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La licencia de una mina o una plataforma petrolífera
podrá avanzar aunque la obra destruya el lugar del que depende
una especie protegida. El cambio entrará en vigor el 14 de
septiembre y limita la responsabilidad federal a las agresiones
ejercidas sobre animales o plantas, como disparar a una tortuga
marina o talar un roble de hoja de arce, mientras deja fuera
la degradación del entorno que impide alimentarse, reproducirse
o encontrar refugio.
Según IFL Science y National Geographic, los
departamentos de Interior y Comercio de Estados Unidos aprobaron
el 10 de julio la retirada de la definición de daño utilizada
durante décadas por la Ley de Especies en Peligro.
La norma anterior incluía cualquier modificación
grave del hábitat que matara o lesionara fauna al alterar
conductas esenciales. La Administración de Donald Trump considera
que aquella lectura era equivocada y presenta la reforma como
una recuperación del sentido original de la ley y de la responsabilidad
exigida por los votantes. La discusión sobre qué debía considerarse
daño a una especie ya llegó al Tribunal Supremo de Estados
Unidos en 1995. Varias empresas madereras sostenían que la
ley solo prohibía matar o herir animales y que, por tanto,
destruir el hábitat del que dependían no entraba en esa protección.
El tribunal rechazó ese argumento por seis votos frente a
tres y confirmó que alterar gravemente el hábitat también
podía vulnerar la norma.
Ahora, Earthjustice y otras organizaciones ecologistas
han denunciado al Gobierno porque consideran que la nueva
regulación contradice aquella sentencia y no cuenta con respaldo
científico ni jurídico. Tara Zuardo, responsable de campañas
del Center for Biological Diversity, resumió el problema advirtiendo
que “si los animales no tienen un lugar donde vivir, no pueden
vivir”.
La reforma podría afectar a cualquier animal
incluido en la Ley de Especies en Peligro cuando una obra
degrade o destruya el hábitat del que depende para alimentarse,
reproducirse o refugiarse.
Los datos sobre las causas de amenaza explican
el alcance de esa batalla judicial, ya que un estudio de 2019
atribuyó a la pérdida y degradación del hábitat el 81% de
las inclusiones en la lista federal, mientras solo el 17%
respondía principalmente a la caza furtiva u otras muertes
inmediatas. Desde 1973, la ley ha evitado la desaparición
del 99% de las especies registradas, y el Center for Biological
Diversity calcula que ha salvado a casi 300, entre ellas el
cóndor de California y la foca monje de Hawái. Cuatro cambios
regulatorios ampliarían el peso de los intereses económicos
al decidir qué especies reciben protección y qué salvaguardas
se aplican a sus territorios. Brian Nesvik, director del Servicio
de Pesca y Vida Silvestre, los ha definido como un compromiso
con la conservación basada en la ciencia que puede convivir
con las prioridades energéticas y agrícolas. Leigh Henry,
directora de conservación de fauna del Fondo Mundial para
la Naturaleza, advierte de que ese criterio concede a la economía
una influencia contraria a los principios de la norma.
Los animales que podrían verse afectados son
la tortuga marina, la ballena de Rice, la tortuga lora, el
jaguar, el cóndor de California y la foca monje de Hawái.
Una de las propuestas permitiría valorar costes
empresariales durante el proceso de inclusión, que tarda una
media de 12,1 años según un estudio de 2016 dirigido por Noah
Greenwald, responsable de especies amenazadas del Center for
Biological Diversity. Otra retiraría la protección automática
que comparten las especies amenazadas y las que están en peligro.
Jonathan Wood, vicepresidente jurídico y de políticas del
Property and Environment Research Center, apoya esa revisión
porque considera que cada animal necesita medidas adaptadas
y que los propietarios deberían librarse de cargas cuando
alcancen objetivos de recuperación. La revisión de los hábitats
críticos podría reducir áreas todavía desocupadas que resultan
necesarias para recuperar poblaciones, como las 259.000 hectáreas
reservadas para el jaguar en Arizona. La Universidad de Arizona
ha registrado únicamente cinco ejemplares en el sur del estado
durante los últimos 15 años. Leah Gerber, profesora de ciencia
de la conservación en la Universidad Estatal de Arizona, advierte
de que esta exigencia dejaría fuera zonas útiles para la recuperación
futura del jaguar. La especie ya perdió cerca de 24.300 hectáreas
protegidas en 2023 y unas 20.200 en Nuevo México en 2021.
La sección siete podría exigir que los efectos
de un proyecto sean “razonablemente ciertos” antes de obligar
a prevenirlos, una fórmula que reduciría la consideración
de emisiones asociadas al cambio climático. Jane Davenport,
abogada principal de Defenders of Wildlife, afirma que esa
modificación facilitaría autorizaciones con un análisis insuficiente.
Un juez federal de California anuló este año ese criterio
tras una demanda presentada en 2024, por lo que Greenwald
considera incierto el recorrido de la propuesta.
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