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El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado,
ha instado la desestimación de la demanda presentada por la
familia de José Couso --el periodista gallego asesinado en
Bagdad hace 16 años-- ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH) al entender que «no ha existido violación alguna
del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte del Reino
de España», según concluye el escrito al que ha tenido acceso
Europa Press. El documento, de fecha 2 de diciembre, se presentó
a petición del TEDH como consecuencia del recurso instado
por la familia hace más de un año para tratar de reactivar
el caso, después de haber agotado todas las vías ante los
tribunales españoles. Entre sus argumentos, la Abogacía del
Estado alude la regulación de la jurisdicción universal llevada
a cabo por el anterior gobierno del PP en el 2014 para justificar
que las autoridades españoles carecen de competencia legal
para perseguir a los responsables de un crimen «cometido fuera
de su territorio por agentes de un tercer Estado, mientras
no se cumplan los requisitos de procedibilidad, esencialmente,
que los responsables se encuentren en territorio español».
En su demanda, la familia señalaba precisamente al tribunal
europeo que con la reforma de la ley se les ha «privado de
la posibilidad de articular un recurso efectivo que permita
la investigación y enjuiciamiento del crimen». A lo largo
de las 59 páginas de su escrito de alegaciones, los Servicios
Jurídicos del Estado defienden por el contrario que en el
caso de la familia de Couso, «los derechos del demandante
a un proceso con las debidas garantías y el acceso a un remedio
efectivo fueron debidamente respetados», puesto que hasta
la reforma del 2014 se desplegó por parte de las autoridades
nacionales «una intensísima actuación de investigación judicial
para determinar los responsables del crimen». Sin embargo,
una vez el PP reformó la jurisdicción universal mediante una
Ley avalada por el propio Tribunal Constitucional, las autoridades
nacionales dejaron de tener competencia legal para perseguir
a los responsables de un crimen cometido fuera de su territorio
por agentes de un tercer país, si bien continuaron las actuaciones
judiciales, tendentes a esclarecer la permanencia o no de
su jurisdicción.
Añade la Abogacía del Estado que el cierre de
las actuaciones judiciales por las autoridades españolas no
es definitivo, puesto que si los presuntos responsables del
crimen se pusiesen a disposición de dichas autoridades, podrían
proseguirse las actuaciones judiciales en el punto en que
quedaron detenidas. Por su parte, el abogado de la familia
Eduardo Gómez Cuadrado ha presentado sus propios argumentos
esta misma semana, en los que plantea que la aplicación retroactiva
de la reforma a procedimientos ya en curso, y más en uno como
el de Couso en el que solo queda por hacer el juicio, vulnera
el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 8 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos. Considera asimismo que
si Estados Unidos decide no entregar a sus militares para
ser juzgados por crímenes de guerra, es dicho país el que
genera un espacio de impunidad internacional «pero si es un
país de la UE el que legisla para que no sea posible ni tan
siquiera solicitar la extradición, entonces es ese país europeo,
en este caso España, el que genera ese espacio de impunidad»,
según explican a Europa Press fuentes de la defensa. Una vez
presentados los argumentos por ambas parte, el TEDH deberá
decidir si admite o no la demanda, y si lo hace resolver sobre
el fondo del asunto.
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José Couso Permuy (Ferrol, La Coruña, 5 de octubre
de 1965-Bagdad, Irak, 8 de abril de 2003) fue un cámara y
reportero gráfico español que murió durante la invasión de
Irak de 2003 a causa del ataque del ejército estadounidense
al Hotel Palestine de la capital iraquí en el que se encontraba
alojado junto a otros miembros de la prensa internacional.
José Couso nació en 1965 en Ferrol, en una familia
de tradición militar. Se licenció en Ciencias de la Información
y Ciencias de la Imagen, en la Universidad Complutense de
Madrid. Realizó varias tareas para empresas como EFE o Canal
Plus, y trabajó como cámara para el canal de televisión Telecinco
durante ocho años, cubriendo noticias de relevancia como el
secuestro de su compañero Jon Sistiaga en Macedonia, los bombardeos
de Bagdad de 1998, la guerra de Kosovo en 1999, diversos reportajes
en el buque oceanográfico Hespérides en la Antártida en 2001,
reportaje en las cuevas de Lascaux (Francia) en 2002, el incidente
de la isla Perejil en el mismo año, y el vertido del Prestige,
entre otros. Couso se traslada a Irak poco antes del comienzo
de la guerra de 2003, junto a varios compañeros de los Informativos
Telecinco. De todos ellos sólo quedaron dos en Bagdad: Jon
Sistiaga como periodista y José Couso como operador de cámara.
El resto del equipo regresó a España pocos días antes del
principio de los bombardeos. El 8 de abril de 2003 José Couso
se encontraba en el Hotel Palestine de Bagdad, lugar donde
se hospedaban numerosos periodistas extranjeros. En ese momento,
una compañía de la 3.ª División de Infantería del Ejército
estadounidense se encontraba luchando al otro lado del río
Tigris, donde recibían fuego de mortero y granadas propulsadas.
Según el informe posterior realizado por el Mando Central
de los Estados Unidos (CENTCOM), el fuego enemigo era dirigido
por un observador que se encontraba junto al río Tigris, en
la misma orilla que el hotel Palestine. Tras la búsqueda del
presunto observador, un tanque M1 Abrams disparó su cañón
de 120mm contra el hotel. El proyectil del tanque impactó
en el piso 15, en el cual se alojaba el equipo de la agencia
Reuters, resultando muerto en el acto el periodista ucraniano
Taras Protsyuk. José Couso se encontraba filmando en el piso
inferior, siendo herido gravemente. Fue trasladado al Hospital
San Rafael de Bagdad, donde falleció mientras era operado.
José Couso estaba casado y tenía dos hijos.
La ocupación de la isla Perejil vino precedida
de una escalada de tensión en la relación diplomática entre
España y Marruecos desde la llegada al trono del rey Mohamed
VI (julio de 1999), que supuso la retirada de su embajador
en España en octubre de 2001, un gesto diplomático nada amistoso.
El Pentágono reconoció la autoría del ataque
alegando que los soldados que dispararon contra el hotel,
al mando del sargento Thomas Gibson, estaban respondiendo
a fuego enemigo. A raíz de la muerte del fotógrafo se sucedieron
varias manifestaciones de repulsa ante las sedes diplomáticas
de los Estados Unidos en España y diferentes acciones civiles
y judiciales encaminadas a resolver la culpabilidad de los
implicados.
- El 19 de octubre de 2005 la Audiencia Nacional
abrió diligencias previas con una orden internacional de detención
contra tres de los militares estadounidenses imputados. En
su investigación llamó a declarar a los periodistas Olga Rodríguez,
Jon Sistiaga y Carlos Hernández.
- El 10 de marzo de 2006, la Sala Segunda de
lo Penal de la Audiencia Nacional archivó las diligencias
alegando que el suceso fue "un acto de guerra", decisión recurrida
por la familia del fallecido ante el Tribunal Supremo.
- El 5 de diciembre de 2006 el Tribunal Supremo
estimó por unanimidad el recurso interpuesto por la familia
del cámara de Telecinco (*) José Couso contra la decisión
de la Audiencia Nacional de archivar la investigación.
- El 16 de enero de 2007, el juez de la Audiencia
Nacional Santiago Pedraz reactivó la orden de 2005 de detención
internacional contra los tres estadounidenses imputados en
la muerte de Couso, frente al criterio de la Fiscalía de la
Audiencia Nacional que mantiene, desde la iniciación del caso
en 2003, que los Tribunales españoles carecen de jurisdicción
por tratarse de una acción de guerra realizada en territorio
iraquí. Pedraz acusa a los militares de asesinato y de un
delito contra la comunidad internacional.
- El 27 de abril de 2007, el juez Santiago Pedraz
procesa a los tres militares de USA por el presunto asesinato
de Couso. También les acusa de un delito contra la comunidad
internacional por atacar a periodistas. El magistrado dictó
el procesamiento del sargento Thomas Gibson, el capitán Philip
Woldrford y el teniente coronel Philip de Camp por un delito
de asesinato (de 15 a 20 años de prisión) y otro contra la
comunidad internacional (de 10 a 15 años) aunque la Sala de
lo Penal de este tribunal revocó su decisión un año después
(el 13 de mayo de 2008) respaldando la postura de la Fiscalía,
que pidió el archivo de la causa por falta de jurisdicción,
al estimar que dadas las circunstancias en que se produjeron
los hechos y los disparos sufridos por el carro de combate
no existen datos para calificar el hecho como crimen de guerra,
sino como una acción de guerra en el que los operadores del
tanque respondían a un supuesto observador iraquí.
- El 21 de mayo de 2009, el juez Pedraz vuelve
a procesar a los tres militares de USA.
- El 29 de julio de 2010, el mismo juez, Santiago
Pedraz, lanza una orden de busca y captura contra los tres
militares estadounidenses imputados en el caso Couso. Se trata
de los tres militares que ocupaban el tanque que disparó contra
el Hotel Palestine. La orden implicaría su ingreso en prisión
y llega después de que el Tribunal Supremo reabriera el caso
a principios de julio. Pedraz ha decidido estimar el recurso
de las familias al entender que los hechos podrían ser constitutivos
de crímenes de guerra. Asimismo, ha solicitado autorización
al Consejo General del Poder Judicial para desplazarse a Irak
entre octubre y noviembre y realizar un análisis ocular de
la zona del incidente. La inspección ocular se realizó en
2011, sin avances procesales posteriores.
El trío de las Azores aprobó la invasión de
Irak sabiendo que no tenía ninguna base legal.
Como parte de la Filtración de documentos diplomáticos
de los Estados Unidos realizada por el portal WikiLeaks desde
el 28 de noviembre de 2010 aparecen cables de la embajada
estadounidense en España que desvelan las presiones del entonces
embajador Eduardo Aguirre sobre la investigación del fallecimiento
de José Couso durante la invasión de Irak de 2003. La Fiscalía
de la Audiencia Nacional ha mantenido continuadamente, desde
la iniciación del caso en 2003 hasta la fecha, que los Tribunales
españoles carecen de jurisdicción, por tratarse de una acción
de guerra realizada en territorio iraquí. La Fiscalía General
del Estado realizó gestiones con el Embajador norteamericano
Eduardo Aguirre para que se diese respuesta a la Comisión
Rogatoria remitida por el Juez español, recibiéndose como
fruto de dichas gestiones el resultado de la investigación
interna realizada por la Jurisdicción militar norteamericana
sobre el hecho, que confirmaba la autoría de la muerte de
José Couso como consecuencia del disparo realizado por un
carro de combate norteamericano durante la toma de Bagdad,
pero no apreciaba responsabilidad penal en los operadores
del carro por estimar que actuaron en respuesta a un posible
ataque. La Acusación particular y el Juez Pedraz no estimaron
suficiente ni satisfactoria dicha respuesta, por lo que continuaron
adelante con el caso.
El 13 de diciembre de 2010, Javier Couso, hermano
de José Couso, denunció ante la Fiscalía de Madrid, en su
nombre y en el de su familia, a los miembros del Gobierno,
la Fiscalía y la judicatura que, en su opinión y a la vista
de la Filtración de documentos diplomáticos de los Estados
Unidos, maniobraron para que las demandas de investigación
y las denuncias no prosperaran en la Audiencia Nacional La
denuncia de la familia de José Couso se interpuso contra el
Gobierno y Fiscalía al entender que, ser indicativos de la
existencia de una conspiración o concierto delictivo entre
funcionarios de la Administración y altos cargos españoles,
por una parte, y funcionarios de una potencia extranjera por
otra parte.
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El periodista Lorenzo Milá, corresponsal de TVE en
Roma, ha sido elegido en 20202 como ganador del XVI
Premio José Couso de Libertad de Prensa, según han anunciado
este viernes sus promotores, el Colegio Profesional
de Periodistas de Galicia y el Club de Prensa de Ferrol.
Ha superado en el recuento final a Fernando Garea, director
adjunto de El Confidencial, y Mavi Doñate, corresponsal
de Asia-Pacífico de TVE, a los que ha recordado en su
palabras de agradecimiento en redes sociales. Los miembros
de las entidades organizadoras eligieron con sus votos
al galardonado.
El Premio José Couso de Libertad de Prensa es un galardón
concedido por el Colegio Profesional de Periodistas
de Galicia y el Club de Prensa de Ferrol en reconocimiento
al trabajo de individuos y organizaciones comprometidos
con el derecho a la libre información.
El galardón es una estatuilla del escultor Manuel Patinha
llamado «Alas libres» (Ás ceibes en gallego).
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