Una de las marcas históricas del Estado brasileño es el uso de las fuerzas de seguridad pública, muchas veces en alianza con actores privados, contra los pueblos rurales en general y, sobre todo, contra las organizaciones y movimientos sociales del campo que luchan por sus derechos. Las tierras indígenas constituyen la mayoría aplastante de las tierras que sufren intrusiones con violencia y agresiones. Desde el inicio del Gobierno de Bolsonaro hasta el 2021 se produjo un gran aumento de la cantidad de familias que sufrieron invasión de sus tierras, 206 % respecto del 2018.

Toda esta violencia tiene mucho que ver con la importación a Europa de soja para piensos dirigidos a la ganadería industrial y para biocombustibles. La relación es evidente: alrededor de dos millones de toneladas de soja procedente de tierras deforestadas (desde el año 2008) podrían llegar a los mercados europeos cada año. Del total de importaciones sojeras procedentes de Brasil que llegan a la UE, el 69 % proceden de dos ecosistemas especialmente valiosos y vulnerables: la selva amazónica y la sabana del Cerrado. En este último ecosistema y en su área de transición, sin ir más lejos, es donde ocurrieron el 40,2 % de los 2.276 casos de conflictos en el campo en el año 2020, según documenta la Comissão Pastoral da Terra. Unos conflictos que, en términos generales, se cobraron en Brasil la vida de 109 personas durante 2021. Este año ya son 14 las personas asesinadas.

Denunciar esta situación y conseguir apoyo institucional para detenerla es el objetivo de una gira europea de activistas de Brasil que comienza en Madrid el 5 de mayo. Durante su estancia en España y posterior visita a Bruselas, denunciarán cómo las importaciones europeas, además de impulsar las emisiones derivadas del cambio de uso del suelo, la pérdida de biodiversidad y el aumento del riesgo de incendios forestales, aumenta el riesgo de acaparamiento de tierras, la violencia y otros efectos negativos hacia las comunidades indígenas y otras dependientes de los bosques.

Valeria Pereira, de la Campaña Nacional en Defensa del Cerrado, junto a André Campos, investigador sobre la deforestación en Brasil.

Las tres personas que visitarán España y Bélgica entre el 4 y el 13 de mayo cuentan con una larga trayectoria en la investigación de la deforestación y el acaparamiento de tierras así como en la defensa de los derechos de sus comunidades y el territorio, íntimamente ligados a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas.

André Campos, periodista especializado en investigaciones sobre la cadena de suministro. Miembro de la ONG Repórter Brasil, una de las principales fuentes de información sobre temas medioambientales y de derechos humanos en Brasil. Jabson Nagelo da Silva, indígena Macuxi del territorio indígena Serra da Moça, al norte de Brasil. Es coordinador rural del Consejo Indígena de Roraima (CIR), que recibió en 2012 el Premio Bartolomé de las Casas. Valéria Pereira Santos representa a la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), de base católica, en la Coordinación Ejecutiva de la Campaña Nacional en Defensa del Cerrado, un territorio gravemente afectado por el cultivo de la soja importada a España.

La importación de materias primas y minerales a Europa tiene un impacto socioambiental devastador que acaba con la forma de vida —e incluso con la vida— de millones de personas. Esta gira dará testimonio de la situación que viven los pueblos indígenas y comunidades locales brasileñas tras tres años de presidencia de Bolsonaro, así como de la apremiante necesidad de proteger la biodiversidad y su patrimonio cultural. En Madrid, la delegación brasileña se reunirá con el ministro Alberto Garzón el jueves 5 de mayo y se ofrecerá una rueda de prensa posterior.

La comitiva de activistas brasileños denuncian en la puerta de Agricultura la deforestación en el Amazonas por la importación de soja.

Jabson Nagelo da Silva se alarmó en 2018 al ver aparecer un pequeño grupo de casas en las afueras de la remota Serra da Moça, en el extremo norte de Brasil. Simplemente se asentaron allí, cuenta Nagelo. "Se estaban apropiando de nuestras tierras”, critica. Esas tierras pertenecen a los Macuxi. Nagelo, hijo de uno de los líderes de la tribu que falleció en los últimos años, describe la situación como una invasión y una amenaza para su comunidad y su forma de vida. Las intenciones de los recién llegados no eran claras, pero Nagelo se preocupó por experiencias pasadas. Desde que los Macuxi entraron en contacto por primera vez con extraños hace más de 200 años, han luchado por mantener su lengua y costumbres, así como la tierra en la que sus antepasados vivieron durante siglos.

Olas de buscadores de minas, leñadores y ganaderos se han movido en y alrededor de sus tierras indígenas durante años, incluyendo Serra da Moça. En algunos casos, los Macuxi se han enfrentado a amenazas e incluso a la violencia física cuando se han opuesto a la invasión. Pero antes de que Nagelo pudiera alertar a las autoridades sobre la presunta intrusión, tuvo que demostrar que el asentamiento se encontraba en territorio Macuxi, a pesar de que la tribu no tenía una copia de los mapas oficiales mostrando las fronteras reconocidas por primera vez en 1984. La prueba llegó de forma inesperada, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes. Herramientas digitales para garantizar los derechos sobre la tierra. Desarrollada por el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM, por sus siglas en portugués), una organización no gubernamental con sede en Brasil, la aplicación, llamada SOMAI, hace un seguimiento de las precipitaciones y la deforestación, y proporciona mapas que demarcan los territorios indígenas. A principios de 2018, Nagelo asistió a un taller sobre cómo utilizar la herramienta digital junto con otros 100 indígenas brasileños. Cuando accedió al mapa de los territorios Macuxi a través de la aplicación, se confirmaron sus sospechas sobre las nuevas casas. Con un teléfono inteligente en la mano, podría presentar una queja a las autoridades. "Sospechábamos que era una invasión, pero no teníamos las herramientas para cartografiar nuestro territorio”, cuenta. "Cuando vi el mapa de la tierra indígena demarcada, me alegré de tener esta aplicación. Con ella, los indígenas podemos monitorizar nuestras tierras”.

El bosque tropical del Amazonas, que abarca gran parte del noroeste de Brasil y se extiende hasta Colombia, Perú y otros países de Sudamérica, es el bosque tropical más grande del mundo y es famoso por su biodiversidad. Está entrecruzado por miles de ríos, incluido el caudaloso Amazonas. Las ciudades aledañas, con arquitectura del siglo XIX de los días de la fiebre del caucho, incluyen a Manaos y Belém, en Brasil, y a Iquitos y Puerto Maldonado, en Perú.

Según el IPAM, su aplicación gratuita ha ayudado a verificar varios casos similares a los de los Macuxi. En junio de 2017, el pueblo Kayapó – conocido por sus coloridas fiestas tradicionales – observó deforestación a las afueras de sus tierras y lo reportó a través de la aplicación. Con ello, fueron capaces de preservar la tierra, así como las tradiciones agrícolas. Aunque muchas de estas comunidades viven en zonas remotas, según Fernanda Bortolotto, coordinadora de grupos indígenas del IPAM, ahora están más conectadas. Bortolotto estima que más de 100 personas están usando la aplicación, aunque no está segura del número total, ya que los teléfonos celulares a menudo son compartidos dentro de las comunidades. "En mi trabajo, es mucho más fácil comunicarse con ellos a través de Facebook o WhatsApp que por correo electrónico”, cuenta Bortolotto. "Poseen teléfonos móviles desde hace mucho tiempo, pero no como herramienta para monitorizar sus territorios”, aclara.

Según los representantes indígenas, las aplicaciones también están siendo utilizadas para hacer frente a las amenazas debidas al cambio climático. Las sequías extremas están aumentando en el Amazonas, lo que aumenta las posibilidades de incendios forestales. Herramientas como SOMAI pueden ayudar a las comunidades a evitar estos puntos calientes y combatir los incendios. Asimismo, la información sobre la temperatura y las precipitaciones también está ayudando a las comunidades a planificar y adaptarse mejor a la sequía y a otros eventos climáticos extremos. Los usuarios de la aplicación también pueden añadir sus propios datos de seguimiento climático. "Vimos una oportunidad para producir información desde dentro de las comunidades indígenas con la aplicación”, explica Sineia do Vale, miembro del grupo indígena Uapixana y gerente ambiental del Consejo Indígena de Roraima, una organización no gubernamental en el estado de Roraima, donde viven los Macuxi. Las comunidades pueden crear sus propios mapas climáticos y tener mayor capacidad de recuperación. Pero la supervivencia de los indígenas de Brasil no es sólo una cuestión de derechos sobre la tierra o de beneficios ambientales locales, según los grupos de derechos indígenas. Investigaciones recientes han demostrado que la deforestación amazónica se encuentra en un "punto de inflexión”, lo que significaría que la selva tropical podría convertirse en una sabana. En ese escenario, el mundo podría perder una de las reservas de CO2 más importantes del planeta. Diversos estudios muestran que la deforestación es mucho menor en territorios protegidos e indígenas que fuera de ellos. Las comunidades de los bosques están desempeñando un «papel sin precedentes” en la protección de los 54,5 millones de kilotoneladas métricas de carbono almacenadas en los bosques tropicales.

Se ha propuesto que la cuenca del Amazonas comprende dos sistemas de descarga de agua: un sistema fluvial, el río Amazonas, y un sistema subterráneo llamado río Hazma, que es el más ancho pero a la vez el más lento de los dos sistemas.

Sin embargo, las leyes propuestas en Brasil podrían hacer aún más difícil para las comunidades indígenas reclamar sus tierras. Los territorios indígenas demarcados representan el 13 por ciento del territorio del país, de los cuales el 98,5 por ciento se encuentra en la región amazónica. La demarcación de tierras es un proceso largo que está sujeto a varios niveles de investigación por parte de los órganos gubernamentales, incluido el Ministerio de Justicia. Una propuesta actual conocida como "sello de tiempo” exigiría a los grupos indígenas la obligación de demostrar su presencia en sus tierras en 1988, cuando la Constitución brasileña entró en vigor, para poder permanecer. En 2016, Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, visitó Brasil para identificar los problemas que sufría la comunidad indígena y describió como grave la situación que observó. En los últimos años, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), el organismo del gobierno brasileño responsable de las políticas relacionadas con los pueblos indígenas, ha visto reducido su presupuesto casi a la mitad, socavando los esfuerzos de vigilancia, protección y demarcación.

Mientras tanto, los grupos indígenas denuncian que se enfrentan de nuevo a amenazas a veces violentas por parte de madereros y mineros, así como de la industria agraria. Las comunidades indígenas que comparten las tierras de Macuxi declararon al medio periodístico de investigación Amazonia Real, que los miembros de su grupo habían sido amenazados "nueve veces” en los últimos años por individuos asociados con la empresa maderera FIT Manejo Florestal, que está talando a lo largo de las fronteras del país..El IPAM cree que su aplicación, premiada con el Google Social Impact Challenge en 2016, podría desempeñar un papel importante a medida que las comunidades indígenas se vean cada vez más presionadas.

"Nuestro objetivo es que estos datos principalmente estén a disposición de los pueblos indígenas”, dice Bortolotto, «de forma que puedan utilizarlos como una herramienta en la lucha por sus derechos”.

El Amazonas es un tesoro natural único. El bioma que contiene la selva tropical más grande y diversa del mundo ocupa más de 6,8 millones de km2 y es hogar de 33 millones de personas y de miles de especies.

La deforestación sobre la Amazonía y las masas boscosas de Brasil no cesa. La tala de árboles en el llamado pulmón del planeta alcanzó en 2021 cifras de récord, según los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), y la pérdida que sufre este ecosistema ha subido un 62% respecto al último año. Esta curva catastrófica de destrucción ambiental guarda una relación directa con la llegada de Jair Bolsonaro al Gobierno, pero también con los ciclos de consumo de Europa, continente que demanda cada vez más recursos y materias primas que, como la soja, contribuyen a la pérdida de áreas naturales en el Sur Global.

"La soja que Europa está importando de Brasil está manchada de sangre", dice Valéria Pereira Santos, representante de la Comisión Pastoral de la Tierra y miembro de la Coordinación Ejecutiva de la Campaña Nacional en Defensa del Cerrado, el territorio brasileño donde se concentra la mayor producción de soja para la fabricación, en su mayoría, de piensos de ganado. "Las comunidades están siendo expulsadas y el Gobierno lo permite. Ha habido una flexibilización de las legislaciones ambientales en los últimos años que han llevado a que, cuando todos los países se protegían de la pandemia, Brasil estuviese potenciando los agronegocios. En 2020, la mayoría de los sectores del país estaban en crisis, pero estas empresas seguían creciendo y lucrándose", cuenta.

La búsqueda de beneficios a costa de los recursos naturales del país deja también una escalada de violencia dirigida contra las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas. Jabson Nagelo da Silva, indígena macuxi del territorio Serra da Moça, señala que la persecución llega de la mano de las empresas, de "pistoleros" contratados como sicarios para acallar las voces críticas, pero también de parte de los poderes públicos que legitiman estas conductas y respaldan a las grande compañías que operan los territorios. "Bolsonaro ha cumplido lo que prometió al llegar al poder: no proteger o demarcar ni una sola tierra indígena más", denuncia, para recordar que las instituciones encargadas de velar por los derechos de las comunidades se han desmantelado desde que el ultraderechista llegó al poder.

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Menos educación, ciencia y sanidad y más policía. El Gobierno de Brasil prevé recortar más de 2.600 millones de euros (el equivalente a 13.500 millones de reales brasileños) de los presupuestos de educación, ciencia, tecnología y salud y dichos recursos redirigirlos a incrementar los salarios de la Policía Federal. Lula aventaja en 14 puntos a Bolsonaro en una nueva encuesta sobre las presidenciales de Brasil. El candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a la Presidencia de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, podría obtener hasta un 46 por ciento de apoyo en los comicios, 14 puntos por delante de su principal rival y actual presidente.

A doce meses de haber asumido la Presidencia, Jair Bolsonaro dejaba al país con menos democracia, más militarización y más neoliberalismo.

Pásate por los destacados de Agosto 2019. En Junio de 2020 tratábamos a Bolsonaro, un demente antivacunas.

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La crueldad se plasma en el territorio en forma de amenazas hacia los líderes locales, pero también se extiende sobre el resto de la población que ve como su forma de vida poco a poco desaparece. "Alrededor de las demarcaciones no hay nada, está ya todo deforestado y sin recursos. Además, hay una gran preocupación sobre el uso de agrotóxicos para los cultivos de soja. Hay más de 500 fertilizantes y pesticidas nocivos que contaminan las aguas que se utilizan para regar y para consumo", detalla el indígena.

En la delegación que llegó el miércoles a Madrid viaja André Campos, un periodista especializado en investigar los daños sociales y ambientales tras las cadenas de suministro y miembro de Repórter Brasil. "Llevo 15 años trabajando temas de derechos humanos y medio ambiente y para mi nunca fue tan difícil ejercer mi profesión como ahora", comenta. Informar o tratar de indagar sobre el sector de la soja y las nuevas industrias agrarias que llegan al país latinoamericano es un acto de riesgo. Los pistoleros no tratan de acallar sólo a los dirigentes locales que elevan su voz, también a quienes tratan de arrojar luz con sus cámaras y sus reportajes. "Hace poco, un compañero de mi organización fue detenido en Matopiba por grabar plantaciones de soja. La seguridad privada le detuvo y le intentó requisar las grabaciones y todo lo que tenía. Pero no fueron sólo los pistoleros de las empresas, también recibieron la ayuda de la Policía que acudió a su llamada" denuncia. Las Fuerzas del Estado se involucran en este proceso, pero otras veces ni siquiera hace falta. "Hay un clima de impunidad generado por el propio Gobierno, que, señalando públicamente a activistas y periodistas, permite que los otros actores sociales se sientan empoderados para ejercer violencia", avisa.

La Amazonia es la selva más grande del planeta. Es también el hogar ancestral de un millón de indígenas. Estos se dividen en unos 400 pueblos indígenas diferentes, cada uno de ellos con su propia lengua, cultura y territorio. Muchos de ellos han mantenido contacto con foráneos durante casi 500 años.

"La violencia es tanto privada como pública", agrega Pereira. "De hecho, cuando la violencia es privada siempre hay componente público, Bolsonaro está apoyando con su discurso y financiando a las grandes corporaciones que deforestan y persiguen a los lideres territoriales. Se está armando a los grandes latifundistas y además la Policía Militar ha creado recientemente un grupo denominado Patrulla Rural que, en lugar de velar por las personas, se encarga de proteger a los grandes productores", denuncia la representante de la Comisión Pastoral de la Tierra. "Las puertas están abiertas para que la violencia pueda campar a sus anchas".

Buena parte de la destrucción ambiental generada en los ecosistemas brasileños de la Amazonía o del Cerrado se vinculan directamente a las importaciones que Europa realiza de Brasil. Tanto es así que una investigación reciente publicada por el colectivo de periodistas Carro de Combate mostraba cómo las empresas cárnicas españolas están engordando sus cerdos con piensos fabricados con materias primas ligadas a la tala ilegal. El informe citaba algunas multinacionales como Cargill o Bunge, que operan en el viejo continente y certifican sus productos con criterios de sostenibilidad.

"Hay una relación directa entre la violencia que se desencadena en Brasil y el patrón de consumo de Europa, que no para de aumentar", manifiesta Pereira. "No se pueden plantear soluciones sin pensar ni involucrar a la Unión Europea", advierte la defensora de la Tierra.

El pasado lunes 30 de noviembre de 2020, se realizó la premiación donde Nemonte Nenquimo, una líder amazona de 35 años, recibió uno de los seis premios internacionales que la Fundación Goldman otorga cada año. El premio conocido como “Nobel de la Protección Ambiental”, le fue otorgado por haber sentado un precedente legal para los derechos indígenas en Ecuador.

Campos, por su parte, recuerda que los propios estándares ambientales de Bruselas y las políticas contra la crisis climática están incentivando talas masivas en Brasil y en otras zonas del mundo. "Se está apostando por la búsqueda de combustibles alternativos al petróleo y que sean renovables. Aquí entran los biocombustibles que se fabrican a base de soja cultivada en las tierras que son arrasadas. ¿Cómo combates el cambio climático si estás incentivando una cadena de suministro que está ligada directamente a la deforestación?", se pregunta. "Aquí, en España, hay plantas de biocombustibles que importan materias primas manchadas por estas prácticas".

La selva amazónica sigue quemándose para dar paso a la soja que alimenta al ganado mundial, a pesar de las supuestas normas estrictas diseñadas para evitar precisamente esta deforestación. Una investigación ha desvelado cómo tres de las mayores empresas alimentarias del mundo han comprado soja a compañías cuyas cadenas de suministro han sido objeto de preocupación por sus vínculos con la deforestación ilegal y los incendios forestales en la Amazonia brasileña. Cargill, Bunge y Cofco se abastecieron de soja de la empresa china Fiagril y de la multinacional Aliança Agrícola do Cerrado, ambas suministradas por un agricultor multado y sancionado en múltiples ocasiones tras destruir franjas de selva tropical. La deforestación de la Amazonia tiene consecuencias medioambientales potencialmente nefastas para el clima y la biodiversidad, y los expertos temen que el hábitat pueda cruzar pronto un punto de no retorno. Investigaciones recientes sugieren que algunas partes emiten ahora más carbono del que absorben. La Oficina de Periodismo de Investigación, Unearthed y Repórter Brasil utilizaron imágenes de satélite y registros de aplicación de la ley para descubrir cómo se plantaba soja ilegalmente en tierras que habían sido previamente embargadas, una forma de prohibición gubernamental que impide a los agricultores que han infringido las normas de deforestación o han causado otros daños medioambientales utilizar partes de sus propias tierras. Fiagril y Aliança han exportado millones de toneladas de soja brasileña en los últimos años a China, Arabia Saudí y Rusia, así como a España, Portugal, los Países Bajos y el Reino Unido. El cultivo es un ingrediente clave en la alimentación de aves de corral, cerdos y ganado, sobre todo para los animales criados en granjas intensivas.

La ganadería intensiva, ganadería industrial o cría intensiva de animales es un tipo de cría de animales diseñado para maximizar la producción al tiempo que se minimizan los costos económicos.

Los resultados ponen de manifiesto cómo la llamada soja «sucia» -vinculada a la deforestación ilegal del Amazonas- puede llegar a las cadenas de suministro internacionales supuestamente «limpias», a pesar de los mecanismos aparentemente sólidos, ampliamente apoyados por los grupos ecologistas, diseñados para detener la destrucción de la selva tropical para la soja.

La moratoria de la soja, firmada por todas las grandes empresas agrícolas, prohíbe la compra o financiación de la soja cultivada en zonas de la Amazonia que hayan sido deforestadas después de julio de 2008, y se le atribuye el mérito de haber reducido drásticamente la deforestación vinculada a las explotaciones de soja. Pero nuestra investigación ha suscitado la preocupación por una posible laguna en el sistema de control de la moratoria que podría permitir a los comerciantes seguir comprando soja a los agricultores que han sido vinculados a la deforestación ilegal. El destino de la Amazonia es objeto de una intensa atención mientras los líderes mundiales se esfuerzan por ponerse de acuerdo sobre cómo hacer frente a la emergencia climática. El gobierno brasileño declaró recientemente que necesitaba 1.000 millones de dólares de ayuda exterior para frenar la destrucción de la selva. Una investigación publicada en la revista académica Nature Climate Change descubrió que la superficie deforestada en la Amazonia casi se cuadruplicó en 2019 -el primer año del presidente Bolsonaro en el poder- con respecto al año anterior. Sarah Lake, del grupo de campaña Mighty Earth, dijo que el caso demostraba cómo las empresas no estaban invirtiendo seriamente en la limpieza de sus cadenas de suministro. «Los comerciantes siguen afirmando que la soja es sostenible y al mismo tiempo hacen la vista gorda ante proveedores como estos que deforestan ilegalmente y provocan incendios. Y sus clientes siguen comprándoles», dijo. Añadió que el comportamiento puesto de manifiesto por la investigación ilustra un problema mucho más amplio. «Nuestro propio sistema de control ha encontrado docenas de casos… relacionados con los principales comerciantes de soja en los últimos dos años, y cuando notificamos a los comerciantes estos problemas no hacen nada para solucionarlos». «Los comerciantes siguen haciendo afirmaciones sobre la sostenibilidad de la soja y al mismo tiempo hacen la vista gorda ante proveedores como estos que deforestan ilegalmente y provocan incendios» – Sarah Lake, Mighty Earth Fiagril dijo a la Mesa que condena la actividad ilegal y está «comprometida con el cumplimiento legal de la sostenibilidad en la agricultura con nuestros clientes y proveedores». Aliança dijo: «Desde su creación, Aliança siempre ha operado en estrictos términos de legalidad, observando toda la legislación brasileña e internacional, incluyendo las leyes ambientales». Cargill dijo a la Oficina que investigaría las cuestiones planteadas en relación con Fiagril y Aliança a raíz de las revelaciones.

Los últimos cincuenta años han supuesto un coste de deforestación nunca antes visto en la historia de la humanidad, arrasando un 15% de la superficie mundial de vegetación equivalente al territorio de España, Portugal y Francia. Un nuevo estudio de 2020 alerta sobre la pérdida de 4.567 kilómetros cuadrados de la selva del Amazonas en los últimos diez meses: un 54 % más que el período anterior.

En 2010, en la remota región de Marcelândia, en el estado brasileño de Mato Grosso, los satélites captaron el fuego que ardía en las tierras vinculadas a Alexandra Aparecida Perinoto, productora de soja y ganado. Las imágenes mostraban un humo ondulante y llamas que desgarraban la vegetación. No era la primera vez que la selva de este rincón de Marcelândia quedaba diezmada. Al menos 15 kilómetros cuadrados de bosque vinculados a Perinoto fueron embargados en 2019 por el regulador ambiental brasileño IBAMA tras ser deforestados. Los embargos se publican y se imponen para que sirvan tanto de castigo como de medida de protección para permitir que la tierra se recupere. Otro embargo, emitido por la agencia estatal de medio ambiente de Mato Grosso en 2016, nombra a Perinoto en relación con una mayor deforestación ilegal. Usando el análisis satelital de MapBiomas, Repórter Brasil estableció que la soja se cultivó ilegalmente en esta tierra en 2018 y 2019, a pesar del embargo. Los registros públicos muestran que Perinoto ha sido multado con un total de 12 millones de reales (1,3 millones de libras esterlinas) por incumplir las normas de protección de los bosques. También es objeto de una acción legal civil por deforestación ilegal.

Se entiende que Perinoto ha aparecido en una «lista prohibida» de proveedores acusados de deforestación ilegal, difundida para ayudar a los comerciantes a evitar la compra de soja procedente de tierras deforestadas. La lista negra la elabora anualmente un grupo de trabajo formado por organismos de la industria y Greenpeace, que contribuyó a establecer la moratoria en 2006. Sin embargo, a pesar de esto, la Oficina ha sabido que la soja cultivada por Perinoto en al menos una de sus granjas entró en las cadenas de suministro de al menos dos grandes empresas agrícolas, Fiagril y Aliança, que compraron cantidades significativas de frijoles de la agricultora en 2019. No se sabe si esta soja procedía de tierras prohibidas. Fiagril es propiedad de la corporación china Hunan Dakang Pasture Farming, y comercializa soja y otros cultivos en los mercados nacionales y de exportación. La empresa está respaldada por el gobierno chino, con un préstamo renovable de 300 millones de dólares a tres años aprobado en 2019. Aliança es propiedad del conglomerado agroindustrial Sodrugestvo. En conjunto, Fiagril y Aliança han exportado al menos 2,5 millones de toneladas de soja desde Brasil desde agosto de 2015. Bunge compró soja a Fiagril, y Cargill y Cofco compraron soja a Aliança, después de que las dos empresas se abastecieran de Perinoto en 2019, según los registros vistos por la Oficina. En el caso de Bunge, los registros muestran que Perinoto vendió soja de Marcelândia a las operaciones de Fiagril en la ciudad cercana de Sinop en abril de 2019, y en junio de ese año Fiagril envió soja de Sinop a Bunge en España. Fiagril y Aliança, así como los tres comerciantes internacionales, son firmantes del acuerdo de moratoria. Los firmantes se comprometen a no «vender, comprar y financiar soja procedente de zonas deforestadas en el bioma amazónico después de julio de 2008».

Las ocho claves principales del Pacto Leticia firmado por el Amazonas. La dramática situación del Amazonas llevó a los países de la cuenca amazónica a reunirse en una cumbre extraordinaria por la protección del pulmón del planeta.

La moratoria ha sido muy elogiada por reducir la deforestación provocada por la soja en la Amazonia. Una estimación sugiere que el acuerdo impidió la deforestación de unos 18.000 km2 en su primera década, un área aproximadamente del tamaño de Gales. Sin embargo, nuestra investigación ha puesto de manifiesto una laguna en el sistema de seguimiento de la moratoria. Mientras que la compra de soja cultivada directamente en tierras de cultivo deforestadas está prohibida, la moratoria permite a las empresas seguir comerciando con agricultores que han sido sorprendidos talando ilegalmente la selva tropical, siempre que la soja proceda de otras tierras de cultivo, libres de deforestación ilegal. Los expertos y los activistas afirman que esto deja la puerta abierta al posible «blanqueo» o «triangulación» de la soja, es decir, cuando un agricultor tiene varias explotaciones y puede intentar blanquear la soja «sucia» vendiéndola a través de explotaciones «limpias». Los complejos sistemas de registro de la tierra en Mato Grosso pueden facilitar aún más esta laguna al permitir a los agricultores dividir sus explotaciones en propiedades separadas. Se entiende que el sistema de control de la moratoria normalmente sólo prohíbe la tierra donde se produjeron los incumplimientos, excluyendo otras propiedades del mismo agricultor. Las decisiones de compra parecen quedar en gran medida en manos de las propias interpretaciones de las normas por parte de los compradores. André Nassar, presidente ejecutivo de Abiove, la asociación brasileña de comerciantes de soja, dijo que los comerciantes son los que deciden qué enfoque conservador adoptar al comprar soja. «[Por ejemplo], tienes una persona que posee una granja que no cumple con la moratoria», dijo Nassar, «y la misma persona tiene otra granja con un embargo del Ibama… [Los comerciantes podrían] mirar eso y decir ‘es demasiado arriesgado, no les compraré [en absoluto]’. Pero esa es una decisión individual. Eso no forma parte de las normas de la moratoria». «Permitir que diferentes propiedades operadas por la misma persona o grupo sigan reglas diferentes abre un vacío legal que los productores agrícolas pueden utilizar para eludir la moratoria de la soja», dijo Lisa Rausch, investigadora de la Universidad de Wisconsin.

El río Madre de Dios pertenece a la cuenca del Amazonas, y que atraviesa los países de Perú y Bolivia. Es afluente del río Beni. Tiene una longitud aproximada de 1.150 km y es un río binacional, ya que discurre por la parte suroriental de Perú, 655 km, por la departamento de Madre de Dios y noroccidental de Bolivia. Drena una cuenca de más de 100 000 km². Se encuentra en una zona muy húmeda de la Amazonía subandina, la Amazonía peruana, lo que explica su alto caudal. Permite una óptima navegabilidad , se puede viajar sin dificultades desde Puerto Maldonado hasta su confluencia con el río Beni. Entre las muchas actividades, que se desarrollan en sus riberas, destacan las plantaciones de mango y la minería de oro, además de la tala selectiva de finas maderas y la agricultura, que provocan serios problemas ambientales. A lo largo del río se han establecido varios parques y reservas nacionales. En el Perú se hallan el parque nacional del Manu (también declarado como reserva de biosfera), el parque nacional del Bahuaja-Sonene y la reserva nacional del Tambopata; mientras que en Bolivia está la reserva nacional de vida silvestre Amazónica Manuripi-Heath.

En 2016, ella y su colega Holly Gibbs encuestaron a los agricultores de Mato Grosso y descubrieron que quienes cultivaban soja en múltiples parcelas a menudo solo proporcionaban a los compradores la documentación de una sola propiedad, lo que dificultaba la trazabilidad. Rausch subrayó que la moratoria ha sido un «cambio de juego», que ha llevado a niveles muy bajos de deforestación para la soja; su investigación encontró que el uso de la laguna legal era raro. Sin embargo, dijo a la Mesa que el vacío legal podría ser más significativo bajo el gobierno de Bolsonaro. «Por eso es necesario que los países consumidores y los inversores envíen mensajes contundentes sobre la importancia de la moratoria», dijo. La investigación de Repórter Brasil destacó una compleja red de registros de tierras en el caso Perinoto, con tierras agrícolas aparentemente contiguas en Marcelândia divididas en propiedades separadas. Una propiedad está incluso subdividida en más de veinte parcelas, registradas a nombre de Alexandra Perinoto y sus tres hijos. Los nombres de las propiedades también han sido alterados, en lo que el informe sugiere que podría ser una estrategia deliberada destinada a ocultar el origen de la soja y su conexión con zonas de cultivo con daños medioambientales. Perinoto se negó a responder a las conclusiones de Repórter Brasil. Cuando se les preguntó por sus compras a Perinoto, ni Aliança ni Fiagril negaron haberle comprado. Aliança dijo que era auditada regularmente y que cumplía con todas las regulaciones y que «no hay hechos o sentencias oficiales que mencionen, conecten o de cualquier otra manera se refieran a Aliança en cualquier violación ambiental». La empresa dijo que trata con «innumerables agricultores y productores en Brasil» y que «los negocios que están fuera del control de Aliança son responsabilidad exclusiva de un agricultor/productor en particular».

Mato Grosso es uno de los veintiséis estados que, junto con el distrito federal, forman la República Federativa de Brasil.

Fiagril dijo que no se abastecía de soja procedente de zonas embargadas por daños medioambientales. Y añadió: «En febrero de 2021, tras una auditoría de la cosecha 2019/20, Fiagril recibió una declaración oficial firmada por Abiove y Greenpeace que acreditaba su pleno cumplimiento de la moratoria de la soja.» Greenpeace Brasil desmintió esta afirmación, afirmando que el proceso de control de esa cosecha aún no ha concluido. Dijo a la Mesa: «Los hallazgos de esta investigación que vinculan a Fiagril con la soja potencialmente ilegal son extremadamente preocupantes y nos aseguraremos de que se investiguen a fondo y se tomen las medidas adecuadas». Greenpeace reconoció que el sistema de la moratoria «no es perfecto» y dijo que estaba presionando para que se introdujeran mejoras, incluyendo «una mayor transparencia y un escrutinio adecuado de los proveedores indirectos y estrategias para evitar la triangulación de la soja». Bunge dijo que no ha comprado soja de Aliança desde 2017, y que Fiagril no les había suministrado soja de Marcelândia. «Como firmante de la Moratoria de la Soja Amazónica, las compras realizadas por Fiagril son auditadas por entidades independientes», dijo la empresa. Cargill dijo que no se abastecía de soja «directamente» de Perinoto. Añadió: «Hemos mantenido firmemente la Moratoria de la Soja en la Amazonia desde 2006… Investigaremos a Fiagril y a Aliança do Cerrado de acuerdo con nuestro proceso de reclamación de la soja». Dijo Cofco: «Llevamos a cabo auditorías internas mensuales, así como auditorías externas anuales sobre el cumplimiento de la Moratoria por parte de los proveedores. La auditoría de 2019 confirmó que todos nuestros proveedores cumplieron con los requisitos de la Moratoria en la última temporada.»

Francisco Alves Mendes Filho, más conocido también como Chico Mendes (Xapuri, Brasil, 15 de diciembre de 1944 - Xapuri, 22 de diciembre de 1988) fue un recolector de caucho, sindicalista y activista ambiental brasileño. Luchó de manera pacífica contra la extracción de madera y la expansión de los pastizales sobre la Amazonía hasta que fue asesinado por rancheros.

Chico Mendes nació en 1944 en un seringal llamado "Puerto Rico" en el Estado brasileño de Acre. Era hijo de Francisco Mendes, descendiente de los emigrantes nordestinos asentados desde hace un siglo en la Amazonia. Comenzó a trabajar a los nueve años y hasta los 14 no aprendió a leer. Fue recolector de caucho (llamados en Brasil seringueiros), ambientalista y socialista. Era un luchador nato y desde joven desarrolló una infatigable labor en defensa de los seringueiros. Participó en la creación de la Central Única de Trabajadores y del Partido de los Trabajadores. Chico Mendes fue el principal impulsor del "Conselho Nacional dos Seringueiros". Su oposición a la deforestación que afectaba a Acre y su defensa de los pueblos de la floresta (indios, recolectores de caucho y habitantes de las riberas de los ríos, entre otros), le dio una gran proyección internacional. De seringueiro se transformó en sindicalista y de sindicalista en ecologista. Chico Mendes fundó un sindicato de recolectores de caucho y conductores de camiones en un intento por preservar sus trabajos y la selva tropical al mismo tiempo. Tuvo un papel importante en la fundación del Consejo Nacional de los Recolectores de Caucho y la creación de la propuesta de Reservas Extractivas para los recolectores. Fue el primer presidente de la ACRE, fundada en 1984. Consiguió el apoyo internacional y en 1987 recibió el premio Global 500 por la ONU. Fue asesinado el 22 de diciembre de 1988.

El 10 de marzo de 1976 los seringueiros organizaron el primer empate (acción no violenta para impedir la tala de un "seringal", área de selva explotada sosteniblemente por los recolectores de caucho) en Brasiléia, municipio próximo a Xapuri, en Acre. Entre 1976 y 1988 Chico Mendes y otros como Wilson Pinheiro (asesinado el 21 de julio de 1980) organizaron 45 empates, con un saldo de 400 detenidos, 40 torturados y varios muertos, pero lograron impedir la deforestación de 1,2 millones de hectáreas de selva. Estas acciones siempre chocaron con los intereses de los grandes latifundistas. Pocos días antes de morir, Chico Mendes, que tenía cuando fue asesinado 44 años, declaró: "Si descendiese un enviado de los cielos y me garantizase que mi muerte facilitaría nuestra lucha, hasta valdría la pena. Pero la experiencia me enseña lo contrario. Las manifestaciones o los entierros no salvarán la Amazonia. Quiero vivir." La muerte de Chico Mendes atrajo la atención internacional sobre la destrucción de la Amazonia y la violación de los derechos humanos, acabó con la impunidad absoluta y sobre todo posibilitó la creación de las llamadas reservas extrativistas.

Brasil aprueba una indemnización a sus ‘soldados del caucho’. El Congreso aprueba una ayuda para los 'seringueiros', que extrajeron toneladas de caucho durante la II Guerra Mundial.

Una caricatura suya y su nombre aparecen cada semana en la portada del periódico progresista "Diario Uno" en Chile, espacio en el que el personaje realiza ácidas reflexiones sobre las autoridades y la realidad política y social.

Fue asesinado el 22 de diciembre de 1988, en Xapuri, pequeña ciudad de la Amazonia brasileña próxima a Bolivia. Los asesinos materiales fueron el terrateniente Darly Alves de Silva y uno de sus 21 hijos, Darcy Alves Pereira, de la Unión Demócrata Ruralista. Fueron juzgados y condenados a 19 años de cárcel. No obstante, escaparon en 1993 sin muchos problemas de la cárcel de Río Branco, capital del estado de Acre, siendo nuevamente apresados tres años más tarde. "A Chico le gustaba mucho jugar al dominó. Llevaba jugando desde las cuatro de la tarde. A las seis y media le pedí que parase, para servir la cena. Entonces se levantó de la mesa, dijo que iba a ducharse y me preguntó si podía usar la toalla que le había regalado por su cumpleaños. Le dije que sí, tomó la toalla y se dirigió hacia la puerta. Abrió una rendija, vio que estaba oscuro y volvió. Tomó una linterna, abrió la puerta y entonces le dispararon". Ilzamar Gadelha, esposa de Chico Mendes, que entonces tenía 24 años, recordó con estas palabras los últimos momentos de su marido. Darly y Darcy eran de la Unión Democrática Ruralista, latifundistas brasileños con una larga lista de asesinatos en su haber según afirmó la viuda de Mendes. En honor a su muerte, fue compuesta la canción "Cuando los ángeles lloran", del grupo mexicano Maná.

La Medalla "Chico Mendes de la Resistencia", instituida en 1989 por el Grupo Tortura Nunca Mais en Río de Janeiro en memoria a los muertos y desaparecidos de la dictadura militar brasileña, que a su vez rinde homenaje a personas y entidades que se destacan en la lucha de resistencia por la defensa de los derechos humanos. El Premio Chico Mendes, en la ciudad de Córdoba (España) desde 1994, al proyecto más destacado para la promoción, defensa o conservación de los valores naturales, culturales, sociales o económicos del medio ambiente. En literatura tenemos Senderos de Libertad, del escritor español Javier Moro. A su vez es nombrado en la novela Un viejo que leía novelas de amor del escritor chileno Luis Sepúlveda, donde se le menciona en una nota del autor: "Esta novela ya nunca llegara a tus manos, Chico Mendes, querido amigo de pocas palabras y muchas acciones..." La canción How many People del cantante británico Paul McCartney fue escrita en memoria del activista. El grupo brasileño Sepultura o el rapero español Nach lo incluyeron en sus creaciones.

La segunda muerte de Chico Mendes.

El asesinato de Mendes, de no ser por la repercusión que tuvo en Brasil y en otros países, habría quedado tan impune como los más de 1000 crímenes de dirigentes sindicales, militantes de izquierda, abogados, sacerdotes de la teología de la liberación e indígenas registrados en los últimos años en la Amazonia brasileña. Tras la muerte de Mendes los asesinatos se han seguido produciendo, aunque a una escala menor, pero con la misma impunidad. El 26 de marzo de 1998, 10 años después, fueron asesinados 2 líderes del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Parauapebas, en Pará, uno de los municipios donde la lucha por la tierra es más violenta. En Pará han sido asesinados más de 500 campesinos pobres en la última década. Los conflictos por la tierra y la destrucción del bosque tropical son las dos caras de la política de ocupación de la Amazonia. El 9 de diciembre de 1988, 13 días antes de ser asesinado, Chico Mendes en una entrevista con Edilson Martins, del diario Jornal do Brasil, afirmó que estaba amenazado por los propietarios de la fazenda Paraná, Darly Alves y Alvarino Alves. Desde 1973, esos dos terratenientes tenían orden de prisión en Paraná (en el sur de Brasil), pero el delegado de la Policía Federal de Acre, Mauro Spósito, retuvo esa orden de prisión.

El mismo Mauro Spósito, que llegó a acusar a Chico Mendes de tener relación con una entidad "comunista", la Fundación Ford de EE. UU., posteriormente ocupó cargos importantes en la Policía Federal. Un mes antes de la muerte de Chico, el abogado y terrateniente Joao Branco, presidente de la UDR de Acre, estuvo en la hacienda de Darly Alves discutiendo el asesinato de Chico Mendes, según Genesio Ferreira de Silva, un muchacho que por entonces tenía 14 años y era empleado de Darly. Para muchos Joao Branco fue el verdadero instigador de la muerte de Chico Mendes y otros líderes sindicales en Acre, y el auténtico dirigente de un escuadrón de la muerte en la región, encaminado a suprimir toda oposición a la expropiación y deforestación de la selva. Joao Branco declaró como testigo en el juicio, pero nunca fue juzgado, y tras pasar varios meses fuera, esperando a que se calmase la situación, regresó a Acre, dimitiendo como presidente de la UDR, la entidad asociativa brasileña que reúne los grandes proprieterios rurales. La UDR de Acree, según Chico Mendes, "es el núcleo de un auténtico escuadrón de la muerte, responsable de numerosos asesinatos". Sus principales integrantes en la época en que Mendes fue asesinado eran Joao Branco; Rubem Branquinho, que fue candidato a gobernador del estado; el exalcalde de Río Branco, Adalberto Aragao; el diputado por el partido Frente liberal, Joao Tezza; los terratenientes Benedito Rosa Gastao Mota; el exalcalde Xapuri, Vanderlei Viana, y el que era concejal de Brasileia, Luis Assém.

Djamila Taís Ribeiro dos Santos (Santos, 1 de agosto de 1980) es una feminista, periodista y filósofa negra brasileña.

Estudió filosofía política en la Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP). En su tesis de grado investigó el trabajo de Simone de Beauvoir y Judith Butler. Trabaja como editora para el semanario Carta Capital. En mayo de 2016, fue nombrada Vice-Secretaria de Derechos Humanos y Asuntos de Ciudadanía en el gobierno municipal de São Paulo y se unió a la administración del alcalde y futuro candidato presidencial Fernando Haddad. Escribió el prefacio del libro Mujeres, raza y clase de la filósofa feminista negra Angela Davis para la traducción y primera edición en portugués de Brasil. Ribeiro ha colaborado con Davis en varias ocasiones. Ribeiro también es bloguera y activista en línea. Habló como representante de la sociedad civil en la Conferencia de Brasil en la Universidad de Harvard en 2018. Se identifica como miembro de la comunidad Candomblé, una tradición religiosa afrobrasileña. Ha escrito sobre cómo las mujeres sanadoras tradicionales en la comunidad africana fueron retratadas como brujas por la sociedad europea occidental.

En 2020, durante una transmisión de YouTube con el diputado federal brasileño Marcelo Freixo, Djamila se refirió a la activista Letícia Parks con el término "clarinha de turbante" (pálida con turbante) reaccionando a las críticas sobre su participación en la publicidad de la empresa de transporte 99, mientras sus trabajadores protestaban por mejoras en las condiciones laborales y los salarios. El hecho fue mencionado por la periodista Vera Magalhães en el tradicional programa de entrevistas Roda Viva (TV Cultura) emitido el 9 de noviembre de 2020, con Djamila como entrevistada, que evitó comentar el episodio, pero terminó usando expresiones como "moreninhos" y "mulatinhos" ("morenitos" y "mulatitos") para calificar personas que no serían negras en su concepción. En respuesta, Letícia utilizó sus redes sociales para protestar e inició una petición pública solicitando el derecho a responder al programa, argumentando que Djamila cuestionaba su identidad racial, "otorgándose el derecho a definir quién es negro y quién no".

Sebastião Salgado (Aimorés, Minas Gerais, Brasil, 8 de febrero de 1944) es un fotógrafo sociodocumental y fotorreportero brasileño. Salgado ha viajado a más de 100 países por sus proyectos fotográficos. La mayor parte de estos han aparecido en numerosas publicaciones y libros. Exhibiciones itinerantes de su trabajo han sido mostradas en todo el mundo. El galerista Hal Gould considera a Salgado el mejor fotógrafo de los comienzos del siglo XXI.

Ha recibido numerosos premios internacionales, entre otros en 1998 el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, o el Premio W. Eugene Smith de Fotografía Humanitaria en 1982.

Junto a su pareja, protagonistas de una imagen viral.

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María Bernadete Pacífico, una líder social afrodescendiente brasileña de 72 años, fue asesinada a balazos este jueves en la región metropolitana de Salvador, estado de Bahía, confirmaron las autoridades. Según informó la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía, la referente del Quilombo Pitanga dos Palmares fue atacada por sicarios que le dispararon dos tiros en el rostro, en la ciudad de Simoes Filho, reportó el sitio G1. El Gobernador del estado, Jerônimo Rodrigues (Partido de los Trabajadores), señaló en redes sociales que recibió con «pesar e indignación» la noticia de la muerte de «Madre Bernadete, amiga y gran líder quilombola de Bahía». Asimismo, Rodrigues dijo que ordenó a la Policías Civil y Militar que acudan de imediato a la zona y sean «firmes en la investigación» del crimen. Por su parte, la ministra de Igualdad Racial designada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Anielle Franco, vinculó el caso con la violencia religiosa, ya que los asesinos invadieron el ‘terreiro’, como se llama al espacio con piso de tierra donde se realizan rituales afrobrasileños de umbanda y candomblé. «El ataque a ‘terreiros’ y el asesinato de líderes religiosos de origen africano no es un hecho aislado. El racismo religioso es una faceta más de la conformación racista que estructura el país y necesita ser combatido a través de políticas públicas», dijo la ministra desde su cuenta de la red social X, antes llamada Twitter.

En la noche del 17 de agosto del 2023 fue brutalmente asesinada, en su comunidad, María Bernadete Pacífico, de 76 años, lideresa quilombola del Quilombo Pitanga dos Palmares, en Bahía, y coordinadora de la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas (CONAQ), organización vinculada a la Vía Campesina Internacional y que es la actual coordinadora de la Vía Campesina Brasil.

Quién era Madre Bernardete Bernadete fue secretaria de Políticas para la Promoción de la Igualdad Racial en la ciudad de Simões Filho durante la administración del alcalde Eduardo Alencar, entre 2009 y 2016, y dirigió la comunidad quilombola en el mismo municipio. Seis años atrás, un hijo de la líder afrodescendiente, Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, fue asesinado por su trabajo político en defensa del territorio y de las religiones de matriz africana que se practican en Brasil. «Mi familia está siendo perseguida, mi hermano fue asesinado de la misma manera. No vamos a parar, el quilombo siempre será resistencia», dijo otro hijo de la mujer asesinada, Wellington dos Santos. En julio, Bernadete Pacífico había denunciado ante la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, la violencia que sufren los quilombolas —personas afrodescendientes que habitan los quilombos— por parte de terratenientes que intentan ocupar tierras.

Tras el asesinato de la destacada líder de la comunidad negra, María Bernadete Pacífico, el gobierno del Estado brasileño de Bahía revisó este domingo todos los protocolos para la protección de defensores de los derechos humanos. “La muerte de una defensora de derechos humanos es una tragedia, más si ya ha sido amenazada. Un hecho como este necesita hacernos mejorar las medidas de protección y perfeccionar las acciones policiales en todo el país”, indicó el secretario de Justicia y Derechos Humanos de Bahía, Felipe Freitas, en una entrevista con Agência Brasil. Según él, se está reforzando la seguridad de los activistas de la comunidad y la región. Los familiares de Bernadete fueron sacados del Quilombo Pitanga do Palmares, donde ocurrió el crimen, como medida de precaución.

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