Tatiana Espinosa (Lima, 1977) está al frente de la defensa de los últimos shihuahuacos (Dipteryx micrantha) a orillas del río Las Piedras, en Madre de Dios, capital de la biodiversidad de Perú. Allí, la ingeniera forestal encabeza Arbio, una organización sin fines de lucro que protege un área de bosques que el Estado peruano le concedió por un plazo de 40 años. Son 916 hectáreas que custodia, desde hace 12 años, junto a sus hermanas Gianella y Rocío y un grupo de guardaparques a través de la investigación de flora y fauna y un sistema de adopción de otros árboles longevos, como la quinilla colorada (Manilkara bidendata).

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Gabriela Wiener Bravo es una escritora y periodista peruana que pertenece al grupo de nuevos cronistas latinoamericanos. Reside en España desde el año 2003. En 2018 fue reconocida con el Premio Nacional de Periodismo de Perú por su periodismo de investigación sobre violencia de género.

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La escritora desmonta la parafernalia de la Hispanidad en 'Huaco retrato' y narra las peores consecuencias coloniales a través de su propia estirpe, dudosa y orgullosamente bastarda.

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Y desde los destacados, Septiembre de 2019.

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Nos deja Alfredo Bryce Echenique, célebre por novelas como Un mundo para Julius, su primera y más emblemática obra, La vida exagerada de Martín Romaña o No me esperen en abril. Es considerado una de las últimas figuras importantes vinculadas directamente al propio boom latinoamericano, así como una de las figuras clave del periodo post-boom. Su trayectoria está marcada por reconocimientos como el Premio Nacional de Literatura (1972), el Premio Nacional de Narrativa de España (1998), el Premio Planeta de Novela (2002), entre otros.

Magdalena peruana y otros cuentos y el ensayo A trancas y barrancas son muestra de su obra.

La Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Callao, Lima Centro, Lima Este, Lima Norte, Lima Noroeste y Lima Sur declaró extinguida por prescripción la acción penal contra 52 investigados por el caso de presuntas esterilizaciones forzadas ocurridas entre el 28 de julio de 1990 y el 22 de noviembre de 2000. La decisión fue adoptada mediante la Disposición Fiscal 25, del 22 de octubre de 2026, que comprende hechos vinculados con intervenciones quirúrgicas practicadas sin el consentimiento libre, previo e informado de las agraviadas.

En la disposición difundida por Lima Times, el Ministerio Público determinó que existen elementos de convicción para sostener que los hechos investigados se subsumen en los delitos de lesiones graves y lesiones graves seguidas de muerte, previstos en el artículo 121 del Código Penal. El documento precisa que las intervenciones quirúrgicas se realizaron «sin el consentimiento libre, previo e informado de las agraviadas» y que los vicios que las afectaron «configuran esterilizaciones forzadas», conforme a lo desarrollado en la investigación.

Asimismo, la Fiscalía determinó que los hechos reúnen los elementos de un crimen de lesa humanidad según el derecho penal internacional. En concreto, sostuvo que las esterilizaciones forzadas se cometieron «como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra un sector de la población civil, en ejecución de una política de Estado y con conocimiento de dicho ataque por parte de los autores». Para sustentar la decisión sobre la prescripción, el Ministerio Público invocó las reglas nacionales correspondientes a la legislación penal vigente al momento de los hechos, los artículos 78, inciso 1, y 80 y 83 del Código Penal, la Ley 32107 y la interpretación establecida por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 190/2025, recaída en los expedientes 00009-2024-PI/TC y 00023-2024-PI/TC, acumulados. Según el documento, estos fundamentos resultan aplicables a los hechos materia de investigación y permiten declarar extinguida la acción penal.

Entre los investigados comprendidos en la decisión figuran Eduardo Franklin Yong Motta, exministro de Salud; Marino Ricardo Luis Santiago Costa Bauer, también exministro de Salud; y Alejandro Aguinaga Recuenco, exministro y exviceministro de Salud. La disposición los incluye entre los autores mediatos y detalla las modalidades delictivas atribuidas en relación con las agraviadas. La declaración de prescripción alcanza, en total, a 52 investigados por la presunta comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. La resolución también recoge antecedentes sobre la ejecución del programa de anticoncepción quirúrgica voluntaria durante la década de 1990. El documento describe el establecimiento de metas por ámbitos territoriales, el seguimiento desde la Presidencia de la República y las intervenciones realizadas en establecimientos de salud. Asimismo, cita informes que cuestionaron la aplicación de las metas y el respeto del consentimiento informado, además de la evaluación antropológica que concluyó que «la práctica de la anticoncepción quirúrgica en el Perú ha discriminado a las mujeres de las poblaciones nacionales por su situación social, por su condición de género y ha evidenciado un carácter marcadamente racista».

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