Lydia María Cacho Ribeiro (Ciudad de México, 12 de abril de 1963), más conocida como Lydia Cacho, es una periodista, escritora, conferencista y activista de los derechos humanos mexicana, naturalizada española. Ha recibido reconocimientos internacionales por investigar crímenes y desarrollar herramientas sociales y por su labor en enseñar nuevas técnicas de cómo enfrentar la esclavitud y la trata de personas en todo el mundo. Fundó un refugio para mujeres de alta seguridad en México: el Centro Integral de Atención a las Mujeres CIAM Cancún A.C. Logró la primera sentencia por tráfico sexual de niños y pornografía infantil en México y en América Latina (112 años de prisión). En noviembre de 2021 el Gobierno español le concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza.

Lydia María Cacho Ribeiro nació en la Ciudad de México y desde hace 20 años radica en Cancún, Quintana Roo. Es hija de Paulette Ribeiro, psicóloga y feminista franco-portuguesa, y de Óscar Cacho, un ingeniero mexicano. Desde joven, se involucró en la defensa de los derechos de las mujeres, al seguir el ejemplo de su madre. En el 2000, fundó, en compañía de otras personas, el Centro Integral de Atención a las Mujeres, un centro especializado en atención a mujeres, niños y niñas que han sido víctimas de violencia doméstica y violencia sexual, actualmente cerrado desde 2012 por el aumento de casos de violencia extrema y falta de financiamiento hacia el centro. En el 2004, escribió el libro Los demonios del Edén, en donde denuncia a la mafia de la pederastia en México y la explotación comercial del sexo con menores con la anuencia de la clase política e implica a varios personajes públicos. Saltó a la luz pública por la denuncia penal que se hizo en su contra, por el supuesto delito de difamación que impuso el empresario libanés Kamel Nacif Borge en el estado de Puebla, y el escándalo político que tuvo lugar al implicar al entonces gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y al empresario en una confabulación para violentar la ley en contra de la periodista. Los delitos que denunció Lydia Cacho tuvieron lugar en Cancún (Quintana Roo), donde ella residía y donde fue secuestrada por elementos policiacos de Puebla y trasladada de manera ilegal a ese estado, por orden del gobernador de Puebla.

En el 2005, Jean Succar Kuri, pederasta y corruptor de menores preso en Arizona, la amenazó de muerte junto con el personal que colabora en el CIAM Cancún. Lydia Cacho también fue amenazada por José Ramón Hernández, exagente del Cuerpo Especial Antisecuestros de Torreón, Coahuila, y Alfredo Jiménez Potenciano, presunto narcotraficante, por defender a las parejas sentimentales de estos y protegerlas. Por esa razón, ella contaba con una escolta de la Agencia Federal de Investigación (AFI), misma que fue burlada durante su detención y traslado a Puebla en diciembre de 2005 tras la demanda por difamación interpuesta por Kamel Nacif Borge, quien es señalado en el libro Los demonios del Edén, como amigo del pederasta detenido en Arizona.

El 14 de febrero del 2006, se dio a conocer la grabación de una llamada telefónica entre el gobernador de Puebla y Kamel Nacif, en la cual este último le agradecía el favor hecho por Marín al detener y procesar a Lydia Cacho; estos hechos sustentarían las denuncias hechas por ella. Gran parte de los políticos de México, organizaciones sociales y medios de comunicación exigieron la aclaración del caso e incluso la renuncia del gobernador. Además, se menciona de manera colateral, en algunas de las grabaciones, a quienes fueron los gobernadores de Quintana Roo, Félix González Canto (PRI), de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía (coalición de los partidos: Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México), al exgobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks Díaz, y al senador priísta Emilio Gamboa Patrón. Hasta agosto de 2007, el proceso judicial continuaba. Hasta agosto de 2012, Lydia Cacho se hallaba temporalmente fuera de su país a causa de amenazas de muerte; la autora declaró que fue víctima de una amenaza directa, por medio de la intervención de una línea especial de teléfono a la que sólo podrían llegar a tener acceso los sofisticados equipos de la Marina Armada o de los cárteles que operan en Quintana Roo. Por consejo de asesores expertos en secuestros y ante el comentario de la Procuradora General de la República, Marisela Morales, quien le dijo "sería mejor que salieras unos meses del país", Lydia Cacho se autoexilió momentáneamente, en busca de reestructurar su esquema personal de seguridad. México es el país con mayor índice de violencia contra periodistas, a partir de 2011.

En noviembre de 2021, el Gobierno español le concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza.

Lydia Cacho ha querido denunciar el sistema de redes entre empresarios, políticos, militares, policías y líderes religiosos que esclavizan a niñas y mujeres, esta periodista ha dedicado gran parte de su vida a investigar las organizaciones dedicadas a la trata de personas y detener la transgresión de los derechos fundamentales de las personas.“Existe un tráfico de influencias, abuso de poder y una perversa degradación que se obtiene con la colusión de poderes”. Es detenida en Cancún, Quintana Roo, el 16 de diciembre de 2005, por agentes de la policía judicial de Puebla, para trasladarla a la ciudad de Puebla. La razón de su detención se debe a su libro ‘’Los demonios del Edén’’, que fue publicado en el año 2003 y que consiste en una investigación que recopila los relatos testimoniales de los sobrevivientes de una red de prostitución infantil, dirigida por políticos y por los empresarios Succar Kuri y Kamel Nacif. La violación de sus derechos humanos que se vieron quebrantados al entrar a la cárcel, como ella misma lo declara “traemos un resumen de mi caso y explicaré la ruta de la impunidad” ella aclara que no es la única que sufre debido a la falta de justicia y de la aplicación de las leyes en México. Tal parece que la impunidad y la falta de justicia impera en México, por eso es que Lydia cacho se volvió el ejemplo vivo de que el país requiere un cambio profundo tanto en su marco legal, político y social.

Benicio Del Toro y Alfonso Cuarón produjeron una cinta basada en libro “Los demonios del edén” de Lydia Cacho.

En 2005, Lydia denuncia las agresiones de las que fueron víctimas varias menores, esto provocó un fuerte enfrentamiento con el empresario libanés Kamel Nacif, y el entonces gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres que desencadenó un revuelo mediático y evidenció la crisis de credibilidad en el Sistema de Justicia Mexicano. Más tarde ha denunciado ser víctima de ataques en redes sociales por su denuncia al gobernador Borge. Posteriormente, Lydia Cacho da conocer la anécdota de su ‘’secuestro legal’’ como ella lo llama, por medio de una publicación que ella misma hizo el 19 de diciembre de 2005 en el sitio periodístico de Cimacnoticias. En la publicación, Cacho cuenta cómo los agentes de la policía la obligaron a entrar a un auto sin saber su destino. Cacho es llevada a las oficinas de la procuraduría, donde le realizan un examen médico que establece el hecho de sufrir de bronquitis, y de la inconveniencia de ser trasladada a distancias largas por carretera. Según el testimonio de Cacho, la médica le expide el certificado médico y le receta medicamento; sin embargo, los judiciales la retiran del lugar antes de que le fuese entregado su expediente médico del hospital. Al sacarla del lugar es trasladada por los mismos agentes judiciales al estado de Puebla. Durante el viaje, Cacho es privada de hacer uso de su teléfono, de contactar a su abogado, recibe amenazas de muerte y es víctima de tortura verbal ocasionada por los judiciales. Antes de llegar a Puebla, el vehículo es interceptado por otro de donde salen dos mujeres de la policía, las cuales toman los lugares de los agentes captores.

La procuraduría de Puebla informó a los medios de comunicación que la periodista había sido detenida y trasladada por agentes policías mujeres, las cuales iban acompañadas de un representante de derechos humanos. Lo cual fue desmentido por Lydia. Ya en Puebla, el trámite del juicio de Lydia Cacho avanza lentamente. Finaliza, al pagar una fianza que consta de $70,000 pesos en efectivo. Según una nota publicada por el periódico Vanguardia (2018), Cacho Ribeiro manifestó que durante su traslado a Puebla, se hizo presente la discriminación de género, demostrada en tortura y el trato sexualizado a su persona. Posteriormente a su detención, el comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, pide al Estado mexicano que se repare el delito de difamación provocado a la periodista. El comité de la ONU, deja claro que reconoce el suceso como un caso de violación a mujeres en el sistema de justicia.

De 2009 a 2014 escribió la columna llamada "Plan B" en el periódico El Universal. En septiembre de 2014, en su columna “Sureste peligroso” para el periódico El Universal, Lydia Cacho anunció que, tras nueve años de colaboración, se dieron circunstancias que le impidieron continuar: “El Universal ha tomado decisiones que me impiden seguir como columnista en sus páginas”.

Es cofundadora de la plataforma digital de izquierda "Sin Embargo". De 2012 a 2014 escribió para esta plataforma en México.

Desde 2016 Lydia Cacho decidió utilizar el Premio ALBA/Puffin al activismo en pro de los derechos humanos para realizar una plataforma educativa web y serie documental de nombre "Somos Valientes" la cual terminó a mediados de 2018. La primera temporada consta de 5 capítulos y documenta historias reales de niñas y niños valientes en México, de diversos ámbitos y razas que demuestran estar conscientes de su entorno y quieren ser escuchados. Se basa en la educación de los Derechos Humanos como una fórmula para crear civismo, empatía y comportamiento ético a partir del ejemplo. Lydia Cacho conduce y dirige esta serie documental.

Dotado con $100.000, el Premio ALBA/Puffin es uno de los mayores premios de derechos humanos en el mundo, otorgado anualmente por ALBA y patrocinado por la generosidad de la Fundación Puffin.

Durante la década de 1990 y principios de la de 2000, Cacho informó ampliamente sobre el feminicidio en Ciudad Juárez. En el 2020, Cacho fue presentadora y productora ejecutiva de un podcast bilingüe producido por Imperative Entertainment y Blue Guitar sobre el feminicidio, que se distribuyó en inglés como The Red Note y en español como La Nota Roja. Un documental sobre el mismo tema, titulado "Flores del desierto: Historias de la nota roja", se lanzó por Imperative Entertainment en el 2021.

Lydia Cacho ha escrito 14 libros derivados de sus conocimientos y experiencias, desde poesía hasta ficción, un manual para prevenir el abuso de menores, ensayos sobre temas de amor y género, y los bestséllers internacionales sobre tráfico sexual, esclavismo y pornografía infantil. Sus libros se han traducido a diferentes idiomas: francés, inglés, alemán, portugués, italiano, neerlandés, croata, sueco y turco, y se han publicado en México, en los Estados Unidos, en España y en países centroamericanos. Forma parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.

Tomando la autovía 307, sentido Tulum, la carretera se desliza en paralelo a la Riviera Maya. Circulan autocares de cristales tintados con turistas norteamericanos, tráilers kilométricos y mexicanos a pie que van o regresan de sus trabajos en hoteles de lujo. Estamos en campaña electoral y cada poco tiempo vemos en las cunetas carteles con el rostro sonriente de la candidata del partido gobernante, Claudia Sheinbaum. Varios kilómetros después, abandonamos la 307 y enfilamos un camino de tierra que penetra en la selva maya. Se pierde la cobertura en los móviles. Estamos en una selva rara porque los árboles nos parecen poco elevados, la superficie es roca kárstica y las raíces no pueden ser muy profundas. Durante todo el trayecto el coche se cubre de polvo. Un puñado de volquetes anuncian que las obras del Tren Maya no deben estar lejanas.

Cargando el material básico en bolsas secas y con los cascos de espeleología ajustados, Guillermo D.Christy, espeleólogo mexicano, está atento a una señal en el bosque que indica dónde dejar el sendero y atravesar la selva machete en mano para desbrozar la maleza. Hora y media después de arrancar el coche, se abre la enorme boca de la gruta. Parpadeando para acomodar la vista a la oscuridad de la caverna, se descubren miles y miles de estalactitas que dan techo a una laguna de agua prístina. Roberto Rojo, el otro espeleólogo, pide aplomo y advierte: “La superficie no es resbalosa, pero es mejor dar pasos grandes y firmes”.

El Tren Maya en los tramos 5, 6 y 7 no cuenta con Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA), ni permiso forestal, estudios geológicos. Ni tiempo para que el INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, recobre la arqueología subacuatica. Justo los tramos más vulnerables desde el punto de vista ambiental e histórico.

El primer humano que visitó y catalogó este cenote lo hizo hace solo nueve años, en 2015. Fue el espeleólogo texano Peter Sprouse. Hasta entonces, nadie había entrado, salvo —posiblemente— algunas comunidades mayas que las visitaban para realizar rituales religiosos y agradecer la riqueza que les proporcionaban sus aguas. Cenote es una palabra maya que significa algo así como profundidad, abismo. La gruta en cuestión forma parte del sistema Aktun t’uyul y tiene forma de estrella irregular de tres puntas. Entrando por la punta conocida como Manitas, el destino está en otra de las puntas de la estrella, bautizada como Oppenheimer en honor al físico estadounidense y su reciente película. La primera impresión es incómoda, violenta. Siempre se accede a estas cavernas prehistóricas después de pagar una entrada y haber escuchado decenas de recomendaciones y prohibiciones.

Orientan unas cuerdas amarillentas, desplegadas en su día por Sprouse. Sorteando las cuchillas talladas a partir de gotas de agua calcárea. Prohibido tocarlas. Cruzamos a nado pozas de aguas cristalinas. La temperatura es estable, 23 grados. Y, de repente, el agua se turbia, sobre la superficie flotan filetes de espuma de cemento, a los lados surgen chispas de alguna soldadura, el silencio de sepulcro se ensucia con música latina que surge de las cúpulas puntiagudas. Seis metros por encima los obreros trabajan. Y es en ese momento cuando entendemos que no somos nosotros quienes violentamos a la Naturaleza. Se alzan tres columnas de acero relleno de hormigón. La estampa produce náuseas. Para abrir camino al Tren Maya, los ingenieros han rajado la selva talando cerca de 10 millones de árboles y para sostener las vías elevadas han taladrado la roca calcárea: cuatro pilares por cada 17 metros. Y para todo eso, han hecho añicos las estalactitas que la Naturaleza ha esculpido pacientemente durante centenares de miles de años. A las estalagmitas no les toca mejor suerte: algunas han quedado cubiertas por el hormigón sobrante.

Roberto no se puede contener. "Me encantan las cuevas —nos dice—, trato de estar el mayor tiempo posible en ellas. Pero venir aquí y ver esto me rompe el corazón y me llena de coraje. Me hierve la sangre cuando veo todos estos pilotes que están poniendo en ilegalidad". Sostiene en ilegalidad porque Roberto, Guillermo y otros tantos han logrado convencer a un juez para que decrete la suspensión de las obras. A quien no han convencido es a la persona que está empeñada en terminar el Tren Maya como sea y al precio que sea, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Roberto remata: “Es un capricho del presidente que no obedece ni a la protección de la naturaleza, ni a la protección de la cultura, ni a la protección de las personas”. No está claro el beneficio social que va a aportar la obra; lo que sí se sabe es que su presupuesto se ha disparado y no hay manera de fiscalizarlo porque se ha decretado secreto al estar considerada una obra de seguridad nacional.

Uno de los activistas amantes de la naturaleza que han acompañado al espeleólogo Roberto Rojo en sus recorridos por el tramo 5 del Tren Maya -para verificar la devastación de la selva- Eduardo Urbina, denunció en sus redes sociales que las cavernas son rellenadas con sascab (material de relleno en edificaciones), piedras y hasta plásticos.

Siempre que se le pregunta, el presidente minimiza los daños. Abajo, en la gruta, a seis metros bajo el nivel de la superficie, impera el silencio. Se rompe en ocasiones por el sonido de los taladros, charlas entre obreros que no logramos entender y la música latina. La gruta está silente, no protesta. Y quizá por eso le toca ahora sufrir.

Al principio se barajó llevar el trayecto por encima de la autovía 307. Los encargados de las finanzas protestaron. Muy caro. Después se decidió que la vía correría en paralelo a la 307. Los hoteleros protestaron. Ruido de obras y polvo cuando los turistas lo que quieren es silencio y sol. Y al final, el proyecto se trasladó a plena selva. Y la selva y las cavernas siguieron silentes. Roberto y Guillermo han decidido romper el silencio de los cenotes. Protestan en redes sociales, denuncian ante tribunales y ayudan a los periodistas a entrar en la cueva. Antes de regresar, Guillermo graba un nuevo vídeo para las redes sociales. “Señor presidente, aquí luchamos por los derechos humanos de toda la comunidad. El derecho al agua limpia, no contaminada, el derecho a una selva y un patrimonio cultural. Esto no puede continuar”.

Y Roberto pone después su sello directo. “Espero que los responsables paguen su delito con la cárcel”.

A los pocos días ...

Un tribunal de Yucatán paraliza la construcción del Tren Maya por daños al subsuelo La justicia pide al Gobierno que entregue los estudios científicos que acrediten que la infraestructura no afecta a cuevas y cenotes.

María Guadalupe Aguilar Jaúregui es la cabeza visible de Fundej. Es una enfermera jalisciense jubilada de 69 años, nacida en Guadalajara y madre de José Luis Arana Aguilar, desaparecido en Tonalá, Jalisco, desde el 17 de enero de 2011. Acompañó al activista Javier Sicilia en su Marcha por la Paz, que realizó en 2011. A raíz de este acontecimiento, y animada por el también poeta, decidió formar una asociación que ayudara a las familias de los desaparecidos. En 2013 formó el colectivo Fundej, apenas con unas cuantas madres para reunir experiencias y “brindar conocimiento de su andar a las madres que buscan a sus hijos”. En una entrevista, Guadalupe refirió que está haciendo esta labor para que no le suceda a nadie más porque se trata de “un dolor tan terrible que no se lo deseo a nadie, a nadie más. Por eso se va transformando uno, de buscadora a defensora”.

Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundej) es una organización de madres, esposos, hijos y hermanos que busca desaparecidos en Jalisco. Se definen como una organización solidaria que “busca hermanar a las familias para difundir las injusticias y atropellos que enfrentan por parte de las autoridades cuando denuncian la desaparición o cuando ellos, por sus propios medios, realizan la búsqueda de sus familiares”. Esta organización también da apoyo emocional y legal a las familias.

Guadalupe vive desde hace más de una década en una lucha contra reloj. Su hijo, José Luis Arana, desapareció en 2011 en el estado de Jalisco, cuando tenía 34 años, y ahora forma parte de la larga y desalentadora lista de las más de 100.000 personas no localizadas en México. “No me quiero morir sin saber qué le pasó”, asegura Aguilar.

El mexicano Gustavo Castro Soto ha entregado su vida a la investigación y con la misma ha defendido diversas causas. Su valor le ha llevado a enfrentarse con grandes empresas, muy a pesar de que ser activista en México conlleva persecución, acoso y otros tipos de ataques. Inclusive la muerte. Castro lo ha sabido siempre, pero de acuerdo con sus amigos, uno de los episodios más trágicos que había vivido antes del ataque a Berta Cáceres Flores, defensora hondureña del medio ambiente y de los derechos humanos, fue el asesinato de su amigo y compañero de lucha, Mariano Abarca Robledo, quien estaba en contra de la minera Black Fire, en Chicomuselo, Chiapas.

Un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos refiere que en los últimos años, la criminalización de defensores de los derechos humanos en el contexto de la política global de extracción de recursos naturales y de megaproyectos ha mostrado una tendencia generalizada en América Latina.

Castro Soto, quien es originario de Michoacán y de profesión sociólogo, comenzó a trabajar en Chiapas luego del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en un principio con investigación social en las comunidades. Luego su activismo se enfocó en la defensa de pueblos indigenas y el medio ambiente y recursos naturales, no sólo el sureste de México, sino en más entidades federativas. Entonces fundó la organización Otros Mundos A.C. en San Cristobal de las Casas. En 2015 inció al construcción de "Alter-Natos", un centro ecológico que busca proponer nuevas "formas de vida" que no estén relacionadas con el capitalismo.

El activista mexicano Gustavo Castro, quien es sobreviviente y testigo del ataque a defensora de derechos humanos Berta Cáceres, no sólo ha enfrentado el horror en Honduras, sino también en su propio México. Herido de bala, salvó la vida después de que los asesinos de la activista hondureña Berta Cáceres le dieran por muerto. A Gustavo Castro, coordinador de la ONG ecologista Amigos de la Tierra, no le esperaban aquel fatídico 3 de marzo de 2016 en la vivienda de Cáceres, pero aquella presencia fue improvisada Castro cambió sus planes en último momento.

Gustavo, acompañado de comunidades enteras y organizaciones internacionales ha defendido territorio chiapaneco de empresas con intereses en construir megraobras o explotar los recursos naturales; o incluso han denunciado abusos por parte de autoridades o intentos de despojo. Libertad Díaz, integrante de Otros Mundos, comentó que a los defensores de la tierra se les criminaliza.

"Hay redes de derechos humanos que han documentado que a los activistas se les persigue de manera sistemática", dijo Díaz, quien agregó que: "la solidaridad de Gustavo con los pueblos indígenas, a nivel nacional e internacional, ha provocado que el Gobierno mexicano tenga muchísima presión por lo que sucedió [en Honduras]".

Castro resultó herido en el ataque a Berta Cáceres y fingió estar muerto para salvar su vida vida.

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Según Amnistía Internacional., el asesinato de Cáceres supuso “un grave retroceso” en materia de derechos humanos en Honduras donde ha reinado la impunidad ante otros homicidios similares. Hay mucho temor, mucha incertidumbre porque todos los defensores consideraban a Berta intocable.

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