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El Ministerio del Interior español declaró el estado de emergencia
en algunas CC.AA. tras un apagón nacional que paralizó gran
parte de la Península Ibérica. Los técnicos siguen trabajando
para restablecer el suministro eléctrico. Un apagón sin precedentes
paralizó el lunes gran parte de España y Portugal, deteniendo
trenes, cortando el servicio telefónico y apagando semáforos
y cajeros automáticos a millones de personas en toda la Península
Ibérica (zona hispanoportuguesa donde viven más de 50 millones
de ciudadanos). Se desconoce el número exacto de personas
perjudicadas por el corte de electricidad. Los apagones afectaron
a muchas zonas urbanas densamente pobladas. En España, grandes
centros como Madrid, Barcelona, Sevilla, Ávila, Murcia, Galicia,
Alicante y Zaragoza se vieron afectados. En Portugal, las
dos mayores ciudades, Lisboa y Oporto, sufrieron problemas
similares. Aún se desconoce el motivo del apagón, pero varios
funcionarios han descartado que se trate de un sabotaje. "En
este momento, no hay indicios de ningún ciberataque", escribió
el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un post
en X.
España y Portugal a las 3:12 del martes 29 de abril.
La distribuidora española Red Eléctrica declinó especular
sobre la causa del apagón, que comenzó sobre las 12:30, hora
de Madrid, y dijo que el restablecimiento total del suministro
podría llevar entre seis y diez horas. El jefe de operaciones,
Eduardo Prieto, dijo a los periodistas que se trataba de un
hecho sin precedentes y calificó el suceso de "excepcional
y extraordinario". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
ha asegurado esta mañana de que va a realizarse una investigación
exhaustiva sobre lo sucedido, además de solicitar un informe
independiente a la Comisión Europea. Durante su comparecencia,
el presidente ha apuntado a las operadoras privadas como parte
de estas pesquisas. La compañía Iberdrola ha sido la primera
en reaccionar, asegurando haber colaborado en todo lo que
Red Eléctrica (entidad público-privada) y las autoridades
les han reclamado. "En función de dicha causa, Iberdrola España
valorará adoptar las medidas necesarias para la defensa de
sus derechos y los de sus clientes", han dicho en un comunicado.
Interior confirmó que el ministro Marlaska firmó la orden
por la que se declara la emergencia de interés nacional en
las comunidades autónomas que lo hayan solicitado. Por el
momento, Madrid, Murcia, Extremadura, Andalucía, La Rioja,
Galicia, Valencia y Castilla-La Mancha solicitaron este estado
para tener la ayuda y coordinación del Gobierno central.
En un discurso a última hora de la noche compartido en las
redes sociales, el presidente del Gobierno español, Pedro
Sánchez, anunció que se había restablecido el 50% del suministro
nacional y aseguró a la nación que se estaban movilizando
todos los recursos del Estado para hacer frente a la crisis
y resolver el problema. "Vamos a trabajar a tope, toda la
noche. Con profesionalidad y compromiso. Como siempre hace
España en estas situaciones", escribió Sánchez. Por su parte,
el primer ministro en funciones portugués, Luís Montenegro,
anunció que pedirán una auditoría independiente de la UE para
esclarecer las causas del apagón, y aseguró que los funcionarios
del Estado siguen trabajando sin descanso para restablecer
la conectividad en las zonas afectadas. "Estamos en contacto
permanente con las fuerzas de seguridad, protección civil,
las fuerzas armadas, los hospitales y las empresas de suministro
de combustible para garantizar la capacidad de respuesta en
infraestructuras esenciales y el apoyo a los necesitados",
dijo Montenegro en un post en X.
Una joven pareja sentada en la terraza de un bar cerrado
en un mirador con vistas a Lisboa durante el apagón.
Partes del sur de Francia también se vieron brevemente afectadas,
pero las autoridades afirman que el servicio se restableció
rápidamente tras una oportuna intervención. Sánchez dijo que
una "fuerte oscilación" en la red europea estaba detrás del
apagón, pero que aún se estaba determinando la causa. Pidió
a la población que se abstuviera de especular e instó a los
ciudadanos a llamar a los servicios de emergencia sólo si
era realmente necesario. Se trata del segundo apagón grave
en Europa en menos de seis semanas, después de que el 20 de
marzo un incendio paralizara el aeropuerto británico de Heathrow.
El apagón comenzó después del mediodía. Las oficinas cerraron
y el tráfico se colapsó en las principales ciudades. En Barcelona,
civiles dirigieron el tráfico. Los servicios ferroviarios
de ambos países se detuvieron, dejando varados a decenas de
miles de pasajeros.
El Ministro de Transportes español, Óscar Puente, publicó
en las redes sociales que no sería posible volver a poner
en marcha los trenes el lunes aunque volviera la electricidad.
En Madrid, cientos de personas intentaban hacer autostop en
una parada de autobús que lleva a los viajeros al aeropuerto.
Algunos sostenían carteles improvisados para convencer a los
conductores de que les llevaran. Los hospitales y otros servicios
de emergencia recurrieron a generadores. Entre los más afectados
había pacientes confinados en casa que dependían de máquinas
de oxígeno. Las gasolineras dejaron de funcionar. No fue posible
hacer llamadas ni enviar mensajes de texto en la mayoría de
las redes de telefonía móvil, aunque algunas personas consiguieron
conectarse en ciertas aplicaciones de mensajería con conexiones
de datos intermitentes. La gente buscó en las tiendas radios
a pilas para mantenerse informada.
Demanda de energía eléctrica en tiempo real, estructura de
generación y emisiones de CO2.
Un gráfico de la página web de la red eléctrica española
que mostraba la demanda en todo el país indicaba una fuerte
caída hacia las 12:30, de 27.500 megavatios a cerca de 15.000
megavatios. Los aeropuertos españoles funcionaron con sistemas
eléctricos de reserva y algunos vuelos sufrieron retrasos,
según Aena, que gestiona 56 aeropuertos en España, incluidos
los de Madrid y Barcelona. En Lisboa, las terminales cerraron
y los turistas esperaban sentados a la intemperie noticias
sobre los vuelos. El Parlamento español cerró sus puertas
en Madrid. Se suspendió el Open de Madrid de tenis. Algunos
aprovecharon la falta de conectividad para disfrutar del sol
en terrazas de restaurantes, parques y playas. Las calles
de Barcelona se llenaron de multitudes que se arremolinaban
frente a tiendas a oscuras e intercambiaban información.
Sánchez convocó una reunión extraordinaria del Consejo de
Seguridad Nacional. Cuatro regiones de España se declaran
en emergencia y piden al Gobierno central en Madrid que asuma
la gestión de la crisis. El Gabinete portugués convocó una
reunión de urgencia en la residencia del primer ministro.
Montenegro dijo que había hablado varias veces con Sánchez
y que esperaba que el suministro eléctrico se restableciera
al final del día. Lisboa dijo que el apagón parecía deberse
a problemas fuera del país. Según Sánchez, se está sacando
electricidad de Marruecos y Francia para restablecer el suministro
en el sur y el norte de España, y dio las gracias a sus Gobiernos.
España también estaba aumentando la producción de las centrales
hidroeléctricas y térmicas de ciclo combinado.
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En el sector eléctrico, no solo se ha cuestionado
la fiabilidad del sistema, sino también quién debe asumir
los costes que ha generado: desvíos energéticos, penalizaciones
por energía no entregada, interrupciones contractuales y el
alud de reclamaciones de usuarios. Mientras se discute la
aplicación de cláusulas como rebus sic stantibus, la invocación
de la fuerza mayor o la cobertura del Consorcio de Compensación
de Seguros, hay una pregunta aún más urgente: ¿quién va a
pagar los platos rotos del mercado eléctrico?
Red Eléctrica de España (REE), como operador
del sistema y gestor de la red de transporte, ha atribuido
el apagón a un fenómeno atmosférico inusual, la llamada “vibración
térmica inducida”, que alteró la frecuencia de la red y forzó
la desconexión automática del sistema peninsular del resto
de Europa. En ese contexto, debe distinguirse claramente su
papel del de las empresas distribuidoras, que operan en baja
y media tensión: el origen y propagación del apagón fue sistémico,
y, por tanto, la responsabilidad no puede centrarse en las
distribuidoras locales. La clave estará en determinar si REE
actuó con la debida diligencia y si aplicó correctamente los
protocolos de prevención y contingencia. Si se demuestra un
fallo en su gestión, aunque el fenómeno natural fuera extraordinario,
la alegación de fuerza mayor podría verse debilitada.
El autoconsumo estuvo en el punto de mira de
las culpas.
El impacto más silencioso pero devastador lo
sufren las comercializadoras de electricidad, especialmente
las de menor tamaño. Muchas habían comprado energía para suministrar
a sus clientes en los mercados diario e intradiario, y no
pudieron entregarla por causas ajenas a su voluntad. Sin embargo,
eso no impide que el operador les impute desvíos, es decir,
diferencias entre lo comprado y lo finalmente consumido. El
sistema eléctrico penaliza esos desvíos con precios muy elevados,
y salvo que se declare un “evento estructural” o caso de fuerza
mayor a efectos regulatorios, las comercializadoras pueden
verse obligadas a asumir un coste por una energía que nunca
pudieron entregar. Aquí, el papel de REE y de OMIE será clave:
deben valorar si eximir o ajustar los desvíos imputables a
esa franja horaria.
Las comercializadoras, además, pueden enfrentarse
a reclamaciones contractuales por parte de grandes clientes
que sufrieron interrupciones de suministro. ¿Se puede alegar
rebus sic stantibus en su defensa? Posiblemente sí, si se
dan los tres requisitos clásicos:
Un cambio imprevisible y sobrevenido. Una alteración
sustancial del equilibrio contractual. La imposibilidad de
cumplir la obligación sin perjuicio desproporcionado.
El apagón en España no ha sido único: estos
fueron otros casos que tuvieron lugar en este siglo.
Pero la aplicación de esta cláusula no es automática.
Dependerá de la redacción de los contratos y de si incluyen
o no exclusiones por fuerza mayor, que en muchos casos sí
ampararían esta situación. Otra vía de posible protección
sería el CCS, pero su ámbito es muy restrictivo: no cubre
apagones como tales, salvo que hayan sido provocados por uno
de los fenómenos catastróficos que tiene tipificados (inundaciones,
terremotos, erupciones, terrorismo, etc.). En este caso, al
no tratarse de un evento natural expresamente cubierto, ni
los daños materiales ni las pérdidas económicas derivadas
del apagón estarían cubiertas por el Consorcio.
Aunque el apagón tenga una causa aparentemente
natural, la invocación de fuerza mayor debe analizarse caso
por caso. No basta con etiquetar el hecho como extraordinario:
las comercializadoras y el operador deben demostrar que hicieron
todo lo posible para prevenir, mitigar y gestionar el impacto.
De lo contrario, podrían incurrir en responsabilidad contractual
frente a clientes, o incluso en reclamaciones cruzadas entre
agentes del sistema.
El apagón no solo ha evidenciado fallos técnicos
en la operación del sistema eléctrico; ha puesto sobre la
mesa una profunda inseguridad jurídica para los agentes del
mercado. Si REE no declara expresamente el evento como “excepcional”
en términos de desvíos, muchas comercializadoras quedarán
expuestas a facturas desorbitadas por una energía no entregada,
y a litigios por incumplimientos contractuales. Urge por tanto
una respuesta coordinada: una declaración oficial sobre la
naturaleza del evento, una eventual exención de penalizaciones
y, si es necesario, una revisión reglamentaria del tratamiento
de estos riesgos sistémicos.
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