febrero. Se alimentaba sola
e iba al baño sin ayuda. A veces inhalaba un poco de oxígeno
con el balón, pero nada anormal en ese contexto”, dice Alessandra
Mota, de 40 años, su sobrina, que la acompañó durante el mes
que estuvo ingresada en Itacoatiara. Recibían los medicamentos
en sobres y los familiares se encargaban de administrárselos
a los pacientes.
Durante el tratamiento, según Alessandra, el
equipo médico no hizo ningún seguimiento, ni para comprobar
la cantidad ni la forma en que la paciente se tomaba los medicamentos,
y mucho menos para anotar algún resultado. “En cuanto empezó
a tomar la medicación, sintió que le faltaba el aire”, declara
su sobrina. Dice que también vio cómo Zenite alcanzaba las
170 pulsaciones por minuto, tenía sangre en la orina, hematomas
en el pie y diarrea durante semanas. “No se nos explicó qué
medicamento era ni que se trataba de un estudio. Solo nos
dieron un papel que firmamos porque confiamos en los médicos”,
dice Alessandra.
La familia intentó trasladar a la paciente a
Manaos, pero la dirección del hospital de Itacoatiara denegó
la petición varias veces. Cuando finalmente lo consiguió,
Zenite fue trasladada en “estado de debilidad” a un hospital
de la capital regional, donde murió el 13 de marzo. La tía
de Alessandra no fue la única cobaya humana en lo que supuestamente
ha sido un estudio clandestino con proxalutamida. La CONEP
estima que se produjeron al menos 200 muertes entre los participantes,
ninguna de las cuales se analizó de forma adecuada.
La CONEP es un órgano del Ministerio de Sanidad
que fiscaliza los protocolos de investigación con seres humanos.
La comisión llegó a autorizar el estudio con proxalutamida
a principios de este año, pero señala que el que se realizó
en el Estado de Amazonas implicó a más personas de las que
se habían aprobado inicialmente (645 participantes, cuando
el número permitido era de 294), y se llevó a cabo con “pacientes
de cuidados intensivos gravemente enfermos”, lo que tampoco
había sido aprobado. “Hay indicios de irregularidades en el
estudio, así como transgresiones de las normas vigentes sobre
ética en investigación con seres humanos”, afirma el documento
firmado por el coordinador de la CONEP, Jorge Venâncio, el
3 de septiembre.
Además de Itacoatiara, el organismo recibió
denuncias del mismo experimento en Manaos, Maués y Parintins
(ciudades del Estado de Amazonas, en el norte de Brasil),
y otras tres ciudades del sur. Ninguno de ellos había sido
autorizado por la Comisión.
El pasado 9 de octubre, investigadores de la
Red Latinoamericana y del Caribe de Educación en Bioética
de la Unesco hicieron público un documento en el que señalan
que este podría ser uno de los “episodios más serios y graves
de infracción ética” y de “violación de los derechos humanos”
de pacientes en la historia de América Latina. “Es urgente
que, si se demuestran las irregularidades, se investigue a
todos los implicados —incluidos los equipos de investigación,
las instituciones responsables y los patrocinadores, nacionales
y extranjeros— y se les exija responsabilidades éticas y legales”,
dice el texto. El médico Flavio Cadegiani, responsable del
estudio, replicó en una nota que las afirmaciones de los investigadores
de la Unesco “se basan en falsas premisas”. “El medicamento
en prueba no produjo eventos adversos graves”, aseguró. Según
el médico, la Comisión Nacional de Ética intentó invalidar
el estudio “tras el interés que demostró el presidente Jair
Bolsonaro en la proxalutamida”, una acusación indirecta de
que el organismo sanitario reaccionó por motivaciones políticas.
Bolsonaro citó el fármaco como un posible medicamento eficaz
contra la covid-19 el 18 de julio. Sin embargo, subrayó que
“esto existe en Brasil, pero aún no está probado científicamente”.
Cadegiani también ha destacado el hecho de que
el organismo de Sanidad aprobara otros 25 estudios con el
mismo medicamento. “Al fin y al cabo, si existiera la más
mínima sospecha de que la proxalutamida provocara la muerte
de alguien, la CONEP nunca habría aprobado absolutamente ningún
otro estudio con el fármaco”, ha argumentado. Luiz Alberto
Nicolau, presidente del Grupo Samel, que considera que el
caso está motivado políticamente, asegura incluso que las
muertes son de personas que recibieron placebo, algo que la
CONEP afirma que la empresa no ha demostrado. La familia de
Zenite ha presentado una demanda contra el Grupo Samel y el
Ayuntamiento de Itacoatiara por un “tratamiento irregular”,
y exige que se aclare el caso. “Vi a mi tía llegar al hospital
con la esperanza de que mejoraría en cinco días. En la sala
donde estaba ingresada había muchas personas que morían tras
recibir este tratamiento. Fue un campamento de terror, y sé
que no solo por la covid-19. Lo que queremos es que se investigue”,
dice la sobrina.
Más de 21 millones de casos acumulados de COVID-19
han sido registrados en Brasil. Esta enfermedad causada por
el virus SARS-CoV-2 fue registrada por primera vez en territorio
brasileño el 26 de febrero de 2020. Asimismo, la primera muerte
registrada fue reportada el 18 de marzo de 2020. Alrededor
de un año y siete meses después, el número de personas fallecidas
a causa de esta enfermedad alcanzó las 607.824.
Pásate por ...
destacados de Marzo 2021.
destacados de Junio 2020.
destacados de Agosto 2019.
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