Ante la noticia del asesinato del activista y defensor de la paz Randall Echanis en su domicilio de Quezon City, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Filipinas, Butch Olano, dijo: “Persisten los homicidios, incluso en medio de una pandemia mortal. Las autoridades deben investigar el asesinato a sangre fría de Randall Echanis, alias “Randy”, y las personas responsables deben comparecer ante la justicia. Echanis había participado en negociaciones de paz entre el gobierno y el Frente Democrático Nacional de Filipinas. Su muerte es una más que se suma a los ataques crecientes contra activistas políticos en el país. Desde sus inicios, este gobierno ha dejado a un lado la seguridad pública y el respeto a la vida humana y los derechos humanos. Su legado de muerte tiene que acabar ya.”

El 10 de agosto de 2020, el activista y defensor de la paz Randall Echanis fue asesinado junto a un vecino en su domicilio de Quezon City. Según la información publicada, Echanis presentaba heridas de arma blanca, presuntamente causadas por unos hombres sin identificar que fueron vistos saliendo de su casa. Echanis presidía el partido Anakpawis Party-list y era vicesecretario general de la agrupación campesina Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP). Fue asesor político del Frente Democrático Nacional de Filipinas (NDFP) —coalición de grupos que mantienen una insurgencia continuada en algunas partes del país— durante sus negociaciones de paz con el gobierno filipino. El NDFP llevaba tiempo celebrando negociaciones de paz con el gobierno de Filipinas cuando el presidente Rodrigo Duterte las canceló. Echanis estaba entre los varios centenares de personas que el Departamento de Justicia de Filipinas solicitó que fueran declaradas “terroristas” por un tribunal en 2018. Su nombre, entre otros, fue eliminado finalmente de la lista, en la que al principio figuraba Victoria Tauli-Corpuz, entonces relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Randy Malayao, otro asesor del NDFP y defensor de la paz, murió por disparos de individuos aún sin identificar en enero de 2019 en la provincia de Nueva Vizcaya. Varios más, tachados de “rojos”, comunistas o terroristas, han sido igualmente asesinados desde que Duterte empezó a gobernar.

El Padre Fausto Tentorio murió a causa de 8 disparos, mientras subía a su furgoneta aparcada delante de la Parroquia de la Madre del Perpetuo Socorro, en Arakan, Cotabato del norte, en octubre de 2011. El misionero italiano de 59 años, del Pontifico Instituto de Misiones Extranjeras (PIME), llegó a Filipinas en 1978. Los amigos lo llamaban ‘Tatay Pops’, era famoso por defender la reforestación y a los indígenas de Mindanao. Sus hermanos lo describen como “un hombre amable, evangélicamente sencillo y prudente“, pero “extremadamente valiente” en su defensa de los marginados, especialmente los indígenas.

Era una voz franca contra los daños que causan las compañías mineras en sus tierras ancestrales. Ya había recibido amenazas en pasado. En una de sus visitas a una aldea de indígenas, en 2003, dijo que unos hombres armados le habían amenazado diciéndole que le cortarían la cabeza. Aquella vez, los aldeanos le ayudaron a escapar. El P. Tentorio es uno de los numerosos ambientalistas asesinados en Filipinas. Desde 2007, se han registrado oficialmente asesinados de activistas y de ellos siete en 2011: “La situación es cada vez peor. En los últimos tiempos somos testigos de una preocupante racha de asesinatos de ambientalistas que siguen sin resolverse”, dijo en su momento el P. Edwin Gariguez, Secretario Ejecutivo de Caritas Filipinas-Nassa.

Jimmy Liguyon fue asesinado con arma de fuego en su casa de San Fernando Bukidnon. Era líder de una organización de pueblos indígenas, que trabaja defendiendo y promoviendo los derechos de la tierra y la utilización sostenible de los recursos medioambientales. Francisco Canayong estaba yendo a su casa en bicicleta, en Samar oriental, cayó en una emboscada y fue apuñalado hasta la muerte. Era una figura central en la defensa del medio ambiente y en el pasado rechazó sobornos, para hacerle cambiar su postura contra las compañías mineras. También recibió amenazas de muerte. Margarito Cabal, de 47 años, casado y padre de tres hijos, fue asesinado a tiros en su casa de Bukidnon, por dos hombres armados que se desplazaban en moto. Cabal era funcionario de la administración local, muy conocido por su oposición a la construcción de una presa enorme en el extensa área de Bukidnon y Cotabato, Mindanao. La Iglesia católica de Filipinas denunciaba que reinaba la cultura de la impunidad en el país, porque el Gobierno no ofrece protección ni justicia a los constructores de paz. “Ningún defensor de los derechos humanos debería vivir en el terror a causa de sus creencias”, afirmó entonces el Obispo Broderick Pabillo, Presidente de Caritas Filipinas-NASSA.

Recientemente el único acusado por el asesinato del misionero en 2011 dice que no puede pagar un abogado. Por lo tanto, la audiencia judicial se volvió a postergar una vez más, mientras que los otros acusados todavía siguen en libertad.

El asesinato del P.Tentorio siguen siendo un caso sin resolver hasta la fecha. Así mismo, los asesinos de Francisco Canayong todavía no han sido identificados. Armin Marin, un acérrimo activista medioambiental de Sibuyan, fue asesinado a tiros en octubre de 2007, mientras dirigía un piquete de centenares de defensores antiminas. Tras cinco años de investigaciones y audiencias, Mario Kingo, el hombre acusado de matar a Marin, fue condenado a tan solo tres años de prisión. La viuda e los hijos de Jimmy Liguyon se han unido a otras familias que viven las mismas circunstancias y siguen pidiendo justicia. Todos ellos ocuparon un campamento improvisado en Bukidnon, en señal de protesta por la continua militarización que sufren sus comunidades. La hija de Liguyon, Jasmine, dio a luz a un bebé dentro de la tienda de campaña familiar. Decidieron llamar al bebé Justice Jimmy. “Además de las típicas expresiones de pésame y condena, el Gobierno y las autoridades estatales realmente no han hecho nada para invertir esa insensata tendencia de asesinatos en el país”, dijo en su momento el Obispo Pabillo. “Las víctimas, sus familias y amigos, no necesitan palabras vacías. En lugar de eso, quieren que se ponga fin a los asesinatos, y no quieren ser consolados con las obviedades que dicen en respuesta a nuestro dolor”.

Filipinas cuenta con el tercer mayor yacimiento de oro del mundo y el cuarto mayor yacimiento de cobre. La mayor parte de los territorios de expansión minera se encuentran en los territorios que pertenecen tradicionalmente a pueblos indígenas. La Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas de 1997 estipula la protección jurídica de las comunidades aborígenes, sin embargo, algunos críticos, incluyendo al Relator Especial de la ONU para los Derechos de los Indígenas, afirman que, al ser discordante dicha ley respecto a otras legislaciones, no resulta debidamente aplicada.

Filipinas puso fin en 2021 a la prohibición de la minería a cielo abierto para revitalizar la industria.

En muchas zonas de Filipinas la minería causa un impacto desastroso en las vida de muchos pueblo aborígenes. Muchos de ellos han sido obligados a abandonar sus tierras, viendo luego destruir sus lugares sagrados y sus comunidades desarraigadas, destrozadas por los conflictos. La riqueza de recursos naturales ha generado beneficios enormes a las compañías mineras, mientras un cuarto de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, un dato que sigue siendo constante. Estos problemas han empujado a la Conferencia Episcopal filipina a condenar la política minera del Gobierno.

También quiere que se ponga fin a los asesinatos cuyos responsables deben ser juzgados. En 2008, el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, recomendó a Filipinas “intensificar sus esfuerzos para llevar a cabo las debidas investigaciones y sucesivos procesos relacionados con los asesinatos extrajudiciales y castigar a los responsables”. El Gobierno filipino aceptó dichas disposiciones, sin embargo sólo ha llevado al proceso, con éxito, a cuatro casos de asesinatos extrajudiciales, según indica Human Rights Watch.

El P. Edwin Gariguez, de Caritas, dijo que considerando que no se han adoptado medidas decisivas, para abordar la cuestión de los asesinatos de los ambientalistas y activistas antiminas “nos sería una sorpresa si el Gobierno filipino recibiera una revisión negativa”. Mucho antes de su asesinato, el P. Fausto Tentorio pidió ser enterrado en un ataúd construido con madera de su árbol de caoba preferido: uno que él mismo plantó en los años 1980. En su honor, sus parroquianos talaron el árbol y fabricaron un ataúd para él. El P. Tentorio realizó su deseo, sus amigos, compañeros y parroquianos, exigen ahora el suyo: ninguna impunidad para los asesinos, terminar con los asesinatos y la destrucción del medio ambiente en sus tierras.

Clarisa Ramos quiere volver a Filipinas, pero no puede. Es refugiada política en Bélgica desde julio de 2020. Salió de su país en febrero de ese mismo año para denunciar ante las autoridades europeas el asesinato de su marido Atty Ben Ramos Jr., abogado defensor de los derechos humanos. Debido a las acusaciones que Ramos presentó ante el Parlamento europeo, en las que señalaba al Estado filipino de estar detrás del asesinato, y la ley que califica a cualquier persona o acto en contra del Gobierno de terrorista, Ramos vio imposible su regreso. Actualmente, es la coordinadora en Europa de la Coalición Internacional por los Derechos Humanos en Filipinas (ICHRP, por sus siglas en inglés). “Me llevó muchos días tomar la decisión de aceptar el asilo, porque era dejar a mis dos hijos allí y todo el trabajo con las comunidades. Pero mis hijos me dijeron que preferían verme lejos con vida, que de vuelta en un ataúd. Con la muerte de su padre ya era suficiente”.

Aunque le costó aceptar su exilio, asumió que su papel ahora desde Bruselas es el de visibilizar y denunciar las vulneraciones de los derechos humanos de la población filipina por parte del Gobierno de Rodrigo Duterte, que asumió el cargo en 2016. “Es duro, pero tengo que hacer mi parte desde aquí. No puedo callar sabiendo que muchas personas están siendo encarceladas o asesinadas. Así que decidí continuar con mi campaña para buscar justicia con la ayuda de mis compatriotas y de las organizaciones con sede en Europa. Desde el silencio no se hace nada”.

La defensora afirma que es complicado explicar en Europa lo que ocurre en su país, un conjunto de islas que se conocen más por sus maravillosas playas y paisajes que por las más de 30.000 ejecuciones extrajudiciales, los miles de detenciones ilegales, el casi medio millón de desplazamientos forzados y los más de 700 prisioneros políticos desde 2016, según Karapatan, una alianza nacional de organizaciones que trabaja por la promoción y protección de los derechos humanos en Filipinas.

“El número de muertes con Duterte es mucho mayor de las que hubo durante la dictadura de Ferdinand Marcos. Además, el red-tagging, fenómeno por el que se acusa y estigmatiza a cualquier persona de comunista y terrorista, sirve para justificar la ley antiterrorista y sus asesinatos. Toda persona que moleste, es decir, que defienda los derechos humanos y esté en contra del Gobierno, automáticamente es enemiga”, destaca Ramos, enfermera de formación que trabajó durante 27 años junto a su marido en una pequeña ONG en la isla de Negros, en la defensa de la reforma agraria y el derecho a la tierra.

Ahora, desde el ICHRP en Europa y sus organizaciones aliadas, los filipinos en el exilio trabajan colectivamente para ser escuchados en las instituciones y organismos internacionales. Han conseguido que se presente una resolución en el Parlamento europeo sobre el deterioro de la situación de derechos humanos en Filipinas, mostrando también las cifras de 146 personas defensoras y al menos 22 periodistas asesinados durante el mandato de Duterte. Igualmente, también se aprobó otra resolución en el Parlamento de Cataluña y una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados de España. Para ejercer esta presión, elaboran informes de investigación e intervienen en las sesiones plenarias de las instituciones, cuando es posible. Uno de estos informes se llama Investigate PH y contiene pruebas de los abusos sistemáticos de derechos en el país. “Sentimos que hemos tenido un impacto fuerte con nuestras acciones, pues la mayoría de las recomendaciones que damos se incluyen en las resoluciones”, clarifica Ramos.

Además, también organizaron una misión internacional de observación (IOM) para vincular la represión de los derechos civiles y políticos en las pasadas elecciones presidenciales del 9 de mayo de 2022. Aunque en estos comicios Duterte no se pudo presentar por mandato constitucional, sí lo hizo su hija Sara Duterte como vicepresidenta –en Filipinas se eligen por separado los cargos de presidencia y vicepresidencia–, dando apoyo al candidato con más opciones, Ferdinand (Bongbong) Marcos Jr., hijo del dictador Marcos. “Si el tándem Marcos-Duterte gana las elecciones sería una catástrofe y el fin de la democracia”, opinaba Ramos. “Estos clanes políticos corruptos intensificarán las injusticias y los asesinatos de opositores y defensores de los derechos, y silenciarán a la mayoría pobre, inculcando y manteniendo las políticas de mano dura anti-populares. Someterán a toda la población a la pobreza extrema y a la opresión”. La defensora afirmó que hay en marcha un plan de manipulación de los votos, con una gran desinformación en las redes sociales, encuestas controladas y pagadas por el Gobierno y cargos de la Comisión de Elecciones y del Tribunal Supremo nombrados por el propio presidente. Desde Europa y como refugiada política, Ramos no pudo votar.

Finalmente las malas artes ganaron aquellas elecciones.

Ferdinand Marcos y Romuáldez (San Juan, 13 de septiembre de 1957), popularmente conocido como Ferdinand Marcos Jr. o Bongbong Marcos, es un político y empresario filipino, que se desempeña como presidente de Filipinas desde el 30 de junio de 2022.

El Informe PH también pone de manifiesto las vulneraciones de los derechos de las mujeres, con 16 millones de mujeres filipinas económicamente inseguras. De esta situación de desespero, muchas son las que aceptan trabajos como esclavas modernas en países extranjeros. “Desprovistas de toda protección legal por parte de su propio Gobierno, tienen que enfrentarse a diversas capas de discriminación, violencia y abusos en sus países de acogida”, destaca el informe, que también habla de los casos de violencia contra las mujeres denunciados y que están en los niveles más altos de la última década. Ya en 2019 alcanzaron un máximo de 74 casos al día. En el reporte también se denuncia que muchas de estas violaciones y acoso sexual han sido llevados a cabo por la propia policía, como justificación de la campaña de la guerra contra las drogas del Gobierno.

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Elnora Held forma parte de Gabriela, alianza de 240 organizaciones fundada en 1984 con el objetivo de luchar por los derechos de las mujeres. En Europa se conformó en 2020 de la mano de Held, que también es la presidenta y coordinadora desde Alemania, donde vive desde hace 38 años. “Aquí vimos todos los problemas de las mujeres filipinas en la diáspora, las pésimas condiciones de trabajo, el racismo, la discriminación y el tráfico de mujeres y niñas”. La activista comenzó su trabajo cuando llegó a Europa y se preguntó por qué era tratada como una persona de segunda, involucrándose en campañas contra la trata de mujeres. “Muchas mujeres se ven obligadas a salir de Filipinas, aun sabiendo que están expuestas a violencia, abuso y explotación sexual. Y se arriesgan porque tienen que mantener a sus familias. Para ello, muchas trabajan en el ámbito doméstico y de los cuidados, en hogares donde las tratan como esclavas, con contratos abusivos y condiciones inhumanas”. Held asegura que al gobierno de Filipinas este es un problema que no le interesa, ya que la cantidad de remesas que estas mujeres mandan a sus familias supone una cantidad importante de ingresos para el Estado, a través de los impuestos. Y, aunque de momento ella no está etiquetada con el red-tagged, sí lo está la organización en Filipinas, con muchas de sus integrantes detenidas, acusadas con cargos falsos y asesinadas.

Además, Gabriela también es el único partido político sectorial de mujeres con representación en el Congreso de Filipinas, que se enfrentó a la descalificación por parte de la administración para impedir su entrada en las elecciones de 2022. Desde Gabriela y el ICHRP también defienden los derechos del perseguido colectivo LGBTIQ+. En Filipinas, dice Ramos, han sido detenidas más de mil personas por su orientación sexual o identidad de género. “Les obligan a besarse en público para señalarlas, como forma de humillación”. Castigos que también sufren las mujeres defensoras y lideresas sociales por parte de las autoridades, que les disparan en sus genitales, asegura Ramos.

Tanto Ramos como Held visitaron España en 2022 durante la última semana de febrero, de la mano de una delegación acompañada por la Associació Catalana per la Pau e International Action For Peace. Durante su visita en Barcelona pudieron exponer su caso y denunciar ante las instituciones públicas lo que ocurre en su país de origen.

Otras de las personas que conformaron la visita también están vinculadas en la reactivación de las negociaciones de paz entre el Gobierno y el Frente Democrático Nacional de Filipinas, una alianza de organizaciones que representa al ilegalizado Partido Comunista de Filipinas y su brazo armado, Nuevo Ejército del Pueblo. Algunas de ellas no quisieron dar su testimonio público por miedo a la represión de sus compañeros en Filipinas.

Para Ramos, la esperanza está en las generaciones futuras, algo que ha visto en sus propios hijos. “Ellos me dicen que, si no puedo estar yo, al menos están ellos para continuar la labor, y eso me hace feliz. Las semillas que su padre plantó están ahí. El sacrificio, también”. Y destaca que la paz que necesita el país es la que está basada en la justicia, no la que dice el Gobierno. Un largo proceso donde el rol de la población exiliada, refugiada y migrada filipina en Europa es el de educar a la comunidad sobre lo que ocurre. Como concluye Ramos: “Sin paz no habrá solución para Filipinas”.

Marinel Sumook Ubaldo (1997) es una activista climática filipina de Filipinas que ayudó a organizar la primera huelga climática juvenil en su país. Testificó como testigo de la comunidad para la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas como parte de su investigación sobre la responsabilidad corporativa y si los efectos del cambio climático pueden considerarse violaciones de los derechos humanos de los filipinos.

Ubaldo nació en 1997 de un padre pescador en Matarinao, Salcedo, Samar Oriental. Ubadio aprendió por primera vez sobre el cambio climático y la reducción del riesgo de desastres en octubre de 2012. También fue líder juvenil en Plan International, una organización que tiene como objetivo promover los derechos de los niños y las mujeres. En este papel, Ubaldo afirma que educó a grupos locales sobre las causas del calentamiento global. En noviembre de 2013, el tifón Haiyan trajo vientos de hasta 275 km/h (170 mph) y olas de hasta 15 m (45 pies), lo que afectó particularmente a las regiones bajas de Filipinas. Más de 6.000 personas murieron en el desastre y 28.000 resultaron heridas. Los científicos han declarado que los fenómenos meteorológicos severos, como este tifón, están siendo exacerbados o más probables debido al aumento de las temperaturas globales. Habiendo experimentado de primera mano los efectos del tifón Haiyan, Ubaldo continuó con su activismo climático, presionando a los gobiernos sobre cuestiones relacionadas con el cambio climático. En 2015, Ubaldo obtiene una beca para estudiar trabajo social. Estudió en Leyte Normal University para obtener una licenciatura en Ciencias en Trabajo Social y se graduó en agosto de 2019.

Impacto del tifón Haiyan, Filipinas (2013).

Ubaldo aboga por la prohibición de los plásticos de un solo uso, la reducción de las emisiones de carbono y la inversión en energías renovables. En 2015, Ubaldo habló en la Conferencia Climática de las Naciones Unidas (ONU) donde dijo '"por favor piensen en nosotros, piensen en las próximas generaciones que sufrirán porque no tomaron decisiones a tiempo". Ubaldo ha afirmado que luchar contra el cambio climático es el 'propósito de mi vida'.

En el mismo año, también aparece en un documental dirigido por Christoph Schwaiger. La película se tituló Girl and Typhoons En octubre de 2019, Ubaldo asistió a un evento de capacitación en liderazgo climático en Yokohama, Japón, establecido por Al Gore. También habló en varias universidades japonesas. Ubaldo ha dicho que "los países del primer mundo podrian dejar de impulsar el cambio climático y cambiar las prácticas comerciales para que se reduzcan sus emisiones de carbono. Estos países deben ser responsables y rendir cuentas. Es tan injusto para la gente, para naciones como Filipinas, sufrir un fenómeno que no hemos causado."

Ubaldo dice que no se debe permitir que las empresas de combustibles fósiles dicten la respuesta al cambio climático. Dice que sigue siendo optimista de que se pueden desarrollar estrategias para mitigar los efectos del cambio climático. El 21 de julio de 2021, testificó en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos llamada "Lucha contra el cambio climático en el este de Asia y el Pacífico".

Cuando Maria Ressa (59 años), premio Nobel de la Paz en 2021, comenzó a ejercer el periodismo, era una profesión que generaba confianza en la ciudadanía: “La sensación era que cumplía una misión esencial para la democracia”. “Ahora no. Como la democracia, el periodismo y los periodistas -especialmente las mujeres- estamos bajo asedio”. Nacida en Filipinas y criada y formada en Estados Unidos, Ressa lleva casi cuatro décadas siguiendo la actualidad y analizándola. Desde 2012, forma parte de Rappler, medio filipino de referencia, fundado por ella y otras tres mujeres: Cheche Lazaro, Marites Vitug y Nix Nolledo. Previamente, había trabajado en cadenas como la CNN, donde fue responsable de la oficina de Manila y después de la de Yakarta, ambas inauguradas por ella. “Me hice experta en historias locales que tenían o podían tener un impacto global. Lo que me obligó a ser consciente de lo que estaba pasando en mi país, o en otras zonas del Sudeste asiático, pero también a traducirlo para una audiencia global”, explica.

Esa visión le ha permitido identificar de manera temprana problemas que actualmente soliviantan a la sociedad. “Lo que pasa en Filipinas luego se replica en otros lugares del mundo”, avisa. “Siempre que EE UU es atacado de alguna manera, ha habido un ensayo previo, y exitoso, en Filipinas. Llevo 37 años como periodista y dos de las historias más relevantes que he tenido que cubrir -el 11-S, el terrorismo islamista, y el uso de la desinformación para aupar a líderes autoritarios- ocurrieron en Filipinas antes de afectar al mundo entero”.

Ressa publicó Cómo luchar contra un dictador (Península), donde, hilvanando su vida, su trayectoria y la actualidad, alerta del socavamiento que sufren las democracias en el siglo XXI consecuencia de unas “insidiosas técnicas de manipulación”. Un ataque amparado por las empresas tecnológicas, especialmente las dedicadas a las redes sociales. Aunque dedicó gran parte de su carrera a la televisión -también fue vicepresidenta del canal filipino ABS-CBN-; hace 11 años Ressa pasó al ecosistema online con Rappler, que nació como medio nativo digital. Enseguida, comprobó el potencial de la Red: “Y casi desde el principio, el 85% de nuestro tráfico era vía móvil. Unas cifras a las que tardarían en llegar los medios del resto del mundo”.

Filipinas es un país que abrazó los móviles desde su advenimiento; incluso antes de que estuviesen conectados a internet. “Manila era la capital del mundo del SMS. En 1996, hubo unas protestas contra el entonces presidente Joseph Estrada, que se organizaron de esta manera”, recuerda. “Por otro lado, el país tiene unas instituciones débiles y la corrupción es endémica. Sin embargo, se crean profundas redes familiares y de amistad. De ahí que rápidamente las redes sociales se convirtieran en relevantes”, prosigue. Esa combinación de alto número de móviles per cápita y el valor dado a los círculos personales, hizo a los filipinos pioneros del modo de vida actual: “También nos convirtió en un blanco fácil; en un campo de prueba y testeo”.

Rodrigo Duterte y Roa es un político y abogado filipino de origen mindanaense, quien se desempeñó como presidente de Filipinas desde el 30 de junio de 2016 hasta el 30 de junio de 2022. Duterte llama "hijo de puta" al comisionado de DDHH de la ONU. El entonces presidente filipino respondió así a las críticas del jordano a su sangrienta "guerra antidroga", que registraron más de 7.000 muertes desde que llegó al poder en 2016.

En 2016, esa afirmación de Ressa quedó evidenciada. “Reparamos que en redes sociales se producían ataques furibundos cuando alguien criticaba al Gobierno de Rodrigo Duterte [presidente de Filipinas entre 2016 y 2022], especialmente si hablaba de su ‘guerra contra la droga”. El líder populista de extrema derecha radical aplicó medidas que acabaron con la muerte de miles de personas (la policía reconoce 6.000, pero hay recuentos, como el de Amnistía Internacional, que hablan de 27.000 víctimas). Desde Rappler, denunciaron esas prácticas asesinas. A partir de ese momento, por las investigaciones y repotajes publicados, Ressa comienza a ser perseguida por Duterte. Actualmente, aún tiene varias causas pendientes, penas de cárcel incluidas, y, aunque podría exiliarse, ha optado por quedarse en Filipinas y contratar a la abogada Amal Clooney para su defensa. “Odio esa persecución. Pero no creo que, como periodistas, tengamos otra opción. Quizás no es el mejor momento para ejercer el periodismo. Aunque, a la vez, por todo lo que está ocurriendo, es un buen momento periodístico para hacer cosas interesantes. Quizás hay que volver a los principios. El libro también habla de esto”.

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Maria Ressa ha dedicado su vida a defender la verdad. Su trabajo de investigación ha sacado a la luz las redes y tecnicas de desinformación desarrolladas por su propio gobierno, que utiliza las nuevas tecnologías para difundir sus mentiras y suscitar la ira y el odio entre sus ciudadanos. Sus principios la han llevado a enfrentarse al hombre más poderoso del país: el presidente Duterte. En este manifestó explica como las democracias mueren ante la violencia continua e inmoral de los gobernantes y desvela el futuro que nos espera si no luchamos por nuestras libertades.

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Ressa explica que esos mensajes de odio que se usaron para aupar y defender en redes a Duterte eran “operaciones de desinformación”. Más tarde, descubriría que esa manipulación ya operaba, en menor medida, desde 2014, año de la ocupación por parte de Rusia de la península de Crimea. “Distribuyen odio porque es una emoción que mantiene a la gente enganchada y haciendo scroll”, agrega. “En California, en 2016, advertí a las compañías tecnológicas que lo que ocurría en Filipinas, iba a llegar a Estados Unidos y podía extenderse al mundo”. Así fue. El mismo año que ella denunciaba esas campañas de odio y manipulación, triunfó Duterte, se votó el Brexit, y Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Un año después, fue el referéndum de Cataluña. “Se podía ver cómo esos bots rusos estaban influyendo en esas elecciones”, remarca.

En todos esos procesos hubo campañas en redes sociales para influir en los resultados. Así, como posteriormente quedó demostrado, la empresa británica Cambridge Analytica manipuló a los votantes de Estados Unidos vía Facebook para polarizar el debate y que apoyasen a Trump. Ressa explica que un informante de Cambridge Analytica, Chris Wylie, afirmó posteriormente que este tipo de acciones, basadas en mentiras masivas, habían sido testadas previamente en Filipinas y Nigeria. “Asistimos a la conversión de Internet, de las redes sociales, en un arma”. “Buscan manipular nuestras emociones y cambiar cómo pensamos, cómo actuamos, o a quién votamos”, denuncia Ressa. Además, opina que fomentan el olvido y la sustitución de la realidad por hechos alternativos. “Sin hechos, no hay verdad; sin verdad, no hay confianza. Y sin confianza no hay una realidad compartida. Así, no puede haber elecciones íntegras, pues los votantes están siendo manipulados por el poder. Eso está ocurriendo en todo el mundo”, expone. “Se está polarizando la política y la sociedad en un proceso de radicalización; los algoritmos también radicalizan”, alerta la periodista.

Cambridge Analytica fue una compañía privada británica que combinaba la minería de datos y el análisis de datos con la comunicación estratégica para el proceso electoral. Saltó a la fama en 2018 al verse involucrada en el llamado «escándalo Facebook-Cambridge Analytica». Brittany Nicole Kaiser es la exdirectora de desarrollo de negocios de Cambridge Analytica, que colapsó luego de que se revelara que su uso indebido de los datos de Facebook tuvo un impacto potencial en la votación en el referéndum del Brexit del Reino Unido y las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.

Ilustra su afirmación hablando del algoritmo aglutinador de YouTube al que describe como creador primigenio de las bases de la extrema derecha radical estadounidense y de la conspiranoia, de manera automática y a base de recomendaciones de vídeos a los usuarios. “Algo parecido ocurrió con el bolsonarismo, que acabó en el poder”, apunta. En este complejo proceso de degradación de la verdad que define, los medios de comunicación también han sido parte, pues entraron en la fiebre de las visitas, la viralidad y explotaron los contenidos emocionales. “¿Sabes cuál fue nuestra gran equivocación? Cuando los medios permitimos el botón de ‘compartir’ en nuestras páginas web; ahí cedimos a las redes sociales nuestra relación más directa: el trato con los lectores, con la sociedad. Además, dimos acceso a las empresas tecnológicas a datos, a información valiosa”. Y ahora, ¿qué hacemos? “Creo que necesitamos educar a la ciudadanía en la relevancia de los hechos. También, aprobar legislación. Y, desde ya, redefinir lo que significa el compromiso cívico. Con respecto a los medios: las organizaciones de noticias tienen que trabajar con la sociedad civil, con la religión, con los académicos… Y hay que proteger el buen periodismo y a los periodistas buenos. Desde todos los ámbitos”, resume Ressa. “No sé si funcionará”, apunta: ”En las últimas elecciones [filipinas], no fue suficiente”. La insidia tuvo sus frutos. Se refiere de la llegada a la presidencia en 2022 de Bongbong Marcos, hijo del que fue dictador entre 1965 y 1986, Ferdinand Marcos. La hija de Duterte, Sara, ostenta el cargo de vicepresidenta. La desinformación jugó un papel en su triunfo. Marcos Jr. está haciendo grandes esfuerzos por resignificar y reescribir la dictadura que impuso su padre: en lugar de una época de represión y autoritarismo, como fue; pretende que la ciudadanía la recuerde como si hubiese sido una era de prosperidad y paz. Quizás por su experiencia de que lo que ocurre en Filipinas tiene potencial para contagiarse al mundo, Ressa se mantiene firme: “En el siglo XXI, necesitamos una visión y un marco democráticos de internet. Si no, corremos el riesgo de que [la esfera digital haga que] el mundo real se corrompa”.

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