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El Consejo de Ministros aprobó remitir
a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria el
proyecto de ley que actualiza la normativa actual frente al
tabaquismo, aprobada en 2005. La nueva normativa busca ampliar
los espacios sin humo, reforzar la protección de la infancia
y la adolescencia, y adaptar la legislación a los nuevos productos
relacionados con el tabaco. La ministra de Sanidad, Mónica
García, ha destacado que España siempre ha estado a la vanguardia
en la lucha contra el tabaco y, en este sentido, la nueva
norma responde a los cambios producidos en los patrones de
consumo y al auge de nuevos productos. "Hoy convivimos con
vapeadores, tabaco calentado, bolsas de nicotina, productos
de hierbas y dispositivos desechables, especialmente atractivos
para los jóvenes", ha señalado. El proyecto de ley se enmarca
en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo
2024-2027, que el Ejecutivo aprobó en 2024, y avanza en algunas
de sus líneas de actuación: proteger la salud pública, prevenir
el inicio del consumo y avanzar hacia generaciones libres
de tabaco. La ministra ha concretado que se actualiza la ley
"para reducir el consumo, proteger a quienes están expuestos
involuntariamente al humo y a las emisiones, facilitar que
todas las personas que quieran dejar de fumar puedan hacerlo
y cerrar algunas lagunas legales que han sido aprovechadas
por los nuevos productos".
Mónica García explicó que se equipara
la regulación de todos los productos relacionados con el tabaco:
"Da igual que la nicotina llegue a través de un cigarrillo
convencional, de un vapeador o de una bolsa de sabores. Cuando
existe un riesgo para la salud y una capacidad de generar
adicción, debemos actuar y aplicar las mismas medidas y exigencias".
Otra novedad es la ampliación de los espacios libres de humo
y emisiones, a los que se suman las terrazas de hostelería.
Asimismo, se amplía la protección a marquesinas, andenes,
campus universitarios, instalaciones deportivas, piscinas
de uso colectivo, playas, parques nacionales, espacios exteriores
de ocio, centros de trabajo y vehículos de transporte, como
taxis y VTC. La ministra señaló que muchos de
estos espacios ya estaban sujetos a restricciones autonómicas
y que el Gobierno las regula ahora de forma conjunta. La norma
también establece que no se podrá fumar en un radio inferior
a 15 metros de los accesos a edificios públicos, centros sanitarios
públicos y privados, educativos, culturales y deportivos,
así como en parques o recintos infantiles. "El propósito es
muy sencillo: que en los espacios compartidos respirar aire
limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa
del lugar en el que uno se encuentre", renarcó la ministra.
La reforma de la ley prohíbe expresamente el
consumo de productos del tabaco a menores de 18 años. Hasta
ahora, la normativa prohibía la venta y el suministro, pero
no recogía de forma específica la prohibición del consumo.
La titular de Sanidad, resaltó que con este cambio
se puede "actuar de manera más preventiva, facilitar la intervención
con menores y familias y reforzar el enfoque educativo". La
futura ley refuerza las restricciones a la publicidad, promoción
y patrocinio del tabaco, de los dispositivos para su consumo
y de los productos relacionados. La ministra argumentó
que la publicidad ya no se realiza únicamente mediante vallas
o anuncios convencionales, sino que se introduce a través
de las redes sociales o de 'influencers' que muestran nuevos
productos del tabaco atractivos para los jóvenes. Por ello,
la norma equipara esos productos al tabaco tradicional, prohíbe
su publicidad en internet y redes, y limita la promoción indirecta
y las ofertas comerciales para captar nuevos consumidores.
La reforma restringe los puntos de venta de los productos
relacionados con el tabaco, que tendrán que estar debidamente
autorizados y cumplir unos requisitos.
La titular de Sanidad ha estimado que la aplicación
de esta política no sólo traerá beneficios para la salud,
sino además un importante ahorro económico de entre 100 y
200 millones de euros al año: "Hablamos de recursos que podrán
destinarse a otras necesidades del sistema, en lugar de emplearse
en tratar enfermedades evitables, como patologías respiratorias,
cardiovasculares o determinados tipos de cáncer".
La nueva ley antitabaco ha despertado opiniones
encontradas entre fumadores y no fumadores. La norma amplía
los espacios libres de humo a terrazas de bares, playas, piscinas,
festivales al aire libre, o marquesinas, además de prohibir
expresamente el consumo de tabaco y productos relacionados
a los menores de edad. Mientras algunos ciudadanos creen que
supondrá un avance para la salud pública, otros consideran
que las restricciones van demasiado lejos.
El tabaco sigue generando miles de millones
de euros en ingresos fiscales para el Estado (con una recaudación
superior a los 7.300 millones de euros en España, según datos
de la Agencia Tributaria), pero los expertos señalan que no
es rentable en términos globales debido al enorme coste sanitario
y social que provoca. El tabaquismo absorve el 10% del gasto
sanitario total del Sistema Nacional de Salud (SNS). Si se
suman la atención médica directa, las bajas laborales y la
pérdida de productividad, el coste total supera con creces
lo recaudado mediante los impuestos a las cajetillas.
Entre quienes rechazan parte de las nuevas limitaciones
está Alba, de 20 años y fumadora, que entiende algunas prohibiciones
pero no todas. "En terrazas estoy en contra porque se pusieron
para que la gente fumara, por eso no se puede fumar dentro.
En piscinas sí que lo entiendo porque hay muchos niños, pero
en festivales no lo comprendo; al aire libre se puede fumar",
sostiene. La nueva ley equipara además el tabaco convencional
con vapeadores, cigarrillos electrónicos, bolsas de nicotina
o tabaco calentado, que tampoco podrán consumirse en esos
espacios.
La reforma también prohíbe que los menores de
18 años consuman cualquier producto relacionado con el tabaco.
Hasta ahora la legislación impedía únicamente su venta y suministro.
Además, el texto prevé multas de hasta 100 euros para los
padres o tutores cuando un menor incumpla esta prohibición.
Alba, por su parte, considera que la sanción no resolverá
el problema. "Los niños van a seguir fumando. Yo empecé a
fumar de menor y, aunque no te lo vendan, encuentras a alguien
que te lo consiga. No van a dejarlo y van a ser los padres
los que lo paguen", afirma.
En cambio, José Luis, fumador, respalda la decisión:
"Está bien la ley. Un menor no debe fumar y los padres son
responsables, no deben permitir eso". También Ángeles, fumadora,
cree que la norma puede evitar que otros jóvenes comiencen
a fumar. "Si esto hubiera sido cuando yo era pequeña, no habría
empezado a fumar", asegura. Aunque admite que las restricciones
en las terrazas le generan dudas, recuerda la reacción que
provocó la ley de 2006: "Al principio nos parecía fatal, pero
nos acostumbramos y ahora nos parece bien no oler a tabaco.
Nos acostumbraremos y será bueno para todos".
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